El proceso de aceptación de propuestas ciudadanas para aportar a la Ley de Aguas que presentará el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en 2026, finalizó el 2 de noviembre con más de mil comentarios recibidos en la plataforma habilitada.
Según lo declarado por la ministra Patricia Orantes, las propuestas serán tomadas en cuenta para organizar el dictamen de la ley y conformar el expediente, proceso que dará inicio este 4 de noviembre, registrando un total de 1 mil 117 propuestas dejadas como comentarios.
Así también, se agregarán a las 119 propuestas recibidas que presentaron diferentes sectores del país durante los recorridos que hizo la cartera desde el 29 de abril al 30 mayo pasado.
Ley de Aguas a la espera de dictámenes y expediente con propuestas para ser entregada en 2026
Hasta el momento, la iniciativa no tiene fecha establecida para ser presentada como Ejecutivo al Congreso de la República, indicando únicamente que se tiene planificada para inicios del 2026, la cual contará con la creación de una Superintendencia del Agua y el otorgamiento de licencias para el uso comercial de ese recurso natural.
«Todas las estamos considerando. Vamos a bajar ahorita este domingo y empieza el proceso para emitir dictámenes por parte de todas las instituciones y armar el expediente que esperamos acompañe la iniciativa de ley del presidente de la República para llevarla al Congreso muy temprano el año entrante», señaló Orantes con respecto a la ley.
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INSTITUCIONALIDAD DEL AGUA Y LICENCIAS
Sobre la Superintendencia Nacional del Agua, Orantes justificó durante la conferencia de prensa de este martes 21 de octubre, que no hay una entidad en Guatemala que vele por el agua, por lo que se requiere de «una figura que buscaría ser autónoma, con su propio régimen laboral protegiendo la gestión del agua de los cambios de Gobierno y de las debilidades que hoy tiene nuestro servicio civil».
Al respecto de la diferenciación entre sus usos domésticos y comerciales, Orantes explicó que la Ley de Aguas tiene dos vertientes. Aquellos fines que son de uso común, incluyendo actividades de riego para cultivo de subsistencia, y los que representan la venta o la comercialización de bienes y servicios que utilicen el agua.
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