Calificado por el presidente Bernardo Arévalo como un hito y «una herramienta para invertir en el bienestar y el desarrollo, desde una perspectiva más inclusiva», el Presupuesto General de la Nación que regirá en 2026 plantea diversos proyectos destinados a atender las necesidades de distintos sectores de la población.
Tanto el Gobierno como el Congreso han destacado las bondades del plan de gastos aprobado durante la madrugada del miércoles 26 de noviembre, principalmente por los recursos que se asignan al mantenimiento de carreteras, remozamiento de edificios de salud y educación, ampliación de la cobertura del programa de becas y créditos para productores agrícolas, entre otros.
Sin embargo, Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que tales beneficios llegarán al ciudadano común en la medida en que se ejecuten efectivamente los programas. En ese marco, se refirió a aspectos como la cobertura prevista y el tiempo planificado para su implementación.
Así, por ejemplo, los habitantes de Sanarate, El Progreso, donde se prevé construir un paso a desnivel, verían acortado su tiempo de viaje, cuando la obra esté concluida, lo cual duraría, incluso, varios años. Lo mismo ocurriría con los préstamos para agricultores, que llegarían a más beneficiarios conforme aumenten las cooperativas que se inscriban para administrar los recursos, según la ley del Presupuesto.
IMPUESTOS CONTRA BENEFICIOS
Según el entrevistado, «a un ciudadano los presupuestos públicos le afectan en dos vías: en el pago de impuestos y cómo estos se le devuelven, por medio de bienes y servicios».
En ese sentido, hizo hincapié en la diferencia existente en las intervenciones que se planifican en la administración pública para las zonas más pobladas y los lugares más alejados. Tal aspecto también impacta en la manera en que la población percibe los beneficios obtenidos, añadió.
«Tradicionalmente, una persona que vive en un área rural muy aislada recibe muy poco de los impuestos que se recaudan, mientras que quienes residen en áreas metropolitanas, tradicionalmente reciben más de esos recursos», expresó.
El experto también mencionó otros factores, como el nivel socioeconómico que se toma en cuenta para programas sociales, y resaltó el «reto» que representa el cumplimiento de la cobertura y priorización de sectores más necesitados.
EL RETO DE LA EJECUCIÓN
Por otra parte, Lavarreda abordó el papel de los consejos de desarrollo, «a los cuales se ha asignado una cantidad considerable de fondos», pero cuya ejecución ha sido criticada por su «poco avance», un escenario que «también aplica a varios ministerios».
«En el tema de la ejecución, el simple hecho de que se realicen los proyectos es trascendental para que la ciudadanía reciba los beneficios planteados en el presupuesto, en este caso el aprobado para el 2026. A eso se suma el tema de la calidad en el gasto», dijo.
Un detalle destacado es que este año, el Gobierno ha recibido múltiples críticas por parte de diputados y sector empresarial, por mencionar algunos, precisamente por la baja ejecución en carteras como Comunicaciones, que está a cargo de la atención de la red vial.
No obstante, varias de las bancadas que han señalado deficiencias en el gasto en este ejercicio fiscal votaron a favor del nuevo presupuesto, el cual asciende a Q163 mil 469 millones.
PROYECTOS INCLUIDOS
Los recursos que componen el presupuesto nacional para 2026 se dividen en distintos rubros que permitirán garantizar el funcionamiento de las entidades estatales e invertir en obras de diversa índole. Además, incluyen asignaciones específicas para proyectos como los siguientes:
- Q900 millones para cubrir tarifa social del servicio de energía eléctrica, beneficiando a quienes consumen menos de 100 kilovatios hora al mes.
- Q700 millones para modernización del sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías.
- Q50 millones para el Fondo Nacional de Becas, para otorgar subvenciones para estudios técnicos y universitarios.
- Q50 millones para el programa de créditos para pequeños y medianos productores agrícolas.
- Q35 millones para garantizar el servicio de transporte gratuito para personas de la tercera edad.
