Pocos días después de conocerse la forma en que le fueron devueltas a Otto Pérez Molina propiedades que habían caído en extinción de dominio, el Ministerio Público anuncia con toda clase de bombos y platillos que realizó el allanamiento de una muy valiosa propiedad ligada a Alejandro Giammattei Falla, expresidente que ha gozado de inmensa protección de las fiscalías que operan bajo la dirección de Consuelo Porras, quien permaneció en el cargo tras ser nombrada por ese ex mandatario, obviamente con el visto bueno del mero Jefe de Jefes.
Hemos llevado la cuenta de los días que el MP lleva sin investigar ni a Miguel Martínez ni a su pareja, quien goza de inmunidad por ser diputado del Parlacén y a pocos meses de que termine el período de Porras surge este caso en el que, de momento, se sabe de un allanamiento para establecer las condiciones del inmueble. Afirman que la propiedad tiene un valor de 59 millones de quetzales y que fue adquirida por una sociedad anónima, vinculada al ex mandatario, cuando él ya ejercía la Presidencia de la República y disponía de recursos.
Han sido varias las voces que expresaron su absoluta desconfianza respecto a lo que realmente persigue el Ministerio Público y la verdad es que todo parece una acción para lavarse la cara ante los consistentes y fundados señalamientos de proteger a toda costa a quien mantuvo en el puesto a la Fiscal que se ha encargado de garantizarles impunidad mientras persigue a quienes hablan de la crisis de la justicia en el país. El hecho de que nuestras autoridades judiciales operen como se demostró esta semana, con la devolución de bienes al convicto ex presidente Otto Pérez Molina, protegido de la misma manera en que se ha apañado a tantos sindicados de hechos de corrupción, es un ingrediente más para generar las suficientes dudas.
Los famosos casos de corrupción que investigó en su momento el Ministerio Público relacionados con Giammattei, como el de la alfombra rusa y la compra de las vacunas Sputnik, fueron literalmente enterrados sin que se volviera a hablar de ellos y se sabe que eso fue el precio que tuvo que pagar la Fiscal para asegurarse la continuidad en el cargo. Hay un caso de una farmacéutica que nunca avanzó y que preocupaba mucho al ex presidente.
Vendrán en estos días los primeros observadores de la OEA para ver la forma en que discurre el proceso de nominación de abogados para ocupar la Fiscalía General al terminar el período de Porras y sin duda que podrán confirmar la manera en que se pervirtió a la academia guatemalteca para manosear los procesos de postulación.
Además de la intervención de la OEA, el presidente Arévalo debería convocar a los sectores de la sociedad guatemalteca para que hagan lo propio, fiscalizando con energía el papel de los postuladores, pero como existe el riesgo que no lo haga, es tarea de los actores más comprometidos de la sociedad.
