A menos de dos meses para que termine el año, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) acumulan poco más de Q8 mil 500 millones sin ejecutar de los proyectos de inversión para los que fueron asignados dichos recursos en 2025.
Aunque es factible que el porcentaje se acelere en lo que resta del año, es probable que una gran cantidad de esos recursos quedarán para ser utilizados en 2026, cuando la atención política empezará a centrarse en las elecciones generales de 2027.
Los recursos quedarán a disposición de los Codedes, gracias al Decreto 7-2025, «Ley de fortalecimiento financiero y continuidad de los proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural» —Ley de Codedes—, que el Congreso aprobó a inicios de septiembre pasado y el presidente Bernardo Arévalo vetó, pero que gracias a interpretaciones legales dudosas de diputados de oposición, la Corte de Constitucionalidad (CC) finalmente avaló.
El artículo 3 de esta ley modifica el 45 Ter de Ley Orgánica del Presupuesto y dice que «los saldos por devengar no desembolsados de las asignaciones extraordinarias otorgadas» a favor de los Codedes se deberá trasladar a la Cuenta Única del Tesoro de estos Consejos en donde «permanecerá disponible para la continuidad de los procesos de ejecución y pago de obras».
Esta disponibilidad permanecerá incluso en los casos en los que el cierre del ejercicio fiscal, los Codedes no cuenten con convenios firmados para la ejecución de obras y pasará para gastarse en 2026 e incluso en 2027.
La Ley permite que los fondos queden a disponibilidad de los Codedes, incluso aunque no se cuente con los detalles de la obra a ejecutar. El Consejo a cargo podrá presentar dicho detalle de obra a ejecutar el último día hábil de febrero.
NÚMEROS EN ROJO
La Hora revisó los portales de internet en donde se registran los recursos asignados, trasladados y ejecutados de los Codedes. Los números reflejan que estos apenas han ejecutado, en promedio, el 31% del total del presupuesto disponible para este año.
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Puntualmente, el techo presupuestario de los Consejos este año es de Q12 mil 246 millones, y la ejecución hasta el 3 de noviembre era de Q3 mil 677 millones. Esto significa que el bolsón sin ejecutar, hasta el momento, llega a Q8 mil 569 millones, de acuerdo con el portal «Control de desembolsos y transferencias a los Codedes«, de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
Generalmente, los contratos que firman las municipalidades, como unidades ejecutoras, contemplan la entrega de un pago inicial por cada proyecto, pero este debe pasar por un proceso de autorización que involucra a diversas entidades públicas.
Después, el Ministerio de Finanzas (Minfin) va haciendo los desembolsos, dependiendo del avance físico de cada proyecto.
El sitio detalla que en lo que va del año el Ministerio de Finanzas (Minfin) le ha desembolsado a los Codedes Q5 mil 34 millones. En relación con este monto, la ejecución es del 73%, lo que significa que los Consejos tampoco han ejecutado todo lo que ya les trasladó el Tesoro.
Los peores números los tienen los Codedes de Izabal y Chiquimula que no llegan ni siquiera al 20% de ejecución, mientras que los de Zacapa, Huehuetenango, Chimaltenango Totonicapán y Suchitepéquez, no superan el 30%.
La poca capacidad de ejecución de los Consejos se ve reflejado en todos los departamentos, lo que se comprueba con que, incluso departamentos que llevan más porcentaje de gasto, apenas han superado el 40% cuando faltan menos de dos meses para que concluya el año.
Al revisar la ejecución presupuestaria por municipio, La Hora constató que en algunos, el porcentaje de ejecución no llega ni siquiera a los dos dígitos. Algunos de ellos son: Ipala (3%), San Jacinto (9.5%) y Quezaltepeque (7.8%), en Chiquimula.
Además, Pochuta, en Chimaltenango, que lleva 9%; así como San Bernardino (5.8%), en Suchitepéquez. Mientras que, en Huehuetenango, Tectitán y Nentón, han ejecutado entre el 4% y el 6%, en tanto que Unión Cantinil es el último lugar de los 340 municipios, ya que su porcentaje de ejecución apenas es del 0.85%.
Otros como Barillas, Malacatancito y San Mateo Ixtatán, tampoco han podido llegar a los dos dígitos en cuanto a su ejecución, en relación con el presupuesto.
EN QUÉ HAN GASTADO
De acuerdo con el mismo sitio revisado por La Hora, este año, se plantearon 7 mil 603 proyectos de inversión en los 340 municipios, de los cuales ya se aprobó la mayoría y solo quedan pendientes 204, en departamentos como Quetzaltenango, Totonicapán, Sacatepéquez y Guatemala.
Los Codedes han priorizado los proyectos carreteros para la ejecución de recursos. El sitio Transparencia Presupuestaria del Minfin detalla que la mayoría de fondos que ya fueron trasladados a los Codedes son para carreteras, un total de Q2 mil 843 millones.
En seguida, obras para el acceso al agua entubada representan Q752.1 millones. Los destinados para la construcción o remodelación de edificios educativos de nivel primaria, Q519.8 millones; en proyectos para la ordenación de aguas residuales (plantas de tratamiento), Q481.6 millones; mientras que para servicios hospitalarios, Q191 millones.
Luego, los proyectos relacionados con educación preprimaria, básico y diversificado, suman Q183.3 millones. Muy hasta abajo, los proyectos que menos han sido priorizados por los Codedes, son los que tiene que ver con el manejo de la basura (ordenación de desechos) en donde se han trasladado Q19 millones (apenas el 0.4%), y de agricultura, Q5 millones.
Este medio hizo una solicitud de comentarios a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), entidad encargada de coordinar a los Codedes, pero no se obtuvo respuesta.
Vía mensajes de texto se le consultó a la oficina de Comunicación, las perspectivas o estimación que tienen acerca de la ejecución de los Codedes, para lo que resta del año, es decir, a cuánto estiman que subirá la ejecución y qué llamado se les hace a los consejos. Asimismo, si el Gobierno pretende implementar algún proceso de apoyo para agilizar el gasto.
RECHAZO
La Ley de Codedes generó rechazo entre círculos políticos y académicos, no solo por el traslado de recursos para los años siguientes, sino también porque, según la norma aprobada, podría permitirse la ejecución de obras sin los avales técnicos de diversas instituciones.
El artículo 2 da un plazo de cinco días para que las autoridades gubernamentales emitan los dictámenes, y de no hacerlo se tomarán los proyectos como viables.
“Al imponer de manera inconsulta, sin fundamento técnico y posiblemente inconstitucional el plazo máximo de cinco días para la emisión de resoluciones y avales, esta ley atenta contra el mandato y las facultades legales de las entidades responsables de emitirlos, constituyendo una forma de coerción ilegítima”, dijo al respecto, en un comunicado, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscalles (Icefi).
Subrayó que el “afán de agilizar la ejecución presupuestaria no justifica debilitar o suprimir los controles establecidos, ni limitar las facultades de las entidades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias y demás procedimientos vinculados con la ejecución de los presupuestos”.
En similar línea se pronunció el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), al señalar que dicha ley vulnera la anualidad del presupuesto y relaja «controles clave», mientras que Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras señaló que la norma da atribuciones al Ministerio de Finanzas que no le competen.
