La reciente maniobra de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) en el caso del Estadio Doroteo Guamuch Flores no solo revela improvisación administrativa, sino que también expone un patrón de decisiones tomadas al margen de toda acción legal que debería regir el uso de fondos públicos.
El 20 de noviembre, el Comité Ejecutivo resolvió rescindir el contrato con la empresa Constructora Bremar por negligencia. La causal estaba notificada, el procedimiento en marcha y la propia CDAG había anunciado que, a partir del 5 de diciembre, iniciaría el cobro de fianzas. Sin embargo, un día antes de que la rescisión quedara firme, el gerente Luis Ernesto Madrid González firmó, sin acta que lo respalde, una terminación por “mutuo acuerdo” que borró toda responsabilidad contractual de la constructora.
Ese giro no es algo intrascendente. La CDAG no ha mostrado el acta que autoriza a Madrid a revertir la decisión del Comité ni la que instruye a sustituir una rescisión unilateral por un acuerdo que exonera a la empresa. En otras palabras y como es recurrente el accionar del gerente Madrid, este actuó sin mandato expreso del órgano superior, como exige la Ley de Contrataciones del Estado.
Y cuando un funcionario firma sin la facultad respectiva, no se trata de un error administrativo, sino que se trata de una decisión que compromete la legalidad del acto firmado. A ello se suma la selección “a la carta” de artículos del Código Civil para justificar el mutuo acuerdo. Un procedimiento que solamente existe en la mente de dirigentes retorcidos, quienes buscan mantener un “estilo de vida”: viajes, hoteles cinco estrellas, viandas y viáticos que les permite viajar por todo el mundo a costillas del erario nacional.
Se citan únicamente los que liberan de responsabilidad, pero se omiten los que obligan a restituir, pagar o devolver el valor de lo no ejecutado. Esa omisión no es inocente, se convierte la figura jurídica en un mecanismo de absolución total, no en una rescisión conforme a derecho.
El trato preferencial continúa con el seguro de conservación de obra. En lugar de exigir el 15 por ciento del valor total del contrato, como exige la ley, la CDAG aceptó que la Constructora Bremar solo garantice el 15 por ciento de lo efectivamente ejecutado. El resultado de todo este embrollo, la empresa paga un tercio de lo que debería. Otra concesión injustificada y fuera de las leyes vigentes.
En medio de este escenario, el nuevo presidente de la CDAG, Francisco Ardón, recibe una institución hundida en la desconfianza y marcada por la influencia de la llamada “clica del deporte”, que ha administrado más de 16 mil millones de quetzales, sin demostrar que esos recursos se tradujeran en beneficios reales para los atletas guatemaltecos.
Ardón carga ahora con la responsabilidad de corregir un rumbo torcido durante años y de enfrentar un caso que, por su gravedad, se ha convertido en un examen inmediato de liderazgo y transparencia.
Mientras tanto, la Contraloría General de Cuentas ya anticipa posibles denuncias por mala planificación y supervisión. Y no es para menos, el caso del Doroteo Guamuch Flores no es un accidente, sino el síntoma de una institucionalidad que opera sin controles internos, sin transparencia y sin respeto por los procedimientos que protegen el patrimonio público. Una entidad que se arropa en la “autonomía”, pero para salvaguardar sus fechorías.
Guatemala merece saber quién decidió esta aberración jurídica, quién autorizó y quién se beneficia de un acuerdo que libera a una empresa contratista incumplida y deja al Estado con un estadio en ruinas. La CDAG no puede seguir escondiéndose detrás de oficios incompletos, actas inexistentes y argumentos jurídicos mutilados.
La remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores no solo está en obra gris, su administrador está en similar situación en su credibilidad y reputación. Un ente que es señalado de opacidad y de actos anómalos que únicamente han beneficiado los bolsillos de los dirigentes deportivos que, en las últimas semanas, se han enfrentado políticamente a más de media centena de diputados que han anunciado la presentación de más de una treintena de querellas penales, que podrían limpiar una entidad, que únicamente ha servido para enriquecer a los dirigentes y familias enteras que viven del presupuesto de los atletas guatemaltecos.
