El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se suma a la demanda de transparencia del uso del presupuesto general de la Nación para 2026.
Durante la madrugada del 26 de noviembre, los diputados avalaron un plan de gastos por Q163 mil 469 millones, que ha sido cuestionado por fondos directamente por economistas.
«Diputados aprobaron un presupuesto desproporcionado. Exigimos que se ejecute con transparencia y se fiscalice por el bien de los guatemaltecos», resaltó el grupo de empresarios.
Además, los empresarios comentaron que el presupuesto, aumenta el gasto, la deuda y las excepciones a la ley, mientras concentra recursos en entidades poco transparentes.
El Cacif resaltó que para lograr el desarrollo, los presupuestos deben transformarse en impacto real, mediante transparencia, eficiencia y resultados medibles.
Desde la comisión de Finanzas del Congreso de la República, aunque se redujo el techo para la colocación de bonos del Tesoro y quedó en más de Q25 mil millones, diputados piden que la adquisición de más deuda sea para fomentar proyectos y no para pagos de esta o funcionamiento del Estado.
El Cacif en 2024 presentó acciones en la Corte de Constitucionalidad (CC) por recursos destinados para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Esto fue lo que se aprobó durante la jornada de más de 13 horas de Presupuesto 2026
DEMANDAN RESULTADOS
Los empresarios aglutinados en el Cacif instan a las autoridades tanto del Legislativo como del Ejecutivo a dar resultados.
A los diputados, los empresarios les recordaron que su función no solo consiste en aprobar el presupuesto, sino cumplir con sus obligaciones constitucionales como la fiscalización de recursos.
Mientras que a las autoridades del gobierno de Bernardo Arévalo piden no más excusas, pues por segundo año consecutivo, se les aprueba un presupuesto excesivo, ahora les corresponde ejecutarlo para satisfacer las necesidades de la población.
Y a los alcaldes, les reiteran que no están al frente del cargo para buscar beneficios clientelares, sino están obligados a servir exclusivamente a los intereses públicos, y hacerlo con eficiencia, con transparencia absoluta y con estricto apego a la ley.
«La población demanda resultados, quiere obras y exige responsabilidad de sus gobernantes», puntualizó el Cacif.
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