El Gobierno de Guatemala informó que el Decreto 09-2025, el cual exoneraba de efectuar los estudios de impacto ambiental a ciertos grupos como organizaciones benéficas o iglesias, fue vetado de acuerdo con el Artículo 178 de la Constitución.
Ya el presidente Bernardo Arévalo anunció en una última conferencia de prensa que convocaría a Consejo de Ministros para proceder con el veto al «implicar un grave retroceso ambiental para el país».
De acuerdo con la Presidencia, el decreto que reformaba la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86) limitaría únicamente a las actividades comerciales la obligatoriedad de contar con una Evaluación de Impacto Ambiental, «excluyendo así a sectores importantes de la economía y a todo sector público, poniendo en grave riesgo al ambiente».
El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/y63qOqbtwu
— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) November 5, 2025
El segundo veto de Arévalo corresponde a un análisis jurídico que identifica que la legislación aprobada contraviene la Carta Magna, ya que vulnera el precepto de seguridad jurídica, los principios de igualdad y de irretroactividad de la ley, preeminencia de tratados y convenciones internacionales, o también la obligación constitucional de propiciar el desarrollo del país previniendo la contaminación en equilibrio ecológico, como lo señala el comunicado compartido.
Patricia Orantes, titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), fue una de las figuras del Ejecutivo que se oponían a la promulgación del decreto, «Guatemala y el mundo debemos caminar hacia más cuidado ambiental, no menos. Gracias presidente, vicepresidenta y compañeros de Consejo de Ministros», dijo ella en respuesta al veto.
Sin los 107 votos para rechazar veto, alianza de oposición recurrió a “nueva jugada”
Por lo pronto, aún se espera la respuesta del Congreso ante la decisión del mandatario, ya que en la última ocasión que Arévalo hizo uso del veto para el Decreto 07, Ley que dotaría de más fondos a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), los diputados buscaron la manera para frenar la acción del Ejecutivo.
Al no contar con los votos para rechazarlo, señalaron que la publicación del veto en el Diario Oficial no contaba con fecha de entrada en vigencia, por lo cual, debido al día en que fue anunciado, los parlamentarios asumieron que este veto quedaba fuera del plazo que Arévalo tenía.
