Todo parece indicar que la combinación del firme apoyo de la OEA al gobierno de Arévalo y Herrera y la decisión pronta y contundente de la CC contra la maniobra de Fredy Orellana hará que ruede la cabeza de dicho juez y del fiscal Curruchiche, mandatados por Porras para “dejar vacante presidencia y vicepresidencia”. En los países de América no solamente han sido sus gobiernos los que exigen respetar la institucionalidad democrática en Guatemala; también se han expresado fuerzas políticas, como la Alianza Progresista de las Américas, a instancias del Partido Socialista de Chile. Confío en que la CSJ cumpla con su obligación y no solamente despida a Orellana sino que lo ponga preso. Y, de igual manera, debe presionar a la fiscal general para expulsar al jefe de la FECI. De hecho, debe manifestar públicamente que la acción inconstitucional de la FECI es responsabilidad de la fiscal general y exigirle que renuncie. A esa petición de renuncia debería sumarse con fuerza la sociedad civil -la ciudadanía, universidades, iglesias y, particularmente, la Iglesia Católica al más alto nivel- y los partidos políticos honestos, tanto mediante comunicados públicos como con grandes manifestaciones de repudio.
Aun así, la Porras puede resistirse a renunciar, como lo hizo Otto Pérez durante veinte semanas, aunque al final se le echó. Sería entonces la hora de pedirle al presidente Arévalo que, en función de su potestad constitucional y del artículo 14 de la Ley del Ministerio Público, proceda a su remoción. Dicho artículo dice: «El Presidente de la República podrá remover al Fiscal General por causa justa debidamente establecida. Se entenderá por causa justa la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, por el cual se le haya condenado en juicio y el mal desempeño de las obligaciones del cargo que esta ley establece». Hay dos formas de causa justa: una, cometer delito doloso, para el cual tiene que ser condenado en juicio, con derecho a la defensa; y dos, el mal desempeño de sus obligaciones. Consuelo Porras ha cometido numerosos delitos dolosos, a lo largo de sus siete años de inequidades; pero ha sido imposible abrirle juicio por la protección de las mafias en el Estado. Es una causa imposible de cumplir. La otra causa, sin embargo, ha quedado demostrada en los diez y nueve meses del gobierno de Semilla, como lo prueba el voluminoso expediente que La Hora le ha llevado, con actos ilegales contra gente honesta, por un lado, y, por otro, con la protección constante de criminales y corruptos. Además, hay un principio legal que indica que cuando a una persona se le encuentra cometiendo un delito corresponde a la PNC capturarla de inmediato y luego empezar las investigaciones para determinar las causas de dicho delito y las pruebas de su responsabilidad en el mismo. Porras ha venido cometiendo el delito de subversión y de asociación ilícita para producir golpe de Estado por más de dos años, lo cual confirmó con su reciente petición de antejuicio para Arévalo y Herrera. Si el presidente hace lo que la Constitución lo faculta a hacer, puede estar seguro de que la ciudadanía estará con él.
