El gobierno de Bernardo Arévalo, a través del Ministerio de Gobernación (Mingob) prevé la construcción y remodelación de al menos tres cárceles de máxima seguridad. Tres consultados con La Hora al respecto del tema, en tanto, hicieron ver los posibles efectos de instalar estos centros de detención en zonas pobladas por la movilización de miembros de estructuras criminales hasta las localidades.
Luego del crisis en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) por la fuga de 20 reos del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II, el presidente Arévalo dio a conocer medidas para el reforzamiento de los presidios, lo cual incluye la construcción de una cárcel de máxima seguridad que será construida por el Cuerpo de Ingenieros de Guatemala con los “más altos estándares”.
Aunque, no se han brindado mayores detalles sobre la construcción de este centro de privación de libertad, se conoció que el tema estará a cargo del Consejo Nacional de Seguridad.
El 6 de octubre pasado, el entonces titular del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, dio a conocer sobre la remodelación de la prisión ubicada en Santa Elena, Petén, para transformarla en una cárcel de máxima seguridad, que será conocida como Renovación II.
Sin embargo, este martes 4 de noviembre, el titular de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, dio a conocer que se dio marcha atrás a la decisión, por lo que se prevé que se inicie la construcción en un terreno aislado, en el departamento de Izabal.
De la misma forma, se prevé la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el municipio de Masagua, Escuintla, el cual fue prometido durante la administración de Alejandro Giammattei.
Sin embargo, el exjefe de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoció en reiteradas ocasiones los retrasos que experimentó el proyecto.
«Lamentablemente, durante el 2024 se dieron retrasos en la preinversión que atrasaron el proceso, y hasta este primer semestre del 2025 se concluyó la primera fase. Esto ha provocado un retraso de un año», admitió el exfuncionario en agosto pasado.
La ocupación de terrenos cercanos al área destinada a la edificación carcelaria por parte de vecinos que se resisten a la construcción, fue otro de los factores que dificultaron el avance del proyecto.
RIVERA: RIESGO PARA LA POBLACIÓN
Sobre el tema, el exviceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, resaltó que el problema es que muchas de las cárceles en Guatemala, ya están ubicadas dentro de las ciudades, como es el caso de Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango y la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo a Rivera Clavería, el problema es que las estructuras criminales en Guatemala tienen un nivel de sofisticación mucho más alto, a la vez que tienen muchísimos contactos en los diferentes organismos del Estado e instituciones del Gobierno, por lo que, tienen un poder real, especialmente en el Sistema Penitenciario, en donde manejan las cárceles, lo que recalcó que es innegable.
También, remarcó que el problema no solo es del actual gobierno, sino que es una problemática que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y que, hasta el momento, no se ha logrado solucionar.
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“Entonces, al construir usted una cárcel de máxima seguridad en una ciudad o en un municipio, el problema es que efectivamente muchos de los familiares, amigos y gente que forma parte de la estructura criminal se trasladan a esos mismos municipios o a esas ciudades para estar más cerca de sus líderes o de sus dirigentes criminales y al final se va desarrollando una estructura en las nuevas áreas y eso sucedió en Chimaltenango, va a suceder en Masagua, en Escuintla, ha sucedido aquí en la capital, en la zona 18, especialmente, y por lo tanto es una realidad que tenemos que tener muy en cuenta”, subrayó.
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De esta cuenta, remarcó la importancia de construir cárceles de medida o de máxima seguridad en lugares alejados y totalmente aislados.
El experto en temas de seguridad remarcó que el Estado debe comprar extensiones grandes de tierra para aislar el centro de los lugares poblados, como se hace en cualquier otro país medianamente desarrollado.
Rivera Clavería también sostuvo que para cambiar la situación de las pandillas, es necesario coordinar esfuerzos entre el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y Estados Unidos, país que recientemente designó a estas estructuras criminales como grupos terroristas, lo cual permitirá la extradición rápidamente de aquellos criminales que han cometido hechos en otros países como El Salvador o en el territorio norteamericano.
“Y creo que para frenar esto es un trabajo integrado en el que hay que mejorar condiciones de vida, pero también fortalecer los cuerpos de seguridad y fortalecer sobre todo a las familias porque hay una pérdida completa y total de valores hoy que es lo que ha permitido que estos grupos se vayan cada vez fortaleciendo mejor”, indicó.
