El CACIF expresó su rechazo al aumento del salario mínimo 2026 anunciado por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, el cual asegura que «carece de sustento técnico y desatiende los efectos negativos que genera sobre el empleo, la formalidad y la competitividad».
El gobierno de Arévalo informó la noche del 18 de diciembre que se eleva la remuneración de los asalariados en 7.5%, 5.5% y 4% en las actividades económicas no agrícola, agrícola y exportación/maquila, respectivamente.
Al respecto, el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado detallando su inconformidad.
Los empresarios indican que como sector privado organizado participaron «de forma responsable y propositiva en los espacios de diálogo sobre el salario mínimo, presentando propuestas diferenciadas por región, sustentadas en análisis técnicos y en la realidad productiva del país».
De esa cuenta, argumenta que el citado aumento no cuenta «con una base técnica suficiente, debilita la generación de empleo formal y agrava el problema estructural de la informalidad en el país, que ya alcanza a más de 5 millones de guatemaltecos, que está cerca del 70% de la población económicamente activa».
Además, el CACIF dice que «miles de trabajadores podrían verse forzados a migrar del empleo formal al informal, afectando a sus familias al perder acceso a prestaciones y a la seguridad social».
Desde Q123.89 hasta Q279.23 mensuales más: Los incrementos al salario mínimo 2026 frente al de 2025
IMPACTO 2025
Según esgrime el CACIF, «durante 2025, esta decisión rompió la tendencia de recuperación del empleo formal, evitando la creación de aproximadamente 40,000 puestos de trabajo. El incremento para 2026 profundiza esta situación y cierra oportunidades de empleo, especialmente para jóvenes».
También indica que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) representan ocho de cada diez empresas afiliadas al CACIF y sus cámaras, por lo cual dice que serán las más afectadas y se estaría poniendo en riesgo su sostenibilidad y su capacidad de generar empleo.
«En un contexto de inseguridad, deficiencias en infraestructura, demoras portuarias y exceso de trámites, este aumento, al no considerar este entorno adverso, agrava la pérdida de competitividad del país», se lee en el boletín.
Según el CACIF «Guatemala necesita una política salarial integral, alineada con la productividad y la competitividad, que reduzca la informalidad, amplíe la cobertura de seguridad social y brinde previsibilidad a la generación de empleo formal».
Reiteró que «el incremento al salario mínimo para 2026 no responde a criterios técnicos y pone en riesgo la generación de empleo formal y la estabilidad económica del país».
