Aunque los denominados préstamos gota a gota no están tipificados de forma expresa como una actividad ilícita en la legislación guatemalteca, el Congreso de la República aprobó este año una reforma al Código Penal con el objetivo de sancionar severamente esta práctica, por considerarla una modalidad del delito de usura.
El tema se incluyó en el Decreto 11-2025, más conocido como «Ley Antimaras». En su artículo 11, esa norma establece penas de 4 a 10 años de prisión y multas que van de Q200 mil a Q500 mil para quienes exijan a sus deudores «un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones».
La reforma también ordena la expulsión del territorio nacional de las personas extranjeras que resulten responsables de ese delito, una vez cumplan la pena principal.
Además, aumenta en una tercera parte la sanción, cuando la usura sea cometida «por maras o pandillas constituidas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas».
LOS PRIMEROS INTENTOS
Desde el inicio de la actual legislatura se hicieron por lo menos tres intentos por aprobar una ley de ese tipo, mediante iniciativas presentadas por distintos diputados; sin embargo, no hubo acuerdos para impulsar el tema.
Primero, una de las propuestas fue descartada, al obtener dictamen desfavorable, y otra ni siquiera se haya leído en el pleno. La única que ha logrado avanzar aún está en estudio en las comisiones de Legislación y de Economía.
Cada una de ellas establece sanciones diferentes y dos plantean la expulsión inmediata, en caso de prestamistas extranjeros. Tras lograr consensos, el asunto se tomó en cuenta en la «Ley Antimaras».
Gota a Gota: Así funcionaba la red de prestamistas que operaba en Guatemala
ACCIÓN FUE SOLICITADA POR ENTES DE SEGURIDAD
El fenómeno de los préstamos gota a gota se ha discutido en diversas citaciones en el Congreso, donde el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, abogó en varias oportunidades por el aumento de penas para el delito de usura.
Según comentó, esa sería una salida para combatir el fenómeno, «que ha dejado víctimas en diferentes puntos del país».
Las amenazas y la intimidación contra los deudores son prácticas recurrentes cuando estos no logran cubrir los intereses exigidos, explicó el funcionario, y señaló que “varios de los homicidios que se han registrado, en departamentos como Escuintla, están relacionados con préstamos rápidos.
Los créditos en mención son de índole informal y se caracterizan porque el prestamista brinda dinero de forma inmediata y sin más requisitos que pagar intereses diarios, los cuales se elevan cuando hay «algún atraso, provocando que la deuda se triplique o más», expresó Boteo, en una de las citaciones.
Diputados de diferentes distritos también han alertado sobre la situación, y uno de los primeros en posicionar el tema en esta legislatura fue Esduín Javier Javier, más conocido como Tres Kiebres.
La primera iniciativa que él presentó fue precisamente sobre ese tema y desde entonces se ha referido a la importancia de «sancionar severamente a quienes se aprovechan de las necesidades financieras de las personas».
Con la entrada en vigencia del Decreto 11-2025, se busca cumplir con ese objetivo, el cual se planteó también una iniciativa impulsada por él, recordó José Chic. La normativa cobró vida legal el pasado 11 de noviembre, un día después de que fue publicada en el diario oficial.
PANDILLAS ADOPTAN EL MÉTODO
Inicialmente, esa modalidad de préstamos se le atribuyó a personas de origen colombiano, quienes la habrían traído a Guatemala imitando una actividad común en determinados sectores de aquel país. Sin embargo, ahora habría también estructuras nacionales involucradas en los hechos, de acuerdo con la información oficial.
Boteo confirmó que el fenómeno ha incidido en el aumento de la violencia en distintos puntos del territorio nacional, y señaló a Escuintla como uno de los departamentos más afectados. De acuerdo con sus declaraciones, varias personas han muerto debido a la imposibilidad de pagar su deuda.
«Las pandillas han optado por esa nueva actividad criminal de hacer préstamos rápidos en los mercados y diferentes lugares», dijo el funcionario, y agregó que quienes reciben los créditos posteriormente son amenazados para cancelar una cifra alta en intereses.
