El gobierno de Bernardo Arévalo sigue siendo, en sus cuadros superiores, un bastión de honestidad en un mar de corrupción heredada. El sistema que recibieron en 2024 estaba cooptado hasta los huesos, con redes de coimas y mordidas que permeaban cada ministerio. Transformar esa cultura no es tarea de un día, ni siquiera de un año, y menos con el Ministerio Público acechando, protegiendo corruptos. Sin embargo, al cierre de 2025 hay avances, aunque las incoherencias e incapacidades continúan erosionando la confianza pública. Según encuestas recientes de CID Gallup, la aprobación del presidente cayó a un 31% en diciembre de 2025, un descenso drástico desde el 54% de septiembre de 2024, reflejando la frustración de un pueblo que anhela resultados concretos.
En el Ministerio de Educación, los logros siguen destacando, pero con matices que invitan a la reflexión. Los remozamientos masivos han superado las expectativas: en 2025, se alcanzó la meta de más del 58% de centros educativos renovados, con más de 20 mil escuelas intervenidas gracias al trabajo conjunto de organizaciones de padres y el gobierno. Esto no es solo pintura y techos nuevos; es un paso hacia entornos dignos para el aprendizaje. Sin embargo, como bien señala el Acuerdo Nacional de Educación 2024-2035 (ANE), lanzado en agosto de 2024 y que ha avanzado en consultas nacionales, los problemas profundos persisten.
Los resultados de evaluaciones educativas siguen estancados: si en 2024 apenas el 13% de graduandos alcanzaba niveles satisfactorios en matemáticas, los datos de 2025 no muestran mejoras sustanciales, con brechas que se agrandan en departamentos como Alta Verapaz y Huehuetenango. El ANE propone una transformación integral, pero sin inversión en capacitación docente, currículos actualizados e investigación científica de la formación docente, quedará en papel mojado.
Lo más preocupante: Guatemala arrastra un talón de Aquiles en educación técnica, la cual ha sido abandonada casi por completo dentro del sistema de educación pública nacional.
La cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) permanece como el punto más álgido de preocupación. En 2025, el ministerio reportó avances en 152 proyectos viales, bajo el «Plan Conecta 2025», que busca mejorar la conectividad entre la capital y el oriente del país. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada en 2024, ha permitido priorizar obras, pero los atrasos son notorios. Analistas como los de La Hora y otros medios coinciden: hay recursos, pero faltan auditorías independientes y alianzas público-privadas para agilizar procesos. Si miramos a Panamá, con su canal ampliado y carreteras modernas, Guatemala podría emular reformas como licitaciones transparentes con tecnología blockchain para evitar coimas.
La vicepresidenta sigue siendo una figura más ornamental que operativa. Sus columnas en el diario oficial y entrevistas internacionales, como la de Science Arena, hablan de ciencia y productividad, pero en 2025 no vemos proyectos concretos para impulsar la innovación. Si ella hiciera la mitad de lo que dice en su entrevista, la ciencia y tecnología guatemalteca cambiarían. Peor aún, la captura de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) permanece intacta: incidentes como el asesinato del director del Centro Universitario de Petén esta semana y capturas por acoso revelan un sistema cooptado por intereses oscuros, sin que el gobierno se pronuncie con fuerza.
Para resolver esto, se necesitan propuestas causales: una comisión mixta con sociedad civil para auditar la Usac, similar a las reformas en universidades mexicanas (UNAM) y fondos para programas de intercambio con instituciones como la Universidad de Alcalá en España, que ya han apoyado campus en Quetzaltenango y que pueden servir como proyectos piloto.
Ojalá el equipo de Arévalo lea columnas como las de Emilio Matta, aquí en La Hora, que critica, pero propone soluciones. Ya es hora de que este gobierno muestre sus capacidades reales. Hágalo ahora presidente, porque si no es ahora, no será nunca.