Además, sostuvo que cuando se piense en construir cárceles de máxima seguridad, se debe de tener claro que hay que tener prisiones fuera de las ciudades, de los municipios, de las aldeas, por lo que su construcción debe ser en áreas remotas y aisladas en las que no haya contacto con la ciudadanía.
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MORALES: AISLAMIENTO
Asimismo, el exdirector del Sistema Penitenciario, Eddy Morales destacó que se debe tomar en consideración las áreas de ubicación de las cárceles, ya que muchas veces cuando los reclusos son trasladados a este tipo de prisiones, los miembros de las agrupaciones criminales empiezan a vivir en los alrededores.
El analista resaltó que la situación puede estar relativamente tranquila en el lugar donde será construida, pero al trasladar los reclusos de alta peligrosidad, se va a requerir un aislamiento de al menos 2 kilómetros.
También, enfatizó en que debe revisarse la logística del lugar, así como el tipo de guardia que resguardará las instalaciones, ya que debe ser un uniformado muy bien seleccionado, entrenado y capacitado.
Al mismo tiempo, resaltó que se deben de implementar medidas de seguridad aplicando tecnología, con circuitos cerrados de televisión, suficientes alarmas, así como sensores de movimiento, además, de controles de ingreso y egresos, los cuales deben estar muy bien definidos y quien los controlará.
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“¿Que se pueda incrementar la criminalidad? Todo va a depender directamente del personal que se encuentre ahí a cargo de la prisión. Que los anillos de seguridad presten apoyo al sistema penitenciario, entiéndase policía y ejército, entonces también deben tener personal muy bien capacitado, no digamos a quién lo está administrando, que sería la Guardia”, expuso.
De acuerdo con el experto, para la mejora de las cárceles se deben mejorar las prisiones que están habilitadas, en donde se deben de construir módulos de máxima seguridad en los mismos centros de cumplimiento de condenas, y no en los preventivos.
Morales resaltó que ello evitará que la población rechace la construcción de prisiones, a la vez, que remarcó que se deben evaluar los estudios de impacto ambiental, se deben de realizar estudios de efectividad, hacer análisis y estudios de situaciones.
Para el experto se debe construir una prisión efectiva, es decir, una cárcel bien hecha, y no aferrarse a medidas mediocres.
“Las iniciativas son buenas. Ahora todo depende del recurso humano que van a poner, que tomen en cuenta la logística, que tomen en cuenta el aseguramiento de la misma prisión, y con ello, la tecnología que van a colocar, y con todo esto tiene que ser también un personal muy capacitado, muy bien entrenado, porque si no van a utilizar el mismo tipo de guardia, pues lo mismo les va a suceder, lo que pasó en Fraijanes II, van a volver a corromperse”, remarcó.
POLANCO: SE DEBE CONSULTAR A LA COMUNIDAD
El analista del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Mario Polanco, resaltó que la construcción de este tipo de edificaciones debería de ir de la mano de lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas, ya que se trata de una obra grande que puede afectar no solo las relaciones entre las personas, sino también a los vecinos y las instituciones.
Polanco aseguró que así como se debe de realizar consultas para colocar una hidroeléctrica o una mina, también, se debe de tratar el tema exactamente igual cuando se construye un centro de detención, ya que la población siempre “termina pagando las consecuencias”.
De acuerdo con el analista en seguridad, se debe hacer una consulta en la que se haga ver a la población los peligros y los beneficios que podría conllevar la construcción de la cárcel.
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De acuerdo con Polanco, se podría hablar de cárceles en lugares aislados, pero en Guatemala hay tantos habitantes, que un lugar aislado puede ser difícil de encontrar; sin embargo, podría encontrarse un espacio en el que no haya necesidad de bloqueadores, sino que simplemente no haya antenas.
“De repente, una finca, hay fincas grandes en este país, los grandes latifundistas tienen grandes extensiones, que se les pudiera comprar una parte y hacer hasta un camino donde no haya población, de esa manera no se afectaría a nadie. Ya si la población crece a través del centro de atención, pues eso es otra cosa, pero en el momento, si se logra algo así, pues sería un beneficio”, indicó.
