POR KIMBERLY LÓPEZ
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Según el portavoz presidencial, Heinz Heimann, el Organismo Ejecutivo pedirá una consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC), para que revise la nueva normativa que castiga con cárcel a los funcionarios que no asistan a las citaciones que hagan los diputados del Congreso de la República.
Ayer por la tarde, con 106 votos a favor, los diputados rechazaron el veto presidencial a la reforma legal, con la que se modificó el Código Penal y estableció sanciones a los funcionarios que no acudan a las citaciones.
Después de la votación durante la sesión plenaria, en su cuenta de Twitter el presidente del Congreso, Mario Taracena, calificó la medida como “historia para la democracia”, pero llamó a no abusar de las citaciones.
Taracena indicó que 171 citaciones a ministros en dos meses “es un abuso”. “Recomiendo un pacto político entre todos para que no se den esos excesos”, agregó.
El presidente Jimmy Morales también ha expresado, en varias ocasiones su malestar respecto a las «constantes citaciones» a ministros y viceministros, pues según justifican no dejan trabajar a los funcionarios por la frecuencia con la que les piden asistir para ser interpelados.
Heimann indicó que el Ejecutivo no comparte esa forma de proceder de los congresistas y, por ello, pedirá que la Corte de Constitucionalidad evalúe la conveniencia de esta determinación.
Morales ha destacado en varias ocasiones el caso del ministro de salud, Alfonso Cabrera, que en lo que lleva frente al cargo, ha sido citado 31 veces.
El vicepresidente Jafeth Cabrera ya se pronunció sobre esta decisión y dijo que ve una inconstitucionalidad en esta medida pues una persona no puede ser condenada sin un proceso debido, como sugiere la nueva legislación.
La postura del vicemandatario ha sido que no es posible ejecutar un trabajo administrativo adecuado “si se está pendiente de preguntas que no conllevan a las necesidades del pueblo”.
“El Congreso tiene derecho a citar a los ministros, pero las citaciones deberían ser para ver qué podemos hacer en conjunto”, ha dicho en varias ocasiones.
Morales haría un pronunciamiento oficial respecto a esto, informó el portavoz. No obstante, al cierre de la edición aún no se había hecho alguna convocatoria.
El 9 de marzo, se publicó en el Diario Oficial el acuerdo gubernativo 49-2016, con el que la Presidencia vetaba la Ley aprobada por el Congreso para castigar a los ministros, secretarios y cualquier persona que maneje fondos públicos que no asistieran a las citaciones legislativas convocadas por los diputados.
