Las comisiones de postulación para elección a magistrados de Tribunal Supremo Electoral, se eligen mediante un proceso de convocatoria del Congreso de la República, las distintas instituciones se integran con los rectores de universidades, magistrados de apelaciones, decanos de facultades de derecho y representantes del Colegio de Abogados, quienes se eligen a sus miembros para formar las comisiones.
¿Cómo es su composición y proceso?
Convocatoria: El Congreso de la República convoca a la integración de las comisiones.
Elección de rectores: El foro de rectores se reúne para elegir a los presidentes de cada comisión.
Representantes de magistrados:
La comisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incluye a 12 magistrados de las Cortes de Apelaciones.
La comisión de las Cortes de Apelaciones incluye a 12 magistrados de la CSJ.
Representantes del Colegio de Abogados y Notarios: Se eligen 12 representantes de entre sus agremiados.
Decanos de facultades de derecho: Los 12 decanos de las facultades de derecho del país integran ambas comisiones.
Juramentación: Una vez conformadas las comisiones, el Congreso de la República procede a su juramentación.
Por lo anterior, el Congreso de la República aprobó la comisión de postulación para seleccionar y posteriormente elegir a los futuros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes tendrán la responsabilidad constitucional del proceso electoral que será convocado dentro de un año y medio para los comicios del 2027.
Se cuestiona que, por ley, quien presidirá dicha comisión, es el rector de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, elegido para ese cargo el 1º. de Julio del año 2022, en un proceso viciado que en su momento fue criticado por académicos, estudiantes, la sociedad civil y defensora de los derechos humanos, dándose por hecho que sus opositores impugnaran su designación a igual que el reelecto decano de Derecho de la Usac, Henry Arriaga, a quien se le imputa tener vínculos cercanos con el rector de la máxima casa de estudios.
Existe de antemano el temor y expectativa de imparcialidad de los citados académicos, por su marcado parcialismo y los vínculos políticos que tienen con ciertos sectores que adversan al régimen de Bernardo Arévalo.
El rol que tendrán en el proceso de dirigir la relacionada comisión, no está en consonancia de la imparcialidad y credibilidad que por mandato constitucional deben tener Mazariegos y Arriaga. La comunidad internacional con los tres representantes que estuvieron en el país, manifestaron que se evento para seleccionar y elegir a los futuros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, debe dar muestras de certeza, credibilidad y honradez, a efecto que en las elecciones próximas, no se repitan los graves incidentes de judialización, pues sería violar el estado de Derecho y flagrante inconformidad que indica la Ley electoral y de Partidos Políticos de rango constitucional respetándose la “supremacía” de la relaciona entidad electoral.
El problema en el Tribunal Supremo Electoral no es nuevo. En las pasadas elecciones del 2023, se inició una cacería política y espuria del Ministerio Público y del Organismo Judicial, al intentar impedir la toma de posesión de Arévalo y los diputados del bloque Semilla, al extremo que 4 magistrados titulares de tal órgano, Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Mynor Custodio Franco y Gabriel Aguilera Bolaños, fueron separados de sus cargos y enfrentan procesos judiciales. El citado Tribunal lo preside interinamente la magistrada titular Blanca Alfaro y los suplentes, que no coinciden con la relacionada togada.
Los artículos 136 y 139 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos indican: “La comisión de postulación estará integrada por 5 miembros: el rector de la Universidad de San Carlos, quien la preside, un representante de los rectores de las universidades privadas, un representante del Colegio de Abogados de Guatemala, electo en asamblea general, el decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades privadas. Cada miembro titular, tendrá un suplente.
La misma ley, en su artículo 139 dice “la comisión de postulación será instalada por el Congreso de la República, sesenta días antes de la fecha en que termine el período de los magistrados… Hasta ahora se desconoce quiénes serán los profesionales del derecho que tienen interés en dirigir el ente electoral, en ese proceso electoral, la Comunidad Internacional, anticipó que seguirá de cerca el evento como observador, exhortando a la comunidad guatemalteca, observar el trabajo de selección y elección de los magistrados electorales y evitar los vicios que se dieron en el pasado, a efecto de que Guatemala, se gira por un régimen democrático y representativo, situación que se verá cuesta arriba por los intereses políticos y económicos que se relacionan con todo el proceso electoral, para tener beneficios económicos.
Como es del dominio publico y de la comunidad internacional, el proceso electoral se vio severamente dañado por la vinculación de grupos no afines a la democracia que intentaron dar un “golpe de estado” para evitar la asunción al poder de Bernardo Arévalo, que ha sido severamente critico en asegurar que la corrupción en su administración, le ha ocasionado un distanciamiento en los en los otros organismos del Estado, especialmente con diputados que en los regímenes pasados eran sobornados.
