El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2026 y entre otras peticiones, recomienda derogar la ley de Codedes.
El decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, fue aprobado el pasado 2 de septiembre en el Congreso de la República de urgencia nacional.
Sin embargo, ICEFI se suma al llamado, como otros sectores, para que este sea derogado.
El 3 de octubre, el gobierno de Bernardo Arévalo anuncio el veto de dicho decreto, en aras de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de derecho.
No obstante, días después el Congreso de la República logró publicar la ley en el Diario de Centro América, por lo que el decreto entró en vigor el 17 de octubre y perderá vigencia el 31 de diciembre del 2026.
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS
Otro elemento destacado por ICEFI, relacionado al tema de los Codedes, son las ampliaciones presupuestarias, por lo cual recomienda suprimir el artículo 55 de la iniciativa 6625, que contiene el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026.
El techo presupuestario propuesto para el próximo año es de Q163 mil 783.4 millones.
La entidad explica que el referido artículo contiene una ampliación presupuestaria preautorizada, permitiendo ejecutar en 2026 los saldos no ejecutados de los aportes ordinarios y extraordinarios a los Codedes asignados en 2024 y 2025.
Al respecto, se explicó que esto continuaría estimulando a los Codedes y a las municipalidades a no ejecutar las obras y solo las estarían ejecutando en el año electoral, es decir, en 2027.
En ese mismo argumento, ICEFI también se refirió a los saldos no ejecutados en 2025.
Asimismo, el Instituto considera necesario suprimir las ampliaciones presupuestarias preautorizadas que no especifiquen montos, destinos o fuentes de financiamiento. Cita los siguientes artículos:
Artículo 128 de la iniciativa en mención, sobre préstamos en gestión, la cual no especifica montos. «La ampliación o modificación presupuestaria debería ir en el decreto de aprobación de cada préstamo».
Artículo 140, que es sobre la Modernización del Sistema Metropolitano de Transporte y Modernización de Puertos, Aeropuertos y Ferrovías. ICEFI refiere que se mencionan Q2.75 millardos, sin detalles ni unidades ejecutoras.
Ricardo Barrientos, economista y Director Ejecutivo de ICEFI expresó que «preocupan que se están proliferando las ampliaciones presupuestarias preautorizadas y lo que pasa es que estas pueden llegar a sumar más de 6 mil millones de quetzales».
«Entonces, el techo presupuestario solicitado en realidad no es de 163 mil 400 millones, sino que puede que esté ya más en torno a los 170 mil millones», indicó.
TRANSPARENCIA
Tras lo acontecido con el caso del convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), surge la recomendación al respecto.
La entidad estima importante que se brinde más detalle para generar transparencia y establecer la obligación legal de publicar las comisiones y gastos que se paguen a organismos internacionales con los que suscriban convenios para intervenciones e inversiones estratégicas.
En esa misma línea, se considera oportuno que se solicite al Organismo Ejecutivo una explicación más detallada sobre la justificación del artículo 91, de la citada iniciativa, relacionado con la contratación de entidad asesora internacional para mejorar la calificación de riesgo país.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Desde un análisis técnico, el ICEFI observó que entre las fuentes de financiamiento del presupuesto vigente de 2025 y del proyecto de presupuesto para 2026, los impuestos representan la mayor fuente de financiamiento del presupuesto estatal.
El presupuesto vigente sostiene el 70.6% de sus ingresos provenientes de los impuestos. El porcentaje es parecido para el presupuesto propuesto para el 2026, el cual es de 73.1% provenientes de los tributos.
Otro aspecto observado es la deuda pública. Al respecto, se señala que incrementan los bonos del Tesoro de 13.6% en 2025 a 16.9% para el 2026.
«Recogemos las preocupaciones que hay sobre el alto nivel de deuda pública bonificada que estás necesitando el Ejecutivo. Y ahí nuestra recomendación es muy sencilla», expresó Barrientos.
«El gobierno creo que debe redoblar esfuerzos por explicar más y mejor por qué están solicitando este volumen de deuda pública y por qué están solicitando una nueva excepción a la prohibición que está en la ley orgánica del presupuesto para financiar gastos corrientes y de funcionamiento con deuda pública», añadió el profesional.
SALUD Y EDUCACIÓN
Por otro lado, Barrientos indicó que en el análisis se observó hay recortes en asignaciones financieras de programas fundamentales como el combate a la desnutrición o la prevención de la mortalidad materna.
«También vemos recortes en sus metas físicas entonces hemos encontrado una inconsistencia por ejemplo, un incremento en una meta física, pero al mismo tiempo se le recorta la asignación de dinero para estas tareas hemos visto con mucha preocupación el tema de las asignaciones a los consejos departamentales de desarrollo», puntualizó.
Barrientos se refirió al caso del Ministerio de Educación, el cual refiere que les preocupa que hay reducciones en las metas físicas de la cobertura de la matrícula escolar.
«Encontramos ciertos niveles educativos específicos en los que el Ministerio de Educación se está planteando como meta no incorporar a más niñas y niños, sino que sacarlos del sistema», explicó.
«Entonces, el llamado a la ministra Giracca, que en general pensamos que ha estado haciendo una excelente labor, es que revisen cuidadosamente estas metas físicas y corrija».
El economista también se refirió al tema de la ejecución presupuestaria y mencionó el caso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
«La lista de proyectos que quieren realizar, los cientos de kilómetros de nuevas carreteras y caminos, son algo fantásticos si se pueden ejecutar. Sería muy lamentable que por la persistencia de las dificultades en ejecución del Ministerio de Comunicaciones, todos esos proyectos que vemos con muy buenos ojos terminen quedándose en el papel», expresó.
Además, La Hora consultó a Barrientos su opinión sobre el presupuesto para el Congreso de la República, debido al incremento salarial que los diputados se recetaron y comenzó a ser efectivo desde el 28 de febrero.
«La mayoría del presupuesto que analizamos son de unidades ejecutoras de la administración central», aclaró Barrientos. Sin embargo, opinó que, «encontramos que dentro de la deuda pública bonificada, en una línea que se llama las obligaciones del Estado a cargo del tesoro, ahí hay 100 millones para el Congreso de la República, que vendrían financiados con deuda pública contratada con la banca privada».
«De momento lo que estamos viendo serían los recursos que estaría transfiriendo el gobierno central a las entidades autónomas y descentralizadas», indicó.
Además, dijo que «hay que esperar a ver, -que hará- el propio Congreso la República respecto a su presupuesto y yo, por ejemplo, inmediatamente cuestionaría para qué es que el Congreso va a usar estos 100 millones de quetzales financiados con deuda pública bonificada».
