La Oficina de Acceso a la Información Pública de la Contraloría General de Cuentas ha negado entregar información sobre la extensión de finiquitos a dirigentes deportivos con procesos penales abiertos. Esta negativa contradice la Ley de Acceso a la Información Pública y vulnera el artículo 35 de la Constitución, que garantiza a los periodistas el acceso irrestricto a las fuentes de información.
Seis meses atrás, la misma oficina entregó esa información en dos ocasiones sin dar un argumento ridículo y tendencioso. Hoy, en cambio, impone un requisito ilegal y arbitrario que limita el acceso de información pública. La inconsistencia revela que no se trata de un problema técnico, sino de una decisión política para ocultar datos en un momento clave. La nueva jefa de esta oficina solamente demuestra que fue puesta por interés político y no por meritocracia.
La coyuntura es evidente y el descaro más que evidente, los dirigentes deportivos están por asumir cargos en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG). Antes de su toma de posesión, es indispensable verificar que su situación legal y administrativa siga siendo la misma. No pueden asumir funciones si no están solventes, porque manejan más de mil millones de quetzales del erario público.
Las consecuencias legales de estas instrucciones son claras. Quien ordena la restricción incurre en responsabilidad penal, pues obstaculizar un derecho fundamental constituye abuso de autoridad y desobediencia a la ley. La exigencia de trámites adicionales contradice directamente la Constitución, que en su artículo 35 garantiza a los periodistas el acceso irrestricto a las fuentes de información.
La Contraloría, llamada a ser garante de la probidad, se convierte en un actor que restringe derechos y erosiona la confianza de la población guatemalteca. Al negar información, debilita su propia legitimidad y transmite la imagen de una institución opaca que protege a quienes deberían rendir cuentas.
Además, se sienta un precedente peligroso y corrupto. Si se normaliza la exigencia de representaciones legales para acceder a información pública, se abre la puerta a un modelo de censura administrativa disfrazada de procedimiento. Lo que hoy se aplica a periodistas podría mañana extenderse a ciudadanos y organizaciones, debilitando aún más la transparencia democrática. Aunque no es nada raro, en una administración que hace más por los corruptos que por la transparencia.
La Contraloría no puede seguir actuando con discrecionalidad frente a un derecho que la Constitución protege de manera expresa. Negar información, imponer requisitos ilegales y ocultar datos sobre dirigentes que administran más de mil millones de quetzales del erario público es una práctica que erosiona la imagen institucional de un ente burocrático y debilita la institucionalidad democrática.
Por ello, corresponde al Contralor General, Frank Helmuth Bode Fuentes, velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales que definen la función del ente fiscalizador. La Contraloría ya no cumple con su verdadero papel que es garantizar que los recursos públicos se administren con probidad. La información pública es la materia prima de la democracia, sin acceso a ella, el debate se empobrece y se convierte en un “pelele”.
Por eso, defender y exigir la aplicación efectiva de esta ley es un deber de todo ciudadano. No basta con que exista en el papel, debe ser usada, reclamada y protegida frente a cualquier intento de aniquilarla. La opacidad abre la puerta a la corrupción, al clientelismo y a la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
Sin información, los ciudadanos quedan desarmados frente al poder y se reduce su capacidad de exigir rendición de cuentas. Además, negar este derecho erosiona otros derechos fundamentales: la libertad de expresión pierde sustento y la participación política se convierte en un botín apetecido por la corrupción.
En el plano institucional, la falta de transparencia genera desconfianza, alimenta la impunidad y perpetúa estructuras de corrupción. La opacidad de los funcionarios de la Contraloría General de Cuentas de la Nación no solo silencia a la sociedad, también la condena a la ignorancia y fortalece al corrupto. De esos que tanto abundan en las instituciones del Estado.
