La Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) de la Contraloría General de Cuentas ha dejado de ser garante de transparencia y se ha convertido en un instrumento de encubrimiento. En vez de cumplir con su mandato constitucional de abrir las puertas a la fiscalización ciudadana, ha actuado como “tapadera de la clica del deporte”, esa estructura mafiosa que ha secuestrado el sistema deportivo nacional.
Lo interesante de todo esto radica en que la Asamblea del Deporte, integrada por representantes de 43 federaciones y asociaciones se reunió para atacar a los nueve diputados que tuvieron la valentía de presentar una iniciativa de ley para desenmascarar a los directivos corruptos.
En un informe la misma Contraloría General de Cuentas reportó que muy pocos directivos deportivos gozan del finiquito, lo cual demuestra cómo la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) viola los preceptos constitucionales. Aunque el problema no es de entidad deportiva, sino que del ente rector que permite vulneren su trabajo y su función.
El papel de la OAIP es vergonzoso y aberrante, en lugar de defender el derecho ciudadano a saber, se dedica a blindar a quienes lucran con el presupuesto público, negando información y manipulando procesos para proteger a quienes han convertido las federaciones en botín personal.
El deporte, que debería ser espacio de integración, orgullo y desarrollo, se encuentra “secuestrado” por intereses oscuros. Los recursos que deberían financiar entrenamientos, infraestructura y oportunidades para jóvenes terminan en manos de una élite que se protege mutuamente, mientras la OAIP se presta a ser escudo institucional.
Este comportamiento no es aislado, 25 federaciones y asociaciones tienen directivos interinos, lo cual viola la Ley del Deporte, otras 15 tienen interventores puestos a dedo. Esta situación forma parte de un patrón en el que las instituciones creadas para garantizar legalidad y transparencia se transforman en cómplices de la impunidad.
La consecuencia de esta situación poco ética y de muy baja calaña es devastadora porque existen atletas abandonados, degradados, programas truncados y una ciudadanía que observa cómo el derecho a la información se convierte en letra muerta, nunca va a garantizar la transparencia.
La Asamblea del Deporte, integrada por directivos corruptos que se han apoderado de las federaciones y asociaciones, ha llegado al extremo de declarar “non gratos” a los diputados que presentaron la iniciativa de ley para transparentar el uso del presupuesto de cada una de esas entidades deportivas. Pero su verdadera función no es representar a los atletas ni velar por el bien común, su único papel es elegir a la “clica del deporte” que les garantiza beneficios personales, un estilo de vida.
A cambio de su lealtad los federativos, reciben viajes, viáticos, hoteles cinco estrellas y boletos que les permiten recorrer el mundo a costillas de los atletas que sí compiten y dejan en alto el nombre de Guatemala. Esta es la perversión máxima del sistema: quienes deberían ser guardianes del deporte se han convertido en turistas de lujo financiados por el esfuerzo de un grupo de atletas que diariamente se preparan para dar resultados.
La OAIP pretende ocultar lo que es un requisito elemental: que los directivos que este domingo 7 de diciembre asumirán cargos en el Comité Olímpico Guatemalteco no cuentan con el finiquito de su gestión como cuentadantes en una entidad deportiva que recibe fondos del Presupuesto General de la Nación.
Sin que le extiendan ese documento, no deberían ocupar ni un minuto de esos puestos. La “tapadera institucional” busca que la población no se entere, pero la verdad es clara, porque quienes se sienten en esas sillas lo harán en abierta violación de la ley y con la complicidad de una oficina que traiciona su mandato y su función para velar por la transparencia y la fiscalización.
El deporte no necesita más farsantes ni más cómplices, necesita transparencia y legalidad. Y si la OAIP insiste en ser escudo de corruptos, entonces será recordada como la oficina que enterró la credibilidad del sistema deportivo. El deporte exige “fair play (juego limpio)”, pero eso no existe para los federativos que juegan sucio.
