Los días y las horas para seleccionar, elegir y nombrar a los nuevos funcionarios de las principales instituciones del Estado como lo son magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Jefe del Ministerio Público y Fiscal General, el Titular de la Contraloría General de Cuentas y, sobre todo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, serán tensos y controversiales. Ello obliga a todos los guatemaltecos a unirse, olvidarse de consignas políticas, y ser testigos idóneos de las personas que tienen a su cargo la elección de los mismos y hacerlo de manera transparente y dignificante para que Guatemala recupere la confianza en las instituciones del Estado.
En las últimas décadas políticos corruptos y operadores de entidades de derecho público, hacen promesas a los comisionados para seleccionar a parientes, políticos y sujetos que, en el pasado, se han vinculado con la corrupción, el crimen organizado, dando lugar, que los administradores de justicia, resuelvan acciones que violentan el Estado de Derecho y es una clara violación a lo que norma la Constitución política.
La Corte de Constitucionalidad, debe tener como función, ser la columna vertebral de una democracia representativa y dignificar al país y dictar por muy lejos resoluciones espurias y antojadizas que dicten realmente lo que en materia constitucional necesitan las partes y el país.
La actual magistratura constitucional se ha convertido en un ente plegado a intereses políticos y espurios, violentando lo que regula la ley matriz. Es en razón ello que, en el proceso de selección y elección de los próximos funcionarios de esa entidad, deben seleccionarse a profesionales con la mejor hoja de vida: honradez, dignidad e idoneidad.
El presidente Arévalo, ha demandado de entes internacionales ser observadores de los procesos de selección, elección y nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Contraloría General de Cuentas, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, deben ser funcionarios probos y cumplir con lo que dice la Constitución, que claramente indica que esa entidad es “suprema”. No permitir que un proceso electoral, se vea violentado, y no se respete la voluntad del sufragante. Las elecciones del 2023, se judicializaron, aplicando la Ley del Crimen Organizado, que violó no sólo la ley que regula un evento comicial y la Carta Magna.
Hasta ahora no se ha conocido la identidad de los que pretenden postularse para esas plazas. Se exhorta a profesionales dignos, dar ejemplo de pureza y dignidad y tener confianza en los comisionados, que jugarán un papel histórico en la selección de los nuevos funcionarios y los diputados que, por ley eligen a los relacionados, cumplan con las normas de decencia y dignidad, no caer en el juego sucio de politizar esos procesos.
El pueblo de Guatemala, exige a los funcionarios de los citados organismos, que sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones que, en los próximos años, serán los ciudadanos que cambiarán la mala imagen que ha tenido el país. Exhortamos a los dignos ciudadanos, observar esos eventos, para dignificar a nuestra patria, que todos queremos y volver al pasado, sería una hoja negra plagada de inconstitucionalidades e indigna.
La Carta Magna en los artículos 215 y 217, regula las Comisiones de Postulación, facultad para examinar las hojas de vida de los postulantes y proponer candidatos a cargos de magistrados. Los relacionados comisionados, están obligados a realizar su trabajo en verificar objetivamente la hoja de vida de los interesados. Pero en el correr de los tiempos, han desacatado esa disposición, no han tenido la dignidad de comprobar, si los futuros funcionarios tienen capacidad, idoneidad y honradez.
Los observadores internacionales, serán testigos contestes de lo que hagan los comisionados, es obligación de tales sujetos, que el evento sea libre, democrático sin limitación alguna, para que también el pueblo, dé fe de su trabajo y es ahora que todo debe cambiar, para el futuro del país, como lo hemos dicho antes, que inversionistas extranjeros tengan fe, que nuestro país sea una nación próspera y de dignidad nacional.
