El llamado del Presidente Bernardo Arévalo ante un posible golpe de Estado orquestado por el Ministerio Público (MP) y el juez Fredy Orellana marcó la semana en el poder Ejecutivo en la que los antejuicios, así como las órdenes de captura, surgen nuevamente.
Durante su mensaje presidencial, el mandatario hizo un llamado a la comunidad internacional —más concretamente a la Organización de Estado Americanos (OEA)— para obtener el respaldo, tanto en los resultados que lo colocaron en el poder, así como para las cruciales elecciones a Fiscal General, Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tendrán lugar en 2026.
En dicha sesión solicitada para el jueves 30 de octubre, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), Carlos Ramiro Martínez, expuso ante las naciones el intento de desestabilización en el país.
En sesión extraordinaria de la OEA, canciller pide acompañamiento y expone persecución del MP
«La oportunidad de dejar atrás el régimen de corrupción que mi país ha sufrido durante décadas y construir esa nación que los buenos guatemaltecos anhelamos ser», declaró en parte de su intervención.
De igual forma, señaló los intentos de vinculación a casos relacionados con corrupción, como el convenio firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), así como el caso de la fuga de 20 reos del centro carcelario de Fraijanes II.
LAS RESPUESTAS A SEÑALAMIENTOS
En ambos casos, las solicitudes para investigar a funcionarios no se hizo a esperar, siendo la primera de ellas a Joaquín Barnoya y el posible embargo del 35% de su salario en caso de continuar con desembolsos para UNOPS y la adquisición de insumos médicos.
Al respecto, el funcionario declaró: «En primer lugar, no tengo ninguna notificación oficial acerca del caso. Segundo, tengo inmunidad. Tercero, el equipo legal del Ministerio y con el apoyo del gobierno central se tomarán las acciones pertinentes».
Por otra parte, se une a la solicitud de retiro de antejuicio por parte de la Fiscalía de Delitos Administrativo con el fin de iniciar una investigación en su contra tras vincularlo a la fuga de reos de la cárcel Fraijanes II.
«No tengo notificación oficial y tengo inmunidad», dice ministro de Salud por embargo en caso UNOPS
Según indicó el ente investigador, se busca determinar si el binomio presidencial incurrió en el delito de incumplimiento de deberes, al asegurar que estos «ostentan responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y la supervisión de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario».
En ese sentido, el presidente precisó que «como es costumbre» el ente investigador realiza un enfoque de las prioridades de su actuar, centrándose en ataques políticos en contra de su gobierno, no prestando atención a otro tipo de problemáticas en el país.
«Otro intento ridículo por parte del MP. Como es costumbre, enfoca sus prioridades en burdos ataques políticos contra el Ejecutivo, dejando a un lado investigaciones serias de delitos contra la vida, extorsiones y de corrupción», puntualizó la secretaría.
«Otro intento ridículo por parte del MP» Arévalo responde a solicitud de retiro de antejuicio
QUERELLA Y RECURSOS A PRESENTAR
Arévalo adelantó
que interpondrá una querella contra el fiscal Rafael Curruchiche, así como la presentación de una queja administrativa contra el juez Fredy Orellana por posibles acciones de prevaricato.
De acuerdo con lo declarado por el mandatario en conferencia de prensa, la querella será presentada bajo el argumento de que Curruchiche presuntamente cometió delitos en la presentación del caso por el que hizo la solicitud de antejuicio.
En cuanto al juez Orellana, Arévalo indica que además de las quejas, se presentarán acciones legales correspondientes ante las cortes del país para que se realice de manera correcta la supervisión de su actuar por presuntamente haber incurrido en prevaricato en los casos que ha presidido.
ATAQUES CONSTANTES A FALTA DE CONSENSOS
El propio Arévalo ha declarado que los ataques —como los ya vistos— no se detendrán por parte del ente investigador, indicando que se espera que con las elecciones de Fiscal General, estos bajen.
Analistas políticos como Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), afirman que cada vez es más evidente el divorcio entre Arévalo y Porras.
«Cada vez se han ido separando más, pero entonces no hay en este momento elementos para pensar que el presidente y el Ministerio Público puedan encontrar un punto, por lo menos un punto en el que hagan un ejercicio de tratar de construir mínimos consensos para bajarle presión a las actuales conformaciones que vemos», puntualiza Hidalgo.
Por su parte, el Coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Jahir Dabroy, advierte que en caso de llegar a un consenso, esto no significará una tregua para el otro bando, debido a que sus intereses siguen estando de pie.
«Lo más inteligente posible para tratar de encontrar en dónde hay puntos comunes que puedan significar es sentarse y encontrar acuerdos. Y esto no significa amnistía ni otra cosa por el estilo para ninguno de los dos grupos. Significa buscar acuerdos de país. El gran problema es que tenemos actores que abogan por su grupo, pero se olvidan del país», asegura Dabroy.
