La Corte de Constitucionalidad (CC) recibió este miércoles 12 de noviembre, una inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 11-2025 del Congreso de la República, “Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas”, para evitar que la normativa entre en vigencia.
De acuerdo con el documento, la acción que busca suspender la entrada en vigencia de la normativa que declara como terroristas al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha (MS-13) fue presentada por Dylan Smaily Archila García, miembro de una de estas organizaciones criminales.
En junio de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que con 19 años de edad, Archila García, quien también es conocido con el alias del “Sonriente”, pertenecía a la Mara Salvatrucha, tras ser capturado junto con dos de sus cómplices.
En dicha oportunidad, la entidad policial resaltó que también fueron capturados los miembros de la MS-13, Jesús David Saravia Cruz, conocido como “Chus”, de 20 años, y Deivi Fernando Zamora, conocido como “Frijol”, de 30 años, cuando intentaban extorsionar a una familia.
La entidad policial resaltó que el operativo estuvo a cargo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda) en el Parque Navidad, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
La PNC detalló que la captura de los miembros de la Mara Salvatrucha se dio en seguimiento a una denuncia, en la que se acusó a los sindicados de exigir dinero en efectivo a una familia.
Según la institución policial, en dicha oportunidad, los pandilleros fueron capturados cuando recogían un paquete que simulaba la cantidad de Q3 mil, a la vez, resaltó que se localizaron cuatro celulares a los integrantes de la MS-13.
A PRISIÓN
El 17 de abril de 2023, el Ministerio Público (MP) destacó que el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Extorsión de Guatemala impuso una sentencia por los delitos de extorsión por seis años contra Archila García y Saravia Cruz y de cuatro años contra Zamora.
De acuerdo con la investigación, en 2022, la víctima recibió en su negocio un teléfono celular, que le fue entregado bajo amenazas de muerte, al cual ingresaron llamadas de un hombre que se identificó como parte de la Mara Salvatrucha.
Las pesquisas detallan que la organización criminal exigió el pago de Q4 mil, y Q400 semanales, bajo amenazas de matar a sus hijos si no recibían estos montos.
La Fiscalía detalló que el comerciante negoció con los pandilleros, por lo cual acordaron que el pago sería de Q3 mil de entrada y Q350 mensuales.
Sin embargo, la PNC accionó en contra de los integrantes de la Mara Salvatrucha, por lo cual, se evitó que el comercio continuara siendo extorsionado.
ALERTA ALBA-KENETH
Previo a los hechos delictivos, la Procuraduría General de la Nación (PGN) activó una alerta Alba-Keneth a favor de Archila García, ya que se denunció que desapareció el 22 de marzo de 2019 en la zona 2 de San Miguel Petapa, cuando contaba con 16 años.
#AlertaAlbaKeneth ⚠ | Dylan Smaily Archila Garcia, de 16 años de edad. Desapareció el 22 de Marzo de 2019, en Sta. Teresita V, Z.2, San Miguel Petapa, Guatemala.
🔁Comparte y ayúdanos con su localización.
📞Si tienes información llama al 1546 pic.twitter.com/Etxcm93uSd— Alerta Alba-Keneth (@alba_keneth) March 22, 2019
INCONSTITUCIONALIDAD
Archila García, integrante de la MS-13, presentó este miércoles una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Antipandillas, con lo cual busca que la normativa se suspenda en forma definitiva y no entre en vigencia.
En la argumentación, el abogado de Archila García, Edgar Alfredo Mazariegos Gil, sostiene que violó el principio de legalidad de la función pública, de certeza y seguridad jurídica y debido proceso con la aprobación de la normativa por parte del Congreso de la República.
Por ello, el pandillero busca que quede sin efecto la normativa que oficializó al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas.
Dicha normativa establece que las maras o pandillas son grupos que cuentan con una “jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de presencia, estructura territorial, identidad grupal, sentido de pertenencia, cuya organización se conforma de clicas, células o unidades básicas de 3 o más integrantes que operan en un área geográfica determinada, y cuya actividad principal consiste en la comisión de hechos delictivos, utilizando el terror en contra de la población como medio de coacción”.
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Además, la legislación propone que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a solicitud del MP, agregue otras agrupaciones a la lista, mientras que otorga Q200 millones al Ministerio de Gobernación (Mingob) para el equipamiento de personal de la PNC y da un plazo de un año para que el gobierno de Arévalo construya un centro detención específico para integrantes de maras, pandillas y grupos criminales, transnacionales y terroristas.
