Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

El Congreso de la República incurrió en una gravísima aberración económica y política al aprobar un aumento a los jubilados del Estado sacando el dinero del fondo común de los ingresos del Estado. Yo he estado toda mi vida a favor de cualquier medida social que mejore las condiciones de vida de los sectores marginados de la sociedad y creo que los jubilados entran en esa categoría, por mucho que en relación sea un grupo de privilegiados ante la inmensa masa de gente de la tercera edad que no tiene ningún tipo de cobertura social. Y creo en la dignificación del magisterio porque asumo que la educación es la piedra angular de la construcción de una nueva Guatemala que cada día veo más distante y utópica.

Pero sostengo que cualquier beneficio social tiene que ser, sobre todo, sostenible desde el punto de vista económico y que no pueden otorgarse beneficios cuando somos un país con paupérrimos ingresos que, de ajuste, son utilizados sin criterio ni concepción del bien común. Todo régimen de jubilaciones en el mundo parte de estudios actuariales que determinan no sólo la forma sino el monto de los aportes para hacerlo sostenible. Y el Congreso actuó con la misma irresponsabilidad de quienes aprueban pactos colectivos sin tomar en cuenta la realidad económica del país y fiscal del Estado, cediendo ante la presión de una dirigencia que asume el poder soberano que el pueblo no ha querido ejercer para forzar a los diputados a actuar con decoro y decencia.

En todo el mundo los programas sociales que no fueron financiados correctamente han disminuido y hasta desaparecido mediante ajustes muy severos que imponen los organismos financieros internacionales que corregir desequilibrios como los que se vieron recientemente en Grecia y España, países en donde la población ha sido víctima de la severidad de ese apretón de cincho que tuvieron que tener para asegurar el flujo de recursos que les permitiera solventar la crisis. Y ni con los ajustes han salido aún de la oscura etapa que castiga a toda la población.

Guatemala, antes que repartir pasteles debe cocinarlos y eso significa que tenemos que empezar por los ajustes fiscales que hagan falta para elevar nuestros ingresos a niveles por lo menos razonables con relación al resto del mundo. Somos uno de los países que menos recaudan y, por consiguiente, que menos invierten en el desarrollo, porque a la falta de ingresos se suma la irresponsabilidad en el gasto y actitudes clientelares como la del Congreso que contra toda lógica y criterio económico razonable, decreta un aumento de las pensiones de los jubilados del Estado que obliga a reducir inversiones en otros rubros absolutamente prioritarios.

Pero ocurre que en vez de que la ciudadanía presione al Congreso para que se depuren y para cambiar el sistema de corrupción e impunidad que nos agobia, dejamos que el señor Joviel Acevedo sea quien presione y obtenga resultados. Nos está mostrando cómo es que hay que tratar al Congreso, pero los ciudadanos no tenemos ni los pantalones ni la decisión de Acevedo para asegurarnos una conducción decente de los asuntos del Estado.

Artículo anteriorEl linchado digital
Artículo siguienteAhora, todo es broma