La crisis de la Universidad de San Carlos de Guatemala no es un fenómeno aislado ni accidental. Tampoco es únicamente universitaria. Es, en realidad, una expresión concentrada de la crisis de un Estado que nunca terminó de constituirse plenamente como tal; de un país que funciona más como un “no-país”, parafraseando a Carolina Escobar Sarti, y que nos obliga –como ella misma insiste– a pensar en alternativas.
La cooptación de la Usac no difiere, en esencia, de la que hoy padecen el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, múltiples municipalidades, algunos colegios profesionales y buena parte del aparato estatal. El patrón es reconocible: captura institucional, normalización de la corrupción y uso patrimonial del poder. La universidad pública no escapó a esa lógica; fue absorbida por ella.
Esta situación no puede entenderse sin una mirada histórica. Guatemala es un país construido sobre desigualdades profundas, donde la corrupción no es una anomalía sino una práctica transgeneracional que ha mutado desde un sistema feudal hacia una forma contemporánea de capitalismo excluyente. Como señala Alfredo Tobar, los grupos de poder que se beneficiaron de la encomienda, el despojo y el trabajo forzado no han abandonado esas prácticas; simplemente las han sofisticado, manteniendo un sistema educativo público al que no envían a sus hijos, pero del cual sí extraen control político y rentas simbólicas.
Desde esta perspectiva, podría concluirse que el problema de la Usac no es prioritario frente al colapso general del Estado y que cualquier intento de reforma universitaria sería irrelevante sin un cambio radical del sistema político y económico. Esa lógica conduce inevitablemente a la idea de una revolución.
Sin embargo, la historia muestra que las transformaciones profundas no surgen de actos aislados ni de voluntarismos repentinos. Las revoluciones son procesos de acumulación. La Revolución Industrial no fue simplemente el resultado de la máquina de vapor, ni del trabajo aislado de James Watt, sino de décadas de conocimiento científico, termodinámica, innovación técnica, ingeniería mecánica, y cambios institucionales mínimos pero decisivos, como la protección de patentes y la seguridad jurídica, tal como lo documentan Acemoglu y Robinson al explicar por qué unas naciones prosperan y otras fracasan en su conocido libro.
Bajo esa lógica, la crisis perpetua de la Universidad de San Carlos sí puede comenzar a resolverse incluso dentro del sistema político y económico actual, siempre que exista claridad sobre el rumbo y voluntad para dar el primer paso.
Ese primer paso es conceptual y normativo: recordar qué es una universidad pública según la Constitución. Los artículos 82 al 90 asignan a las universidades cuatro funciones esenciales: formación profesional, investigación científica, difusión de la cultura y estudio y solución de los problemas nacionales. En ninguna de estas funciones se establece que deban convertirse en actores centrales de la politiquería de elecciones de segundo grado. Esa atribución fue una desviación del diseño original y ha sido particularmente dañina para la Usac, debe corregirse.
El problema, entonces, es de diseño institucional. Diseñar una universidad pública coherente con el mandato constitucional implica preguntarse cómo cumplir eficazmente esas cuatro funciones y cómo corregir los errores que la han convertido en un botín político.
Tomemos la formación profesional. La Usac no cumple esta función de manera eficiente. De aproximadamente 100 mil aspirantes anuales, apenas un 20% logra ingresar (un estimado al alta porque no hay estadísticas públicas globales, solamente de algunas unidades académicas). Pero el problema no termina ahí: la eficiencia terminal de las licenciaturas ronda el 10%. En términos reales, eso significa que solo dos mil estudiantes de los cien mil que ingresaron en el 2024 se graduarán. El resultado es una institución que consume recursos públicos significativos con un impacto profesional extremadamente bajo.
Cuando una institución no se piensa a sí misma en términos de resultados, calidad y eficiencia, se convierte en una mala institución, independientemente de su historia o simbolismo. La razón de esta inercia es clara: la Usac recibe un presupuesto constitucional sin rendición de cuentas efectiva sobre la calidad del gasto. Da prácticamente lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal.
Corregir esto no significa privatizar la universidad ni excluir a los sectores populares. Significa introducir criterios claros de evaluación, mecanismos de rendición de cuentas y una gobernanza universitaria que priorice la academia por encima del control político y mecanismos burocráticos ineficientes. Significa separar la función educativa de los incentivos clientelares que hoy la distorsionan.
La reforma de la Usac no resolverá, por sí sola, la crisis del Estado guatemalteco. Pero sí puede convertirse en uno de esos procesos de acumulación institucional que, con el tiempo, hagan posible una transformación más amplia. Como en cualquier viaje largo, lo más importante es decidir hacerlo y dar el primer paso.
El cómo hacerlo, en términos concretos de financiamiento, evaluación y rediseño institucional, así como la inclusión de investigación científica en el aprendizaje será materia de la siguiente entrega.
