Una acepción de critocracia, también llamada critarquía, es un sistema de gobierno donde el Poder Judicial usurpa o domina al Poder Legislativo y Ejecutivo. Su origen etimológico viene del griego «krito» (juzgar) y «kratos» (poder), lo que significa «gobierno de los jueces». En dicha acepción, ese sistema se considera una desviación de la división de poderes y del republicanismo y se debate como una forma de gobierno donde la autonomía judicial se convierte en una invasión de facultades, como una solución deficiente a las tensiones entre derecho y justicia.
En Guatemala de unos años para acá hemos vivido una critocracia nefasta donde el Ministerio Público, unos pocos jueces inferiores y algunas Altas Cortes, persuadidos por una minoría con poder político que se sienten amenazados se ha encargado de darle cara vuelta a la correcta administración de justicia en el país. Hagamos el recuento:
- Se amenazó la transición pacífica del poder en 2023 por un caso oportunista en el cual se pretendió que el partido oficial y los funcionarios electos no asumieran el poder por unas supuestas irregularidades en la conformación de un partido tratando de anular la voluntad de miles de guatemaltecos. Y, claro, con esto no digo que no deban perseguirse las anomalías que existan, pero es irracional poner la democracia en riesgo por unas cuantas firmas.
- En ese mismo caso y por el mismo juez, se persiguió a un partido político como una “estructura de crimen organizado” por unas potenciales irregularidades en algunas firmas de adhesiones y unas cantidades no significativas de financiamiento electoral que se aduce no fue registrado legalmente. Con ello, además, mal utilizando las leyes sobre lavado de dinero para poder decretar la “reserva cuasi infinita” del caso.
- Si eso no fuera suficiente, todo esto en un entorno donde el partido y las personas afectadas no han tenido o por muchísimo tiempo no tuvieron, según reportes de los medios de comunicación, acceso al expediente con argumentaciones y tecnicismos contrarios a la justicia y el abuso de la “reserva” de las actuaciones.
- Ante la defensa del orden electoral constitucional por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, montaron una persecución indebida a dichos magistrados y a funcionarios del mismo, logrando el levantamiento de su inmunidad, pero incluso “suspendiéndolos” en el cargo por medida cautelar creando un precedente nefasto en la administración de justicia que aumentará únicamente el lawfare en el futuro. Algunos otros fueron presionados para aceptar cargos por violaciones relativamente menores, para poder seguir fundamentando su “circo”.
- La eliminación de candidatos incómodos se ha vuelto “fácil” con los precedentes jurisprudenciales sobre la campaña electoral anticipada por la cual se pretende crear “líderes políticos mudos” en lugar de voces altisonantes que defiendan la democracia. Lo mismo ocurre con las líneas jurisprudenciales tan nefastas sobre los “finiquitos”. Si uno ve los debates de la Asamblea Constituyente del 1984 uno aprecia que los mismos vicios y estratagemas antidemocráticas que se querían evitar en el andamiaje constitucional son rampantes ahora en nuestra época. Hemos involucionado en lugar de evolucionado.
- Si esto no fuera suficiente derivado de esos abusos judiciales, sostenidos por las Altas Cortes en muchos respectos hasta que ya la razón y la presión internacional, ciudadana y mediática ya no lo permitió, se puso en entredicho todo nuestro andamiaje constitucional y electoral que fue establecido por los constituyentes para precisamente evitar la persecución de los partidos políticos y el cierre de la creación de opciones políticas en la Constitución de 1985 como ocurrió en los 1960s-1970s. Nuestro sistema de conteo de votos, otrora la joya del régimen legal guatemalteco, hoy está en entredicho sin justificación por alegaciones rimbombantes sin sustento por un aparato punitivo sin control. Hoy tenemos un sistema democrático menos libre que cuando estábamos en el Conflicto Armado Interno en plena Guerra Fría. Ahora tenemos un sistema de elecciones en entredicho que con las nefastas líneas jurisprudenciales que han surgido pueden permitir la persecución de partidos políticos como “organizaciones del crimen organizado” y cerrar espacios para la oposición política por el “pecado” de pensar diferente.
En fin, nuestro sistema democrático ha sido objeto de un remezón que todavía no está claro si aguantará las próximas elecciones en 2027, todo esto por unas autoridades judiciales y de aplicación de la ley a las que no se les puso coto en su momento debido por conveniencia y cálculos políticos.
Pero fuera del ámbito electoral, medular para la democracia, también en los últimos años se ha visto un abuso de la persecución penal y de la justicia que ha causado:
- El hostigamiento de la prensa y de la libertad de expresión por el aparato punitivo del Estado.
- La represión de la libertad de manifestación y reunión.
- La criminalización de anteriores operadores de justicia que perseguían la alta corrupción, por argucias y tecnicismos insustanciales para buscar venganza, pero a la vez, llevando a cabo maquinaciones para lograr la impunidad de los más grandes ladrones y sátrapas que ha tenido el país en el poder político.
- Afectado el juego democrático parlamentario sosteniendo la legalidad de maquinaciones para eliminar rivales políticos en el Congreso, o afectar las mayorías, ordenándoles inclusive cuándo, cómo y sobre qué sesionar, ordenando el quehacer político a través de la justicia parcializada.
Como conclusión, planteo que la degeneración de la justicia que existe en el sistema judicial, la critocracia, según la primera acepción del término expuesto arriba, ha llevado a crear ingobernabilidad, a reducir el juego democrático, a la judicialización de la política con cálculos nefarios y con miras al mantenimiento del poder y de futuras reelecciones, pero que en últimas consecuencias, está socavando toda la institucionalidad democrática del país. La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad trató de ponerle coto a las últimas ocurrencias de un juez de rango menor del ámbito penal, pero ya de forma tardía porque debió habérsele puesto un alto mucho antes. Pero se viene un 2026 en el cual deberá existir un recambio de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral, en la Contraloría General de Cuentas, en la misma Corte de Constitucionalidad y en el Ministerio Público. Los intereses por la reelección de dichas autoridades están a flor de piel. Hay que estar atento y promover la participación y veeduría ciudadana para que se obtengan resultados no manipulados por intereses espurios.
Concluyo diciendo que hay otra acepción de critarquía que es el sistema político basado en una justicia igual para todos. Creo que la urgencia más grande del país no es la infraestructura, vial o de otro tipo, sino prácticamente refundar la forma de elección de los organismos de justicia y los aparatos de control del Estado para que exista justicia igual para todos y un sistema plenamente democrático y republicano que permita la participación ciudadana. Las élites de todo tipo académicas, políticas y económicas deben asumir ese reto y hacerlo propio. Esperemos que en 2026 vayamos en esa senda.
