En la vida institucional del país, el finiquito no es un simple trámite administrativo, es una condición indispensable para que un funcionario público pueda optar a cargos donde se convierte en cuentadante de los fondos presupuestarios. Estos recursos, que provienen de los impuestos de la ciudadanía, deberían traducirse en seguridad, educación, salud e infraestructura.
Sin embargo, los índices en estas áreas siguen siendo bajos, lo que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y responsabilidad. El finiquito es, en esencia, una certificación de que quien aspira a administrar fondos públicos ha cumplido con sus obligaciones legales y no tiene cuentas pendientes con el Estado.
Es lamentable que la Contraloría General de la Nación -CGN- el ente fiscalizador, por mandato constitucional, se mueve con opacidad y se niega a entregar por medio de la Oficina de Acceso a la Información Pública -OAIP- información sobre los dirigentes deportivos, lo cual es vergonzoso, en lugar de defender el derecho ciudadano a saber, se dedica a blindar a quienes lucran con el presupuesto público, negando información y manipulando estatutos para proteger a quienes han convertido las federaciones en botín personal.
El finiquito permite garantizar que los recursos destinados al desarrollo no serán administrados por personas con antecedentes de incumplimiento o corrupción. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, este requisito se convierte en un pilar de legitimidad y transparencia.
No se trata de un obstáculo burocrático, sino de un filtro ético y jurídico. Un funcionario que no puede demostrar que ha manejado correctamente los recursos en el pasado, difícilmente puede ser confiado para dirigir presupuestos que impactan directamente en la vida de comunidades vulnerables. La ausencia de finiquito abre la puerta a la discrecionalidad y al abuso, debilitando aún más la frágil confianza ciudadana.
En este sentido, el debate sobre el finiquito debe trascender lo técnico y convertirse en una discusión pública sobre la calidad de nuestra democracia. La ciudadanía tiene derecho a exigir que quienes administran los fondos públicos lo hagan con probidad y transparencia, y que los mecanismos de control no sean flexibilizados por intereses políticos coyunturales.
El desarrollo de una población no depende únicamente de la cantidad de recursos asignados, sino de la manera en que estos se administran. Un presupuesto mal manejado perpetúa la precariedad en seguridad, educación, salud e infraestructura. Por ello, el finiquito es más que un requisito, es una herramienta de justicia social, que asegura que los fondos lleguen a donde más se necesitan y no se pierdan en la corrupción.
La exigencia de finiquito debe mantenerse firme y sin excepciones. Solo así podremos avanzar hacia un Estado que responda a las necesidades de su gente y que convierta los recursos públicos en verdaderas oportunidades de desarrollo. La transparencia no es negociable, es la base sobre la cual se construye la confianza ciudadana y el futuro de la nación.
La falta de un finiquito para administrar fondos del Estado envía un mensaje claro y preocupante, la institucionalidad se debilita y la transparencia se opaca. Este documento no es un mero requisito formal, sino la garantía de que un funcionario ha cumplido con sus responsabilidades previas y puede ser considerado probo y honorable para manejar recursos públicos. Sin él, se abre la puerta a que personas con cuentas pendientes o antecedentes de mala administración se conviertan en cuentadantes de presupuestos destinados al desarrollo de la ciudadanía.
El impacto de esta omisión es doble. Por un lado, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, pues se percibe que los controles se flexibilizan en beneficio de intereses particulares. Por otro, compromete la correcta inversión de fondos que deberían reflejarse en seguridad, educación, salud e infraestructura, áreas donde los índices siguen siendo bajos y la población exige resultados tangibles.
La comparación con los dirigentes deportivos de la CDAG, COG, CONADER y DIGEF es ilustrativa. Ellos también administran recursos públicos y están obligados a transparentar su uso. No pueden modificar las leyes a su conveniencia porque no son el Organismo Legislativo, el único ente con mandato constitucional para hacerlo.
Pretender lo contrario sería un abuso de poder y una violación al principio de separación de funciones. De igual manera, un funcionario sin finiquito que accede a administrar fondos públicos transmite la idea de que la legalidad puede ser ignorada, debilitando el marco institucional que sostiene la democracia.
En ambos casos, el mensaje es el mismo, sin transparencia y sin respeto a la ley, no hay legitimidad. La ciudadanía merece funcionarios que rindan cuentas y que cumplan con los requisitos legales antes de asumir responsabilidades que impactan directamente en la vida de todos. El
, entonces, no es un obstáculo, sino una herramienta indispensable para asegurar que el dinero público se invierta en beneficio colectivo y no en intereses particulares.
