En las últimas décadas, la corrupción en Guatemala ha sido un problema sistémico, que destruye el desarrollo y la democracia. La corrupción afecta a todos los niveles del Estado, debilitando el sistema republicano y la justicia, quien ha sido cooptada por intereses políticos, sectoriales, y económicos, que por medio de las élites políticas y económicas buscan el poder y el enriquecimiento personal, evidenciado por redes de corrupción en obras públicas, fallos judiciales, que resultan el manipular el monopolio de la investigación penal trayendo como consecuencia la persecución de periodistas y jueces.
Producto de ello, se hizo un débil intento de cambiar la situación, es por ello que como producto de la Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) en la que las redes criminales se activaron para aprovecharse del Estado y ya con poder e influencia en el mismo, cometer delitos y obtener beneficios de ilícitos encuadrándolos en simulaciones de obras, plazas fantasma, clientelismo político, manipulación de las fuerzas de seguridad para que el narcotráfico pueda trasladar sus productos. Por ello en el Gobierno del Conservador Oscar Berger creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que trabajó en el país hasta su cierre en 2019, apoyando la investigación y persecución penal de estos grupos, debilitando con ello el avance que había contra estos aparatos clandestinos. Muy a pesar de intentos fallidos de combate como la CICIG y esfuerzos actuales por parte del gobierno, en algunos, se ha vuelto a generar desconfianza y con ello pobreza, desigualdad y violencia, aunque hubo avances en la reducción de homicidios, la impunidad y la criminalización persisten, afectando especialmente a poblaciones vulnerables.
Las características principales de la corrupción están:
La Corrupción Sistémica que NO es un problema aislado, sino una red que involucra a políticos, cortes, jueces, empresarios y militares, capturando el Estado.
Percepción Alta: Guatemala ocupa en el puesto de países corruptos entre 154 a 180 en el ranking de Transparencia Internacional.
La Impunidad que se manifiesta por la falta de independencia judicial y el tráfico de influencias permiten que los corruptos evadan la justicia, tal como señala HUMAN RIGHTS WATCH y WOLA.
En Guatemala la corrupción se manifiesta desde que el ciudadano sale a las calles, en el que se refleja el mal endémico en todos los organismos del Estado, sin excepción, beneficia a políticos, y sectores ligados a narcos, extorsionistas y todos aquellos grupos que tienen incidencia en los procesos electorales, que obliga -por ley-, abrir investigaciones, obligar a los imputados devolver el dinero mal habido.
El Congreso, representante del pueblo, está en el ojo del huracán, al ser blanco de acusaciones que ha “contratado” en la actual administración, a más de mil personas, creando plazas fantasma, con salarios de Q.15,000, a más de Q45,000, mensuales. Hechos denunciados a la Contraloría de Cuentas y al Ministerio Público, que hacen las auditorías e investigaciones y obligar a los responsables devolver el dinero mal habido. En el Legislativo, ha sido por años que los diputados obligan a los directivos a crear esas plazas fantasma de supuestos “asesores” que no se presentan a trabajar y cobran esas elevadas sumas de dinero.
Además de esos beneficios abiertamente ilegales, los diputados cobran dietas, e ilegalmente se elevaron el salario no asisten al pleno. La ley es clara y dice que todo trabajador del Estado o del sector público, para recibir su salario, por obligación está obligado a presentarse a sus actividades, no cumplir con ese derecho, no se le cubre su salario.
Hay antecedentes la máxima representación nacional, en torno a ese hecho. Siendo presidente del Congreso el fallecido militar y ex presidente de la República, José Efraín Ríos Mont, promulgó un acuerdo donde señaló que diputado que no se presentaba a sus actividades al pleno, no podría recibir salario. En esta legislatura y las anteriores, los diputados no han cumplido con el mandato del pueblo, de ser sus representantes. Es importante que el guatemalteco ponga atención a la conducta irregular de los legisladores para el próximo proceso electoral no permitir su reelección a legisladores que por años se han aferrado a sus curules, se han asociado a alcaldes y narcos en el interior, para negocios espurios y políticos.
La contratación ilegal en el Congreso, que dio origen a las denuncias de la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, las formuló el bloque Vos, especialmente el directivo del Legislativo Orlando Blanco, quienes dijeron que la excesiva contratación en el renglón 022, es un acto de corrupción y demandó acciones severas contra los directivos y los que han recibido dinero ilegal. Carlos Bezares, asesor de la diputada Karina Paz, expulsada de ese grupo, tiene un salario elevado, no llega a trabajar e incluso litiga en los tribunales, una acción que dijeron es arbitraria.
Hasta ahora no se conoce la auditoría del ente fiscalizador y las investigaciones del Ministerio Público. De ser cierta la imputación, ha lugar a solicitar el retiro de inmunidad de los responsables y deducir acciones penales contra los funcionarios administrativos del Legislativo, para sentar un precedente, pero se ve difícil por el compadrazgo que tienen los legisladores en el MP y el Organismo Judicial.
Esas acciones inhumanas de los diputados es un crimen de lesa humanidad, en razón que malversan los fondos públicos. Los Ministerios de Salud, Educación, Comunicaciones, entre otros despachos reiteradamente dicen que no pueden cumplir en su labor por la escasez de dinero. Muchos ciudadanos se mueren en los hospitales, por falta de personal médico, y medicinas, los edificios escolares son escasos para albergar a miles de estudiantes, y la red vial en todo el país, es un desastre, supuestamente por falta de dinero y los diputados gozan de beneficios económicos a manos llenas y el pueblo muriéndose de hambre.
