La Constitución de la República y la Ley General de la Carrera Judicial, son claras y no dan lugar a interpretaciones personales o políticas, estas normas indican claramente que el presidente del Organismo Judicial que también lo es de la Corte Suprema de Justicia, por ley debe desempeñar dicha plaza, por un período de un año y que debe de tomar posesión el 13 de octubre de cada año.
Si tales normas se incumplen, violan taxativamente la normativa de la materia, provocando con ello un vacío legal de carácter constitucional. Se ha vuelto costumbre en las últimas administraciones de los operadores de justicia del máximo tribunal, que por intereses y temas políticos y en varios casos espurios los magistrados de la Corte Suprema de Justicia responden a los intereses de quienes les ayudaron a llegar a dichas magistraturas.
Cabe indicar que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene funciones de carácter administrativo y jurisdiccional, así como llevar bajo su responsabilidad el presupuesto del organismo de justicia. Además, la Corte administra justicia en cámaras constituidas en cámara de amparo, cámara civil y cámara penal, así como los recursos de casación presentados por las partes dentro de un proceso, de allí la importancia de actores políticos y económicos para resguardar intereses, quienes impulsan a los magistrados a dichos puestos, trama que se ven involucradas las universidades públicas y privadas como el Congreso de la República.
Empero al no elegir por cuota de poder al Magistrado Presidente es violar la Constitución y la ley de la carrera judicial. Teódulo Cifuentes, concluyó su período como presidente del alto tribunal de justicia, el pasado 13 de octubre y hasta ahora los dos grupos que se han conformado de los 13 magistrados de tal órgano, no logran consenso para elegir al sustituto de Cifuentes y el vocal que logró mayoría de votos cuando fue elegido por el organismo Legislativo, Carlos Rodimiro Lucero Paz, logra consensos con los 12 magistrados que se han dividido 8 contra 5 y elegir al próximo presidente de tal organismo.
Ese conflicto no es nuevo, en otras ocasiones se ha presentado intereses políticos y en su momento la Corte de Constitucionalidad, con clara violación a la carta magna, autorizó que se prolongara las funciones del presidente de tal entidad, lo que ha sido una constante por la forma de elección y selección de los magistrados del alto tribunal.
Si bien es cierto que toda esa situación contraviene el Estado de derecho en prolongación de funciones los magistrados del máximo tribunal de justicia, deben dar ejemplo de dignidad, honradez y decoro y es un pésimo antecedente que no apadrina la población, especialmente los sectores que han sido claros en señalar que el Organismo Judicial, es uno de los tres poderes del estado republicano, deben resignarse a cumplir con el juramento cuando fueron elegidos por el Congreso, un proceso viciado, en razón que no se les sometió a los postulantes, a un examen de capacitación para comprobar su hoja de vida, capacidad, honradez y certeza.
Lucero Paz, convoca al pleno a los 12 magistrados, pero no se logra cumplir lo que dice la Constitución en la elección del nuevo presidente de ese organismo. Los ausentes dan excusas frívolas y no son convincentes en sus actuaciones. Se perfilan como aspirantes a la presidencia del organismo, Igmaín Galicia Pimentel, antes de graduarse, fue oficial de los tribunales y dirigente de uno de los sindicatos del Organismo Judicial, logrando beneficios económicos y ventajas para los funcionarios y empleados del citado organismo. Pertenece al grupo independiente de dicho organismo. Todo indica que a la magistrada Claudia Paredes, como la futura presidenta de tal organismo, tiene 9 votos asegurados, que dicho sea de paso es la magistrada que se le liga al diputado Alan Rodríguez.
El próximo Presidente de ese Organismo, jugará un rol de primera línea, presidirá las comisiones para elegir a los futuros magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y los 6 aspirantes al puesto de Jefe del Ministerio Público y Fiscal General, y se someterá a presiones políticas para la selección y elección de esos funcionarios, en un año electoral, que dará mucho qué hablar.
Dicho sea de paso, el Presidente de la República invitó a Guatemala, a delegados de la Organización de Estados Americanos, OEA, con conocimiento pleno del rol político que ha tenido Guatemala, y en especial la situación política actual.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deben ser responsables en su administración y romper los hilos y compadrazgos políticos con los diputados que los eligieron en un proceso viciado. Deben dar ejemplo de dignidad y certeza, en razón que son los que administran justicia y se les ha cuestionado al elegir sin autorización del Congreso, a magistrados suplentes para salas de apelaciones que, para la capital y el interior, un evento viciado y violatorio, esa designación por mandato constitucional, es potestad plena del Organismo Legislativo.
La comunidad internacional seguirá de cerca con sus observadores, la selección de los futuros funcionarios que serán seleccionados y elegidos el año entrante. La división que tienen los 13 magistrados, va en desmedro de lo que dice la constitución, ser claros que deben aplicar la Carta Magna y terminar con la mora judicial, que ha sido por años, un calvario para litigantes y sujetos procesales, en los ramos de penal, de familia, de trabajo y en otras disciplinas.
