La Ley de Acceso a la Información Pública no es un capricho ni un chiste del Estado. Es una norma de rango constitucional que materializa el principio de transparencia de los actos de gobierno y garantiza que la ciudadanía pueda fiscalizar el uso de los recursos públicos. La propia Constitución reconoce que la transparencia es condición indispensable para el ejercicio democrático, y por ello esta ley se erige como un pilar de la rendición de cuentas.
Sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo diversas instituciones han intentado erosionar este derecho. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Relaciones Exteriores han colocado obstáculos injustificados al acceso de información. Lo que hacen en estas entidades es guardar silencio y se niegan a dar información.
La excusa más recurrente que han ideado, es exigir que los periodistas presenten una representación jurídica del investigado para poder obtener datos públicos. Este requisito no solo carece de fundamento legal, sino que contradice el espíritu mismo de la norma, que establece que cualquier ciudadano puede solicitar información sin necesidad de acreditar interés directo o representación alguna.
En este contexto, resulta especialmente preocupante que los propios jefes de comunicación institucional se conviertan en cómplices de la opacidad. En el IGSS y en la Contraloría General de Cuentas, han ignorado reiteradamente los requerimientos de información solicitados para fiscalizar los “negocios” que realizan sus superiores. Lamentablemente se convierten en cómplices.
A esta lista se suma la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (CONADER), y la Dirección General de Educación Física (DIGEF). En estas entidades, los comunicadores institucionales, muchos de ellos periodistas de carrera, han optado por convertirse en instrumentos de opacidad. En lugar de cumplir con su deber de facilitar la labor informativa, se prestan a los juegos de los “politiqueros”, bloqueando solicitudes y entorpeciendo el trabajo de colegas que únicamente buscan cumplir con su misión periodística.
El problema es doble, porque no solo se vulnera el derecho ciudadano a la información, sino que se incurre en corrupción. Estos comunicadores cobran un salario que no devengan, pues en vez de servir al interés público se convierten en tropiezos deliberados. Su papel, lejos de dignificar la profesión, la degradan, porque ponen precio a su ética y se subordinan a órdenes que atentan contra la transparencia.
La consecuencia de estas trabas es grave. Se limita la labor periodística, se restringe el derecho ciudadano a conocer cómo se administran los fondos públicos y se debilita la confianza en las instituciones. En un país marcado por la corrupción y la opacidad, negar información pública equivale a blindar la impunidad.
Respetar la Ley de Acceso a la Información Pública no es opcional, es un mandato constitucional. Los funcionarios que hoy buscan excusas para ocultar datos olvidan que su obligación es servir a la ciudadanía, no proteger intereses particulares.
Es momento de que los directivos del IGSS, en especial José Adolfo Flamenco Jau, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se caracteriza por no respetar las leyes de compras y contrataciones y es señalado de opacidad en el cargo que desempeña, se ponga a pensar en que hizo un juramento que no cumple.
Asimismo, el contralor de cuentas, Frank Helmut Bode Fuentes, cuya obligación es velar por la transparencia, se ha convertido en una “tapadera” de funcionarios corruptos y la entidad que dirige en lugar de ser fiscalizadora es poco efectiva y, en ocasiones, cómplices de la opacidad. Su antecesora Nora Segura al dejar el cargo, se convirtió en asesora del deporte federado, aparentemente como pago por el “trabajo” realizado en la CGC.
Un Estado que, a nivel internacional, carga con el estigma de ser catalogado como el sexto país más corrupto de Latinoamérica no se puede dar estos lujos. Cada vez que se niegan a transparentar el gasto público y a cumplir con la Ley de Acceso a la Información, no solo traicionan el juramento que hicieron al ocupar sus cargos, sino que ponen en entredicho su función política y su credibilidad para aspirar a responsabilidades futuras.
Los casos de corrupción rara vez terminan en sanciones efectivas, lo que alimenta la percepción de que las élites políticas y económicas están protegidas, lo cual afecta la imagen del país en organismos multilaterales y limita la cooperación internacional.
Las organizaciones de transparencia consideran que Guatemala sigue atrapada en un círculo de corrupción e impunidad, con instituciones débiles y poco comprometidas con la rendición de cuentas. Aunque existen esfuerzos aislados, la percepción internacional es que el Estado guatemalteco no garantiza transparencia ni integridad en su gestión pública, lo que compromete su credibilidad política y económica.
