En la presentación de su Índice de Estado de Derecho 2025 que evalúa a ciento cuarenta y tres países, la World Justice Project organización independiente, internacional y multidisciplinaria que trabaja para conocer el desarrollo o recesión del Estado de Derecho en el mundo, alerta de un fenómeno que se extiende en el mundo: la recesión de la justicia.
El Estado de Derecho es en un sistema de gobierno el que da cumplimiento a los cuatro principios universales: la rendición de cuentas, las leyes justas, un gobierno abierto, y la utilización de mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.
El Estado de Derecho hace efectivo el sustento de igualdad en las comunidades brindando oportunidades y paz y funge como la base del desarrollo de gobiernos transparentes respetan los derechos fundamentales, rinden cuentas, reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza.
El Estado de Derecho en Guatemala muestra indicadores débiles y estancados, ubicándose en el puesto ciento diez de ciento cuarenta países según el Índice del World Justice Project (WJP), con puntuaciones que confirman un sistema judicial lento, poco confiable y desafíos en la imparcialidad judicial, corrupción y límites al poder gubernamental, evidenciando con ello una gobernabilidad limitada y la persistencia de redes de poder que afectan la aplicación de la ley y los derechos, aún cuando cuenta con algunos avances puntuales en aspectos como gobierno abierto.
La política doméstica desde hace setenta años manipula la justicia en varias formas y modos a su favor: la conexión directa entre el imperio de la ley, la administración de justicia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de prensa, la economía popular y la corrupción gubernamental han sido los espacios sociales que fueron manipulados, comprados, vendidos al mejor postor nacional o internacional.
En el caso de Guatemala, los resultados del año dos mil veinticinco confirman que el país mantiene un desempeño débil en materia de Estado de Derecho, los cuales reflejan una posición rezagada ya que, no se trata únicamente de la existencia de leyes escritas, sino de la capacidad de las instituciones para garantizar que esas normas se apliquen de manera imparcial, transparente y predecible.
El desempeño más favorable se observa en el factor de Gobierno Abierto (0.53), donde Guatemala ocupa su mejor posición relativa en materia de transparencia y acceso a la información pública; en el ámbito penal, la persistente impunidad, la debilidad en la investigación criminal y la limitada capacidad de los sistemas correccionales para prevenir la reincidencia son los principales desafíos. En la administración de justicia civil, los altos costos, los retrasos procesales y la desigualdad en el acceso, especialmente fuera del área urbana, reflejan un sistema poco eficiente y alejado de las necesidades reales de la población.
Durante los siete gobiernos pasados –Giammattei, Morales, Pérez, Colom, Arzú, Berger, Portillo– la expansión de las tendencias autoritarias consistentes en el debilitamiento de controles y equilibrios, el favoritismo con creciente injerencia política en cuanto a la defensa oficiosa de organismo judicial contra los abusos de los familiares, funcionarios y empleados del Organismo Ejecutivo erosionaron de forma contundente la credibilidad de la población en el sector gubernamental.
Esperaremos el resultado del próximo año para congratularnos o seguir pensando que en Guatemala todo cambia para que nada cambie.
