Otro año más en que el presidente Arévalo tomará la decisión de cuánto incrementar el salario mínimo de los guatemaltecos. Esta debe ser una decisión sumamente compleja, debido a los distintos factores e intereses, muchas veces contrapuestos, que entran en juego a la hora de tomarla. Para el presidente Arévalo, no lo será, dados sus intereses.
Por un lado, tenemos a la parte trabajadora, supuestamente representada por sindicatos, y digo supuestamente porque la parte sindical no representa a la totalidad de empleados del país, ni siquiera a la mayoría. El interés del trabajador siempre será que su remuneración mínima sea cada vez mayor para poder tener una vida digna en la que no sólo pueda cubrir sus necesidades más básicas, sino que también le permita acceder a otras actividades que complementen una vida digna. El salario mínimo y las prestaciones laborales lo pagan los empleadores formales. Lamentablemente, menos de la tercera parte de la población económicamente activa (PEA) del país siquiera accede a empleos formales.
Por otro lado, tenemos a los empresarios, que están representados por las gremiales empresariales, que tampoco representan a todos los empresarios del país, sino que a sus agremiados. Aunque lamentablemente aún existen empresarios cuyo interés es pagarle lo menos posible a sus empleados, también existen cada vez más empresarios que buscan remunerar por productividad a sus empleados, la cual generalmente es medida por indicadores clave de gestión (o KPI) dependiendo de cada industria. Y lo sé porque he trabajado en empresas en Guatemala en las que ni un solo empleado gana el salario mínimo, todos ganan más debido a que su remuneración está atada a productividad y aunque lo menos que puede ganar es el salario mínimo, por su rendimiento gana más.
Y el tercero en discordia es el gobierno, que a través de los ministerios de trabajo y de economía, se presume que su labor principal es ayudar a emitir un dictamen “técnico” para supuestamente respaldar la decisión que tome el presidente.
Tanto en el gobierno de Giammattei, como en el de Arévalo, esta decisión ha sido tomada en base a criterios (si se puede utilizar dicho término) eminentemente populistas, ni siquiera políticos. Cuando Giammattei necesitaba apoyo de los empresarios, no incrementó el salario mínimo; sin embargo, para buscar la continuidad de su gobierno por medio de su diputado Conde, sí hizo un importante incremento buscando el voto de la clase trabajadora. Un similar esquema de pensamiento tiene Arévalo, quien busca “congraciarse” con los guatemaltecos y buscando recuperar la popularidad que ha perdido, principalmente por su pésima gestión al frente de este gobierno. El obtuso pretexto de que tomará como “base” para decidir el crecimiento económico proyectado, evidencia, una vez más, su completa ignorancia en la materia.
El crecimiento de las remesas incide en más del 50% del crecimiento económico del país, factor que provoca una sobreestimación de la productividad laboral en Guatemala, que, a su vez, es la base que el presidente Arévalo dice que va a utilizar para tomar su decisión. Obviamente su gabinete económico ignora los factores anteriores, principalmente su ministro de Finanzas, quien cree que su “potente” presupuesto es el driver principal del crecimiento económico. Adicional a lo anterior, más de dos terceras partes de la población económicamente activa del país se encuentran en la informalidad, con lo que el incremento que pretende el presidente tan sólo ayudará a menos de una tercera parte de los trabajadores del país, ya sea porque ganan más del mínimo, o porque forman parte del sector informal, lo cual también ignora, como de costumbre, el presidente.
