Las extorsiones se han convertido en un lucrativo negocio para las pandillas en Guatemala como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, dejando un impacto en comercios y empresas.
Este delito no lo habían consolidado las pandillas en un inicio de la manera en que operan en los años recientes. Pasaron de asaltos y robos a formas sofisticadas que elevaron los índices de violencia.
Las bombas y los ataques a pilotos de buses han sido un método de intimidación para obtener ingresos. De esto se pueden recordar los bombazos de 2011 y 2016 a buses extraurbanos de Ciudad Quetzal y San José Pinula respectivamente, que detalla una nota de InSight Crime.
Cuando fue el atentado de 2011, la Prensa de Honduras, compartió datos de las extorsiones a buses en Guatemala detallando que en esa época, los empresarios del transporte terminaron pagando durante 2010 un promedio de Q12 millones a las pandillas por las extorsiones.
En una investigación del Ministerio Público, que derivó en condenas de prisión a pandilleros por el bombazo de 2016, se confirmó que estos ataques surgieron a causa de las extorsiones.
La extorsión es el motor económico que las impulsa (a las maras), y representa la mayor porción de sus ingresos, se describe en un documento titulado «El Salario del Miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica», un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un estudio sobre las pandillas en Guatemala, detalla que las extorsiones figuran como el eje central de la actividad delictiva de las maras.
Las extorsiones se realizan a los comercios, vendedores ambulantes y transportistas. Otras formas de ingresos provienen de robos y hurtos, homicidios por encargo, narcomenudeo y prostíbulos.
El referido informe observó tres etapas en las que ha evolucionado este fenómeno de las pandillas junto a su forma de financiarse.
Entre 1985 a 1996 se considera que fue la etapa de «implantación» con la llegada de los primeros pandilleros deportados desde Estados Unidos, quienes se ubicaron en la ciudad capital, teniendo como sus principales actividades: robos y consumo de drogas.
De 1996 a 2003 se considera fue la etapa de «consolidación» cuando comenzaron a expandirse hacia otros puntos fuera de la capital. Asimismo, sus actividades delictivas se ampliaron siendo: robos, asaltos, asesinatos, disputas territoriales, violaciones, y consumo de drogas.
La tercera etapa que abarca desde 2003 a la actualidad, según el estudio, es de «expansión», logrando presencia en varios departamentos del país, incluyendo en donde habitan las comunidades indígenas.
En cuanto a sus actividades delictivas, se estima que además de las ya descritas, es desde 2003 cuando comienzan a extorsionar, los asesinatos se ejecutan con sadismo, se busca el control de las cárceles por parte de las pandillas, se observa en algunos grupos que practican cultos satánicos, fabricación de armamento, cobros de impuestos y, la interacción regional centroamericana y con los mareros de EE.UU. a través de internet.
Según un análisis de la Universidad Galileo, en la jerarquía de la estructura del Barrio 18, son los segundos al mando, es decir, el «homie brincado» el encargado de las finanzas de la pandilla.
El cobro de las extorsiones se le delega a los de bajo rango de la pandilla. Los denominados «paro» tienen, entre sus funciones, recoger el dinero que le han exigido a particulares, comerciantes, etc. Para esta tarea, les apoyan las «jainas», las parejas de los pandilleros.
IMPACTO EN COMERCIOS Y EMPRESAS
La BBC visitó recientemente Guatemala y documentó los territorios bajo el control de las pandillas. El reportaje incluye entrevistas a comerciantes de barrio, los cuales se ven obligados a pagar la extorsión.
Una propietaria de una abarrotería detalló a la BBC que le exigen Q500 quincenalmente. Explica que si no paga o paga incompleto, la asesinan.
Al respecto, en la nota de La Hora Cierre de negocios en 2024: extorsión y migración, los factores clave, se presentan los resultados del Monitor Global de Emprendimiento.
De esto, se explicó que hay un aumento en las cifras de cierres de emprendimientos, señalando dos causas: extorsiones y migración.
En algunos casos, los emprendedores que se lo pueden permitir, se ven en la necesidad de hacer una inversión económica adicional en la contratación de servicios de seguridad privada.
Un análisis de Diálogos demuestra el incremento de las extorsiones en el país en la última década. De 5 mil 151 extorsiones denunciadas en 2015, se elevó a 16 mil 636 en 2023.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) determinó que en promedio se registran 68.43 extorsiones diarias en la actualidad.
Asimismo, de enero a septiembre de 2025 son 10 municipios los que abarcan el 42% de las denuncias por extorsión, siendo Guatemala el departamento que concentra 6 municipios con este flagelo: Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Amatitlán, San Miguel Petapa y Villa Canales.
El municipio de Guatemala es el mayor afectado y representa el 21% de las extorsiones, registrando 4 mil 300 denuncias de enero a septiembre del presente año. En 2024 en los mismos meses se reportaron 4 mil 199.
El 20 de octubre de 2025, con 144 votos a favor, el Congreso de la República aprobó el Decreto 11-2025 que declara a las pandillas como terroristas.
La medida fue aplaudida por el sector empresarial. En un comunicado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expuso el impacto de las extorsiones.
«Durante años, miles de empresarios, comerciantes, trabajadores y ciudadanos hemos sido víctimas de extorsión y violencia por parte de estructuras criminales que atentan contra la vida y la economía de los guatemaltecos», puntualizó el Comité.
Debido a ello, al Cacif calificó el citado decreto como «importante para fortalecer el marco legal y dotar al Estado de mejores herramientas para enfrentar a las pandillas y redes de extorsión, atendiendo así, una demanda urgente de toda la sociedad».
Sin seguridad no hay desarrollo.
Valoramos la aprobación de la Ley Antimaras como una herramienta clave para fortalecer la justicia y recuperar el control institucional.
Lee el comunicado completo aquí ⬇️https://t.co/Fyj3tr2ZLM pic.twitter.com/1uKerD04VM
— CACIF (@CACIFGuatemala) October 23, 2025
