La decisión de la jueza Abelina Cruz en el caso Libramiento de Chimaltenango, con la condena impuesta a José Luis Benito, puede considerarse ejemplar pues sí que sirve de ejemplo para promover que otros servidores públicos puedan actuar como lo hizo quien fuera Ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, cargo por el que aparecieron varias maletas con millones que lo vinculaban en un inmueble de Antigua Guatemala. Sabiendo la pena impuesta, serán muchos los que quieran seguir el ejemplo de Benito en cuanto a contrataciones como el Libramiento de Chimaltenango, obra de la que presumió ayer mismo al salir del juzgado donde fue condenado a dos años de prisión conmutables a 20 quetzales diarios, o sea que bastaría el pago de Q18,250 para saldar cuentas con la ley.
Si comparamos lo que había en aquellas maletas con el total que hubiera tenido que pagar Benito -si no hubiera estado en prisión cuando fue encausado por la antigua FECI- obviamente tenemos que concluir que hacer esa clase de negocios con los fondos del Estado es algo que vale la pena. Por ello decimos que se está sentando un ejemplar precedente puesto que serán muchos los que hagan sus cuentas para concluir que, aún en el remoto caso de que se investigara un acto de corrupción y fuera llevado a los tribunales, la relación entre lo habido y lo que se tiene que pagar es en realidad estimulante.
La inteligencia artificial nos dice que la “sanción penal es la consecuencia jurídica que el Estado impone a una persona por cometer un delito, buscando castigar, disuadir futuras conductas y proteger a la sociedad”. En el caso que analizamos no se puede encontrar un verdadero castigo por quien aceptó los cargos formulados en su contra, mucho menos se podrá disuadir futuras conductas similares porque, todo lo contrario, muchos verán el cielo abierto para hacer micos y pericos con el dinero público. Menos se puede hablar de una protección a la sociedad porque todos sabemos lo que significó ese tal Libramiento para el país y para la sociedad guatemalteca.
Por ello es que insistimos en que es absolutamente urgente que entendamos que no podemos continuar con un sistema de justicia como el que se materializa en fallos como el de Abelina Cruz. Guatemala está en realidad urgida de un régimen de legalidad que, efectivamente, castigue el delito, disuada futuras conductas de corrupción, proteja a la sociedad y a quienes sí actúan en el marco de la ley. Sin ello iremos a un abismo y, como hemos reiterado, no son solo los ladrones del dinero público los beneficiados sino también otro tipo de criminales, como el narco, que con casos como éste se dan cuenta que aquí se puede hacer cualquier crimen porque el sistema de justicia está únicamente para perseguir a verdaderos operadores de justicia, protectores de derecho y a quienes denuncian esta penosa situación.
