El juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana, enfrenta una creciente presión institucional tras haber atendido una solicitud del Ministerio Público (MP), encabezado por la Fiscal General María Consuelo Porras, y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por el sancionado fiscal Rafael Curruchiche. En menos de una semana, el juzgador suma dos denuncias formales —una penal y otra administrativa— y se encuentra en el centro de un vendaval que podría marcar un punto de inflexión en su carrera.
El 24 de octubre, Orellana declaró la “nulidad absoluta” del partido Movimiento Semilla, en una audiencia celebrada a puerta cerrada, acogiendo un requerimiento de la FECI presentado por la fiscal Leonor Morales. La decisión reactivó la crisis institucional que el país vivió tras las elecciones generales de 2023, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) tuvo que garantizar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera ante el intento de golpe de Estado fraguado por el MP.
La resolución del juez fue interpretada por amplios sectores como un nuevo intento de desconocer el orden constitucional y los resultados electorales. Arévalo reaccionó con dureza: convocó a una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció públicamente un nuevo intento de golpe de Estado “en curso” y exigió la destitución inmediata del togado por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“No podemos permitir que un juez como Fredy Orellana siga atentando contra la Constitución y la voluntad popular expresada en las urnas”, advirtió el presidente en cadena nacional dos días después de la resolución tachada de ilegal.
DOS DENUNCIAS Y MÁS EN CAMINO
Tres días después del fallo judicial, el 27 de octubre, diputados oficialistas de la bancada Semilla presentaron una denuncia penal ante el MP contra Orellana. El legislador José Carlos Sanabria, quien encabezó la acción, acusó al juez de abuso de autoridad, sedición, desobediencia y prevaricación. Según el memorial presentado, las resoluciones del juzgador “buscan promover un rompimiento al orden constitucional y desconocer a las autoridades electas en 2023”.
Sanabria afirmó que Orellana “decidió arrogarse poderes que la ley no le concede” y calificó su conducta como “una actitud sediciosa contraria al Estado de derecho”. Los diputados se sumaron y pidieron a la Corte Suprema y a la Junta de Disciplina Judicial actuar de oficio contra el juez y recordaron que la CC emitió en 2023 una sentencia firme que validó los comicios. “Vamos a seguir defendiendo la Constitución, la democracia y la voluntad popular”, aseguró el congresista.
Diputados oficialistas denuncian a Fredy Orellana por abuso de autoridad, prevaricación y sedición
Tres días más tarde, este 30 de octubre, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se sumó a las acciones contra Orellana. Su Junta Directiva, presidida por Patricia Gámez, presentó una denuncia administrativa ante la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial. En un comunicado, el gremio señaló que el juez “ha incurrido en conductas que vulneran los principios éticos y de independencia judicial”, y que sus resoluciones recientes “ponen en riesgo la estabilidad del equilibrio de poderes”.
La denuncia del CANG constituye una señal inusual. El gremio de abogados, en los últimos años, no ha intervenido de forma directa en procesos disciplinarios contra jueces en funciones. La Junta Directiva dijo “reiteramos nuestro compromiso con la defensa del Estado de derecho, la democracia y el fortalecimiento del sistema de justicia”.
El Ejecutivo ya anunció que prepara nuevas acciones legales contra Orellana. Según confirmó la Presidencia a esta redacción, se trabaja en denuncias administrativas que serán presentadas ante la CSJ y la Junta de Disciplina Judicial para “encausar la destitución del juez”, así como en una ampliación de la denuncia penal por tentativa de golpe de Estado.
Orellana suma varias denuncias penales desde 2023, ninguna ha avanzado. La antigua Corte Suprema de Justicia y el actual presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, Carlos Contreras, mantiene antejuicios engavetados en su contra, estos dan pie para que se inicie un proceso de retiro de inmunidad y así el ente investigador pueda proceder contra el funcionario judicial por presuntamente cometer delitos por medio del uso de la toga.
Gobierno prepara acciones contra el juez Orellana tras acusarlo de intento de golpe de Estado
JUEZ EN EL OJO DEL HURACÁN
Las acciones legales y administrativas, y las que están pendientes, contra Orellana coinciden con una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y el MP de Porras, que acumula 42 sanciones internacionales por obstaculizar la lucha anticorrupción. La FECI, dirigida por Curruchiche —sancionado por la misma cantidad de países por socavar la democracia—, fue la que promovió la petición de nulidad contra Semilla, una medida que, de haberse ejecutado plenamente, habría dejado sin efecto los cargos de diputados y alcaldes electos por ese partido en 2023, según advirtieron abogados era la finalidad.
La fiscal Morales, quien encabezó la audiencia, fundamentó su solicitud en supuestas irregularidades cometidas durante la inscripción del partido. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la CC ya habían confirmado la validez de esa inscripción y de los resultados electorales. La resolución de Orellana fue, por tanto, percibida como un intento de reabrir un proceso cerrado y desobedecer fallos constitucionales.
Tras la decisión del juez, cuentas anónimas y netcenters comenzaron a difundir narrativas que pedían la anulación de los cargos de todos los funcionarios electos con Semilla, desde diputados hasta el propio presidente. El eco de esas campañas digitales, alineadas con los argumentos de la FECI, aumentó la percepción de que el caso no se limitaba a una controversia jurídica, sino que respondía a una estrategia política más amplia para deslegitimar al gobierno de Arévalo.
CC RECUERDA LIMITES A ORELLANA
Mientras tanto, ayer la Corte de Constitucionalidad reafirmó su resolución de 2023, dejando en firme los resultados electorales y advirtiendo que cualquier decisión judicial que los contradiga carece de efecto. El fallo de la alta Corte fue por unanimidad, luego de que los abogados Edgar Ortíz y Gregorio Saavedra, así como el Movimiento Semilla, solicitaran la debida ejecutoria para que garantizaran de que el juez Orellana no estuviera violando la resolución.
Al mismo tiempo, la CC indicó que cuando existan elementos particulares que inciden en el ámbito electoral, la Fiscalía los tiene que poner de conocimiento a la entidad electoral, por lo que remarcó la investigación no puede “tener el alcance de trastocar ni enervar los resultados y ulteriores efectos del proceso electoral, ni del sistema democrático”.
Además, advirtió al juez Orellana para que en sus próximas resoluciones se abstenga de contravenir las disposiciones Constitucionales, o legales, en “especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral, democrático, republicano, representativo del Estado”.
¿Por qué advirtió la CC al juez Fredy Orellana por posible prevaricato? Esto dice la resolución
