El uso de la Inteligencia Artificial (IA) se expande dentro del Organismo Judicial (OJ). Lo que comenzó como una herramienta para analizar expedientes de amparo, también se extiende a otros ámbitos mediante dos contrataciones públicas, ambas adjudicadas a la misma empresa y con funcionalidades orientadas a la gestión y asistencia legal automatizada.
Los contratos, otorgados a BDG Sociedad Anónima, suman más de 175 mil quetzales y fueron aprobados por la Gerencia de Informática del OJ, la misma dependencia que impulsó el proyecto inicial de inteligencia artificial denominado MEIA-Amparos, destinado al análisis automatizado de expedientes judiciales y que entre sus funciones más polémicas figura la capacidad de generar borradores de resoluciones mediante IA.
Organismo Judicial compra una inteligencia artificial para “agilizar” el análisis de amparos
REPOSITORIO JUDICIAL CON ASISTENCIA AUTOMATIZADA
El primer contrato, por 86 mil 950 quetzales, corresponde al “Servicio de Gestión y Repositorio de Expedientes Legales (SGREL) con funcionalidades de asistencia integradas”. Según el acta 530-2025, el objetivo es implementar un sistema web centralizado para organizar y preservar expedientes judiciales, pero también con capacidad para realizar análisis preliminares mediante inteligencia artificial.
El sistema, descrito en los documentos de contratación, permite manejar altos volúmenes de documentos, aplicar filtros de búsqueda avanzados y generar versiones automatizadas de resoluciones. Entre sus funciones figuran la indexación de texto mediante reconocimiento óptico (OCR), categorización temática y la creación de borradores iniciales de las “resultas” de los casos, una de las secciones técnicas de las resoluciones judiciales.
El contrato establece además la integración directa con la API de Gemini, uno de los sistemas de procesamiento de lenguaje natural más avanzados del mercado. Esta conexión sirve para extraer metadatos clave, elaborar resúmenes ejecutivos y realizar categorizaciones asistidas de documentos judiciales.
ASISTENTE VIRTUAL PARA CONSULTAS LEGALES
El segundo contrato, por 88 mil 500 quetzales, contempla la creación de un asistente legal virtual denominado CAL (Chatbot de Asistencia Legal). Esta herramienta permitirá a los usuarios del OJ realizar consultas en lenguaje natural sobre el contenido de expedientes y obtener respuestas con redacción técnica y contextual.
El CAL también estará conectado a la API de Gemini y a una base de conocimiento local —compuesta por leyes y jurisprudencia guatemalteca— para ofrecer respuestas precisas y adaptadas al marco jurídico nacional. Su interfaz será accesible vía web y contará con protocolos de autenticación, registro de auditorías y medidas de cifrado para el resguardo de la información.
Según las especificaciones técnicas, el chatbot podrá responder preguntas, identificar fragmentos relevantes de los expedientes y generar explicaciones jurídicas, incluso en temas de amparo. También podrá interactuar con el motor de análisis de amparos implementado previamente, integrando así las tres soluciones bajo una misma arquitectura tecnológica.
MISMA EMPRESA
Los tres proyectos —MEIA-Amparos, SGREL y CAL— fueron adjudicados a BDG Sociedad Anónima, una empresa con más de una década de experiencia como proveedora del Estado, según los requisitos de las licitaciones. Los contratos establecen cláusulas de confidencialidad que obligan a la compañía a proteger toda la información judicial a la que tenga acceso.
Asimismo, se estipula que los productos y materiales generados pasarán a ser propiedad del Organismo Judicial.
La Hora consultó a BDG Sociedad Anónima para acotar sobre los contratos, al momento de enviar una respuesta se incluirá en este espacio.
SILENCIO INSTITUCIONAL Y DUDAS
Pese a la creciente incorporación de inteligencia artificial en tareas judiciales, el OJ no ha aclarado públicamente cómo se supervisará el funcionamiento de estas herramientas ni qué tipo de información procesarán. Tampoco ha respondido a las preguntas de este medio sobre los riesgos de delegar a una máquina el análisis o redacción preliminar de documentos judiciales, ni sobre las garantías de transparencia y seguridad en el uso de datos sensibles.
Desde septiembre pasado, La Hora consultó a la Secretaría de Comunicación Social del OJ sobre los puntos clave de la compra: por qué era necesario el MEIA-Amparos, qué ventajas ofrecía frente al refuerzo de personal humano, quiénes usarán la herramienta —juzgados, tribunales, salas o la Corte Suprema— y qué implicaciones puede tener que una inteligencia artificial intervenga en la resolución de amparos. Tampoco hubo respuesta.
El brazo operativo de la Corte Suprema: así bloquea la Secretaría de Comunicación a la prensa
