La indiferencia del pueblo es un desacierto al igual que lo es la corrupción y ambas se alimentan sin ponerse jamás a tono, pues sus intereses viajan por distintas rutas. Resultado: más de la mitad de la población lleva estilo de vida que no satisface sus derechos humanos.
La experiencia del pueblo siempre ha sido mala: no sabe elegir, no sabe que apoyar, se resigna a sobrevivir y es comprensible y doloroso sentir esa profunda desconfianza y resignación ante la corrupción y la mala gestión.
Constantemente se afirma que el sentimiento nacional de que «nada se puede hacer» es la principal herramienta de quienes se aprovechan de ello. Los académicos repiten a diario que no es la pasividad, sino la organización, participación cívica y la exigencia activa la que lleva al cambio, pero del habla al hecho todo lo dejan en palabras.
Muchos estudiosos del tema señalan que la debilidad del pueblo no es la falta de capacidad, sino la falta de unidad y herramientas para fiscalizar. Eso implica Organización Cívica. Formar o apoyar organizaciones no gubernamentales y estas que sean capaces de mecanismos de control social en los que la ciudadanía o grupos organizados vigilan la gestión de lo público, incluyendo la planificación, presupuesto, contratación y ejecución de obras y proyectos. Esto a su vez –señalan los que saben– debe acompañarse de exigencia de transparencia cuyo significado es establecimiento de tecnologías de Gobierno Abierto (datos abiertos, presupuestos participativos, información accesible en línea) para que las acciones gubernamentales sean visibles para todos. Si los funcionarios saben que serán observados, son menos propensos a la corrupción.
Todo lo mencionado arriba, exige crear y utilizar canales seguros y efectivos para la denuncia de actos de corrupción. Es crucial que la sociedad civil y las instituciones de justicia brinden respaldo a los denunciantes. Y finalmente para que todo lo de arriba funcione, se necesita que el gobierno se centre no solo en la eficiencia (desempeño), sino también en los valores (integridad y apertura) para reconstruir la confianza.
Ese gran marco teórico mencionado se puede encontrar en cualquier libro de texto de ciudadanía, soberanía y forma de gobernarse. Si el pueblo «no sabe elegir» o «no sabe qué apoyar» y no sabe “ejercer su función ciudadana”, la solución a largo plazo es la formación. Pero a nadie realmente –hablo de grupo social– le ha interesado embarcarse en la meta de formación ciudadana. Los profesionales conocedores de las limitaciones, hablamos y renegamos de esa falta, pero no hacemos nada al respecto, pues el lema universitario de “id y enseñad” solo lo aplicamos dentro de los recintos académicos, fuera son otros.
Creo que, si un gobierno central y los locales reamente persiguen ir tras el cambio, lo que está y queda por hacerse es, fundamentalmente, la recuperación de la dignidad cívica. Significa pasar de la resignación de «sobrevivir» a la convicción de «gobernarnos a nosotros mismos» mediante la vigilancia constante de los que nos representan, utilizando mecanismos de control social en los que la ciudadanía o grupos organizados vigilen la gestión de lo público, incluyendo la planificación, presupuesto, contratación y ejecución de obras y proyectos. Grupos que puedan monitorear contratos públicos, presupuestos y el desempeño de los funcionarios de manera constante y especializada.
Insisto: ante lo que tenemos y como estamos, la innovación gubernamental debe ser comandada por la fiscalización. Si la prensa tradicional no fiscaliza y los colegios profesionales y otros grupos sociales no denuncian, la ciudadanía debe echar manos a las herramientas que tiene a la vista: hablo de Periodismo Ciudadano y Redes Sociales: Utilizar las plataformas digitales para fiscalizar y difundir de forma independiente. Esto incluye la creación de observatorios ciudadanos en línea, fact-checking independiente y la documentación digital de la corrupción. La clave es la verificación descentralizada de la información.
Constitucionalmente esto es posible. Aun si el gobierno es corrupto, a menudo está obligado a publicar datos (de presupuesto, contratos). Lo que queda es que grupos pequeños de voluntarios de los que carece nuestra sociedad (analistas, contadores, informáticos, investigadores) utilicen esos datos para encontrar patrones de corrupción y hacerlos públicos de forma visual y accesible. Solo así se puede pasar a generar lo denominado Litigio Estratégico y Denuncia Legal: Identificar y apoyar legalmente a casos de alto impacto que expongan la corrupción, utilizando las pocas instituciones de justicia que puedan seguir siendo funcionales o bajo presión internacional. El objetivo no es ganar todos los casos, sino ejercer presión y establecer precedentes.
