El humo blanco finalmente salió del Congreso. Pero, más que símbolo de acuerdo, parece reflejar el arte de la conveniencia. Hace algunos años, cuando gobernaban partidos como La Gana, se reformó la Ley Orgánica del Congreso para permitir la elección de la Junta Directiva noventa días antes del 14 de enero, fecha que la Constitución establece como el momento para reunirse y elegir a sus autoridades.
Siempre me he preguntado si esa práctica es realmente constitucional, porque la Carta Magna dice con claridad que “el Congreso deberá reunirse el 14 de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria, y elegirá su Junta Directiva”. Pero más allá del debate jurídico, lo que vale la pena preguntarse es si esta anticipación es conveniente.
Yo creo que no. Así como hemos criticado las reformas constitucionales que establecen que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se elija cada año —lo que ha llevado a la politización del sistema judicial—, también hemos visto los problemas que causan este tipo de disposiciones, como cuando el vocal primero debe asumir mientras se logra elegir a un nuevo presidente o presidenta.
El tema cobra aún más relevancia hoy, porque las reformas constitucionales de 1993 provocaron que, en un mismo año, deban elegirse el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Contralor General de Cuentas, el Rector de la Universidad de San Carlos, el Presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria. Todo esto recae en una misma legislatura, que además ya eligió a las cortes de justicia. Aunque el Congreso de la República es un órgano eminentemente político, elegir su Junta Directiva con tres meses de anticipación lo lanza prematuramente a una campaña interna.
Durante al menos dos meses se especula sobre quién será el próximo Presidente del Congreso y cómo quedará conformada la directiva. Luego, una vez electa, el presidente en funciones empieza a perder poder y el presidente electo empieza a ejercerlo. Esto genera un vacío de poder y de dirección política, que afecta el funcionamiento del Congreso.
¿QUÉ PASÓ? Como todos sabemos, esta vez el gobierno de turno no logró presidir el Congreso. En su intento fallido, la Corte de Constitucionalidad determinó que el partido de gobierno estaba suspendido, por lo tanto, sus diputados pasaban a ser independientes. Y, según reformas previas —que tampoco comparto—, los diputados independientes no pueden integrar la Junta Directiva ni presidir comisiones.
Esto obligó al partido de gobierno a buscar aliados, lo que dio resultado en un inicio, aunque pronto la alianza comenzó a debilitarse. Aun así, logró recuperarse para aprobar la ampliación presupuestaria y otras reformas, entre ellas el controvertido aumento salarial para los diputados, que generó confrontación.
La oposición, atenta al desgaste de la alianza oficialista, aprovechó la coyuntura para tratar de tomar el control del Congreso y orientar tanto la agenda legislativa como las elecciones de segundo grado del próximo año.
Mientras tanto, la bancada oficial, reducida además por divisiones internas, emprendió un intenso cabildeo que, en tiempos de redes sociales y análisis político abierto, no pudo mantenerse en secreto.
NO SE VALE que no hablemos con claridad. La Junta Directiva recién electa está encabezada por quien podríamos llamar el decano del Congreso: un diputado con larga trayectoria y experiencia, capaz de aportar la estabilidad y serenidad que hoy tanto necesita el Organismo Legislativo.
En ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana analizamos quiénes integran la nueva directiva, qué bancadas la integran —ocho—, y qué representan. Algunas parecen pequeñas, otras se sumaron sin estar representadas directamente, (sumando así 10 en total) y todas responden a cálculos políticos que merecen ser comprendidos.
YA ES HORA de entender que legislar a conveniencia —propia o coyuntural— es profundamente dañino para la estabilidad y la gobernabilidad del país. Este tipo de prácticas debilita las instituciones, porque las desvía del espíritu de diálogo y negociación sobre el cual se construyó la Constitución Política de la República de Guatemala, pensada para un sistema republicano y una democracia representativa fuerte, segura y orientada al desarrollo.
Que nos duela el rumbo del país. Que nos duela ver cómo los intereses particulares prevalecen sobre los intereses de la nación. Pero, sobre todo, que ese dolor se convierta en motor para involucrarnos, para exigir y trabajar por cambiar el rumbo de Guatemala. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
