POR KIMBERLY LÓPEZ
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El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) publicó en el Diario Oficial un acuerdo gubernativo con el que emitió un reglamento de manejo de subsidios y subvenciones.
Según este acuerdo, las entidades públicas que otorgan subsidios deberán celebrar convenios, incluyendo detalles como el monto total y beneficiario, estructura presupuestaria, metodología para la evaluación de impacto, sistemas de información y monitoreo.
El titular de Finanzas, Julio Héctor Estrada, explicó que la cartera a su cargo tenía como fecha límite el primer día de abril para emitir este reglamento; el artículo 75 del Decreto 14-2015 ordenaba esta emisión.
La idea del acuerdo es facilitar a las entidades lineamientos para mejorar la evaluación, administración y gestión de programas que incluyan subsidios y subvenciones.
Con esta nueva normativa, la aprobación de los subsidios, el registro de entidades receptoras y personas individuales, así como la programación de transferencias a entidades receptoras quedan sometidos a procesos de control que antes no se implementaban.
Regular este tipo de transferencias es un avance importante en materia de transparencia, sin embargo, Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) destaca la necesidad de que este tipo de normas estén «bien hechas» para no conformar una tapadera para la corrupción, lejos de mejorar los controles.
Barrientos explica que es de aplaudir la emisión del reglamento, pues “es una medida positiva y constituye un paso adelante”.
“Creo que esto va ayudar a transparentar subsidios muy cuestionados como el de transporte urbano de la ciudad capital o las transferencias condicionadas en efectivo. No obstante, se puede advertir que no es suficiente, es un buen paso adelante que esperaríamos que dé lugar a medidas más estructurales y de mayor envergadura”, anota el experto.
El analista explica que dentro de la nueva normativa se hace referencia a la necesidad de evaluar la entrega de estos beneficios, pero sin dejar claro quién haría dicha evaluación.
La recomendación, afirma Barrientos, es que este ejercicio de evaluación lo pudiera hacer la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan).
A esto, el experto agrega que el reglamento no puede resolver uno de los mayores problemas que persisten y es que todo subsidio y subvención debería estar directamente vinculado a una política pública.
“El subsidio a los autobuseros es muy cuestionado por corrupción y falta de transparencia; y no responde a una política pública; es un problema más estructural”, explica, al tiempo que enfatiza en la necesidad de establecer estas transferencias y beneficios a políticas públicas.
