El Congreso de la República elige como una obligación constitucional a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, titulares y suplentes y de Cortes de Salas de Apelaciones, quienes deberán asumir el próximo 13 de octubre, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley, lo que quiere decir que la Corte Suprema de Justicia debe de elegir a su presidente no más allá de cada 13 de octubre del periodo por el cual fueron electos.
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, los diputados eligen con 81 votos o más a los 13 magistrados titulares y suplentes, que ocupan el cargo por cinco años y las votaciones se llevarán a cabo en las rondas que sean necesarias hasta completar el Pleno de magistrados para el próximo período.
En la elección de magistrado a Cortes de Apelaciones será igual, los diputados con 81 votos o más elegirán a los 156 magistrados titulares y 104 suplentes. Inicialmente se vota por los titulares y seguidamente por los suplentes.
Cabe resaltar que las votaciones se llevan a cabo en las rondas que sean necesarias hasta completar el número de magistrados. Además, los diputados se enfocarán en la capacidad, idoneidad y honradez, así como los requisitos habilitantes para poder acceder a los cargos establecidos en ley y los parámetros establecidos en la Ley de la Carrera Judicial.
Actualmente, la administración de justicia tiene en vilo al sistema judicial y por ende a la nación, por la no elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, y es penoso que los letrados sean incapaces de elegir al Presidente de la Corte Suprema, y que lograr acuerdos para elegir al presidente de esa entidad, que también lo es, del Organismo Judicial, situación que da lugar a exigir al alto tribunal, que cumpla con lo que indica la Carta Magna y dejar por un lado, las presiones de los grupos que los eligieron en un proceso express, sin evaluar la Comisión de Postulación y los diputados, la capacidad, la idoneidad y honradez de los togados.
El artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala, regula que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso para un período de 5 años, de la nómina de 26 candidatos propuestos por la Comisión de postulación… Los magistrados elegirán entre sus miembros, con el voto favorable de las 2 terceras partes, al presidente, durará en sus funciones un año …Teódulo Cifuentes, fue elegido para esa plaza el 13 de octubre pasado, como lo norma la ley y hasta este momento los jueces no logran armonizar para elegir al sustituto de Cifuentes y provisionalmente ocupa el cargo Carlos Rodimiro Lucero Paz.
Se menciona como posibles aspirantes para sustituirlo, a Claudia Paredes, del grupo que eligió a los actuales funcionarios y a Ismaín García Pimentel, quien en el pasado dirigió uno de los sindicatos del Organismo Judicial, que no logra obtener los 9 votos para su elección.
El problema de fondo en la no elección del presidente del máximo tribunal de Justicia, se relaciona a la selección, elección y nombramiento del Magistrado de la Corte de Constitucionalidad y Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, que el presidente de ese órgano tiene incidencia directa en ese evento que es de vital importancia para resolver con apego a derecho los procesos de elección de los futuros funcionarios del Poder Ejecutivo y otros puestos en las instituciones del Estado.
La misión de la Organización de Estados Americanos y el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT9 han dicho que acompañarán todo ese proceso para elegir a los nuevos funcionarios de las citadas entidades, exigiendo que haya transparencia y honradez en ese evento y no se torne un conflicto político, que sería denigrante para Guatemala.
Extraoficialmente se conoce que María Consuelo Porras, jefe del ente investigador, hace acercamientos con grupos políticos no afines al gobierno arevalista, para su elección como magistrada de la Corte de Constitucionalidad y los actuales magistrados del ente constitucional Nester Vásquez Pimentel, y Héctor Hugo Pérez Aguilera, y otros togados de ese Tribunal, pretenden su reelección, que no de lograr sus objetivos, sería un duro golpe a la democracia y volver a lo mismo.
Los conflictos de la administración de justicia ha sido por años un marcado desgaste para que se administre justicia con imparcialidad e independencia, que los jueces de mayor rango para dirigir el sistema de Justicia en Guatemala, deben estar conscientes que aceptar dádivas, plegarse a narcos, políticos corruptos, le hacen un grave daño al país, que necesita una renovación de todos los cuadros de los órganos del Estado, evitar y rechazar sobornos para bien del país, que necesita que nuestra patria sea una república, verdaderamente democrática y representativa, no se enjuicie , ni se condene a inocentes.
