La destitución de un juez, es un proceso administrativo que se encuentra regido por la Ley de la Carrera Judicial, esta ley regula el procedimiento administrativo que comienza en la Junta de Disciplina Judicial y culmina con la decisión final de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este proceso generalmente sigue estos pasos del que comienza con la denuncia en contra del togado, relacionando las posibles faltas del funcionario judicial, el que puede incluir mala conducta, incapacidad, incumplimiento del deber, corrupción u otras faltas graves contempladas tanto en la Constitución Política de República de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, entre otras normativas. Puesta la denuncia se investiga de manera preliminar por medio de la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial que es la entidad encargada de investigar las faltas administrativas y disciplinarias de los jueces. Luego de la investigación hace la recomendación de la Junta de Disciplina, y tras la investigación, si se confirman faltas graves o gravísimas, la Junta de Disciplina emite una recomendación, que puede incluir la destitución. Dentro de este proceso administrativo, se hace la revisión y decisión del Consejo de la Carrera Judicial y la Corte Suprema de Justicia, esta recomendación es elevada al Consejo de la Carrera Judicial y, posteriormente, a la Corte Suprema de Justicia. La CSJ es la máxima autoridad que determina si confirma o revoca la destitución, iniciando el proceso correspondiente conforme a la ley. El Juez denunciado tiene derecho a la defensa y a un debido proceso, con las garantías establecidas en la ley. Dentro del proceso se encuentra:
- Faltas Graves: Las causales de destitución suelen estar relacionadas con faltas graves, como se ha visto en casos reales donde jueces fueron destituidos por consumo de alcohol en horas laborales o permitir situaciones irregulares dentro de un juzgado.
- Inhabilitación: La destitución por faltas graves a menudo incluye la inhabilitación para ocupar otros cargos judiciales en el futuro.
- Juicio Político (Antejuicio): Para jueces de la CSJ o de salas de Apelaciones, el proceso puede requerir un antejuicio (proceso de destitución política) que debe ser conocido por el Congreso de la República si la falta es de naturaleza constitucional o penal, antes de cualquier proceso administrativo o judicial.
El presidente Bernardo Arévalo se ha enfrentado a grandes retos, al conocerse que había triunfado en los comicios del 2023, iniciándose una cacería para despojarlo de su investidura con argumentos espurios, que con el correr de los meses fueron superados por la presión internacional y las etnias que exigieron se cumpliera la decisión del pueblo. El mandatario aseguró que se tenía que enfrentar a grandes desafíos al no permitir la corrupción, un mal que por años contaminó a todos los entes del Estado que se han asociado a políticos y funcionarios corruptos, para amasar fortunas y tener a Guatemala, en abandono, retroceso y no progresar.
Desafortunadamente para el presidente Arévalo, algunos diputados elegidos, y jueces probos han tenido una lucha contra el Ministerio Público, que se ha identificado como su primer enemigo, haciendo denuncias espurias y políticas en los tribunales que se han asociado a la Fiscal General María Consuelo Porras, para frenar la administración del hijo de quien fue un excelente mandatario que en la era democrática ha tenido Guatemala, Juan José Arévalo Bermejo, que transformó al país en una era de progreso que en el correr de los años se desmoronó por los hechos que sucedieron en años anteriores que son del dominio de la población.
La lucha para despojar de la presidencia a Arévalo y a los diputados que apadrinó el Movimiento Semilla, sigue dejando una estela de inconformidad y desasosiego. El juez Fredy Orellana, al asociarse con grupos corruptos ilegalmente ha aceptado las acciones inconstitucionales del Ministerio Público, que no tiene base legal, más bien política. Por sus propias pistolas solicitó despojar de la investidura a los diputados del Movimiento Semilla y de la presidencia a Arévalo y a la vicepresidenta Karen Herrera, un hecho sin precedentes que violenta el Estado de Derecho con clara violación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Constitución de la Republica.
Arévalo denunció ese hecho inconstitucional y violatorio a la voluntad del pueblo, a la Comunidad Internacional, que emitió sendos comunicados en favor de la democracia y censuró al Organismo Judicial y al ente investigador, dando por sentado que debe respetarse la voluntad del pueblo expresado en los comicios del 2023.
Las acciones del Ministerio Público van más allá de sus funciones. La Fiscalía Especial Contra la Corrupción que dirige Rafael Curruchiche Cucul, ha promovido solicitud de antejuicio contra Arévalo, imputándole acusaciones que no tienen base jurídica. El mandatario en respuesta del funcionario del MP promovió antejuicio contra Curruchiche por varios delitos.
En el caso de los diputados de Semilla, la Corte de Constitucionalidad ratificó la resolución que dictó en diciembre, dando por seguro que el proceso electoral, daba por ganador a Arévalo y a los legisladores de Semilla. Esa resolución es válida para remover al juez Orellana, pero previamente a ello, tiene que cumplirse con lo que establece la Ley de la Carrera Judicial, escuchar al imputado para que presente sus argumentos y trasladar su remoción a la Corte Suprema de Justicia, para oficializar la destitución del conflictivo juez, al igual que magistrados y funcionarios de administración de justicia, el Congreso y el Tribunal Constitucional, libran una lucha contra el jefe del Ejecutivo y su administración.
Las acciones del Juez Orellana son un delito flagrante y público que procede su destitución que sirve de antecedente contra aquellos sujetos que tienen en la mira a Arévalo, que tiene el apoyo de la comunidad internacional y de los guatemaltecos que pugnan por una Guatemala, de progreso para abrir las puertas a la comunidad internacional para invertir en nuestro país.
El artículo 203 de la Constitución Política dice en su parte conducente: “La justicia se imparte de conformidad con la constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado”. Pero algunos juzgadores, esas disposiciones se las pasan por el arco del triunfo y se pliegan a intereses políticos. Prueba de ello las resoluciones de los magistrados, y jueces que no compaginan con los postulados constitucionales. No hay que dejar por un lado las acciones politiqueras y sus compinches.
