Instalado el gobierno de don Chema Orellana, el coronel Amelio Aroche fue nombrado comandante de la plaza de Chiquimulilla; y sabido de lo que estaba ocurriendo ese día en Taxisco y Guazacapán, mandó a detener a los unionistas de Chiquimulilla, logrando la captura del coronel Aquilino Donis y los vecinos Daniel Pérez, Arturo Oliva, Arturo Melgar, Gabriel Alfaro, Pedro Zamora, Belizario Reyna, Julio Berdúo, Juan Carías Aroche y Feliciano Vega, de los que recuerdo. Entre el pelotón de policías que comandaba el Coronel Aroche, se encontraba el sargento Agustín Hernández, quien recibió órdenes para que a las once de la noche quitara el cerrojo de la puerta del calabozo y que hiciera tres disparos al aire, entregándole tres cartuchos. A Hernández le pareció raro lo del cerrojo y sin saber para qué lo de los disparos, cumplió la orden, resultando que era el pretexto del coronel Aroche quien declaró que, para evitar la fuga de los unionistas presos. Tuvo que ordenar que los fusilaran en ese mismo momento. En las primeras horas del día 22, o sea el día siguiente del fusilamiento, procedieron a recoger los cadáveres y quizá por la obscuridad del momento de los disparos, resultó que Belizario Reyna no había perdido la vida y al ser descubierto salió corriendo y logró refugiarse en la oficina del telégrafo; pero, fue alcanzado por el capitán Alfredo Ávila, quien le dio muerte a Belizario en esa misma oficina del telégrafo. Esa misma mañana del 22 de agosto, Aroche le puso un telegrama al presidente Orellana, dándole parte que los reos intentaron fugarse y por eso los había tenido que fusilar. Este hecho me lo contó el telegrafista Fermín Ordóñez, testigo de lo que tramó el coronel Aroche. El gobierno, enterado de esos sucesos, nombró auditor de guerra al licenciado Virgilio Zapata, quien era juez de primera instancia en Cuilapa, para que se trasladara a uno de esos pueblos a constatar los hechos, acompañado del secretario de la municipalidad de Cuilapa, puesto que yo pasé a ocuparlo, hasta que se diera el regreso del auditor. En ese mismo mes, el gobierno liberal desató la persecución de los unionistas de Taxisco, Guazacapán, Chiquimulilla y Cuilapa, que formaban las directivas de las filiales del Partido, entre los que recuerdo al licenciado Juan Fortuny, al Coronel Luis Corado, a don Fernando Pazos, entre otros. Fueron muchos los vecinos que sufrieron prisión y en una cárcel que tenía espacio para unos cien reos, fueron apuñuscados como cuatrocientos, con todas las incomodidades que ese encierro significaba. Al mismo tiempo, los liberales se dedicaron a saquear negocios, como el caso de la farmacia de don Arturo Silva, o la finca La Pila de don Federico Hernández, y las viviendas los hermanos Barillas Fajardo y la de Basilio Herrera. Para juzgar a los prisioneros, el gobierno nombró como auditor específico, al licenciado Valentín Fernández Rosa. Como algunos dirigentes del unionismo de la región no habían sido capturados, el gobierno cerró la frontera salvadoreña, de manera que los hermanos González de Guazacapán, Benjamín Cermeño y José Damián Gonzales no pudieron pasar al otro Estado y se refugiaron en la finca Cartago, propiedad del licenciado Cermeño, que administraba un hombrón de nombre Sotero y que era conocido con el apodo de “Soterón”, quien guardó fielmente el secreto del refugio de esos liberales y nunca se les capturó.
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