Me ha extrañado el aspaviento que ha levantado el gobierno con la nueva gestión judicial. Francamente, no le encuentro proporción. Los resultados de las elecciones (fraudulentas o no) ya han sido consolidadas por la máxima corte, la CC, y es jurídicamente imposible retrotraer sus efectos. Claro, que se identifique a los perversos que violaron la ley y embaucaron al pueblo; que un juez penal les imponga pena. Por otra parte, la suspensión y nulidad absoluta de Semilla, era un tema viejo; es por eso que se formó la bancada de independientes, por eso surgió el partido Raíces. El tema es complejo y las redes sociales –en las que cabe cualquier pendejada—hacen ingentes aportes en la gran confusión. Al respecto, comento:
Gobierno inepto. El gobierno de Semilla ha sido malo. Inepto. Improvisado. Pocas figuras, si acaso alguna, han mostrado liderazgo. Ni el propio presidente. Escenario muy diferente de El Salvador, Argentina, Chile o Estados Unidos. Estén a favor o en contra de esos presidentes no se puede negar su arrastre e impacto. Su carisma. Tan ineficaz ha sido este equipo de gobierno que, francamente, no los veo montando un fraude electoral de gran escala y, si alguien los ayudó pues que los siga sosteniendo. Nada de eso. Ni siquiera han logrado filtrar elementos de su “agenda escondida”, que fue el temor de muchos votantes. No se ha visto ningún sesgo “de izquierda”, ni impulso estatal a los movimientos woke. Jas veshalom. Ni en eso han podido avanzar. Empiezo con este comentario para fijar los zanjones, demarcar los terrenos. No respaldo al gobierno, defiendo la institucionalidad de mi Guatemala.
Tribunal Supremo Electoral. Como jurista me inquieta el deplorable papel desempeñado por el actual TSE. Claro, los acosaron desde el principio y sus titubeos incrementaron la baraúnda. Por ejemplo, estaban empecinados en adquirir un equipo biométrico de 660 millones de quetzales. Entre varios, me opuse rotundamente. Luego descalificaron a ciertas organizaciones y candidatos pero inscribieron a otros en similares condiciones. Sin embargo, una cosa es el funcionario y otro la institución; el TSE, es un eje imprescindible en los equilibrios de nuestra República. Y se vienen cambios; los nuevos magistrados deben tomar posesión en el mes de marzo de 2026. Con tanto acoso y choque de intereses muchos buenos juristas pasarán de largo. Lástima porque ese tribunal será el árbitro de las elecciones de 2027. Y ese tribunal es la máxima autoridad en materia electoral (salvo lo que diga la CC). El TSE determina quién participa, quién no; decide quién es el ganador de una votación y acredita los cargos de diputados, alcaldes y presidente. Esos cinco juristas que tomarán posesión en cinco meses tendrán la llave de la democracia.
Las competencias de los funcionarios. Al citado TSE le corresponde todo lo relativo al ejercicio electoral desde la inscripción de ciudadanos, de comités y de partidos. Organizar y supervisar los comicios. De igual forma es atribución suya imponer las sanciones por propaganda anticipada, publicidad indebida y en caso de detectarse un delito, ya sea fraude o utilización de dinero sospechoso, debe ponerlo en conocimiento del MP para generar las pertinentes investigaciones para que, con las pruebas en la mano se presente la acusación ante un juez penal competente. ¡Que se castigue a los delincuentes! Si de las pesquisas del MP se determinan irregularidades en algunas personas o partidos, debe rendir informe al tribunal competente, el TSE, para que proceda a sancionar al incumplidor. Puede suspender o cancelar a un partido, prohibir la participación de infractores, etc. pero en caso de delito el juicio y la sanción corresponde a un juzgado de lo penal. Aplica el viejo adagio español: “Zapatero a tus zapatos” que nosotros hemos tropicalizado con “cada mico en su columpio” o bien, como decía un alcalde capitalino, “cada loro en su estaca”.
De los oficios. En sendas notas tanto al Congreso como al Registro de Ciudadanos, indica el juez Orellana “que en virtud de solicitud expresa de la FECI”, ordenó “la nulidad absoluta por orden judicial” de la inscripción de Semilla (¿ordenó o ya estaba ordenado?). Señala que, por orden de un juez penal de hace casi un año, se canceló la personalidad jurídica de Semilla; entonces ¿qué diferencia hay? ¿Por qué tanto alboroto en el gobierno? Si ya no tenía personalidad jurídica su inscripción debió ser anulada. La nada no puede tener inscripción alguna. En tal caso, para verificar el cumplimiento de la nota del 2024, Orellana debió requerir su cumplimiento y deducir responsabilidades por no acatar esa resolución, tanto al Registro de Ciudadanos como al mismo Congreso. Al Registro le da dos horas para dar cumplimiento y al Congreso para “los efectos jurídicos correspondientes conforme la Ley Orgánica del Organismo Legislativo”; lástima que no se extendió a qué acciones o qué artículos son los que aplican. Tampoco les puso plazos tan perentorios a los señores diputados. Adjunta al oficio copia de la orden vieja, del 24 de noviembre de 2024 “con sello de recepción” del Congreso de fecha 28 de noviembre. ¿Qué hicieron con el oficio en estos once meses?
Del fraude. Ignoro por completo si hubo o no fraude. No soy la autoridad para proclamarlo (es atribución exclusiva del TSE), y estuve en solo una de las 24,000 mesas electorales. Tampoco conté votos. Para eso hay autoridades de mesa y fiscales de los partidos contendientes. Ahora bien, si hubo mano de mico soy el primero en sentirme afectado, burlado. En tal caso que lleven las pruebas de la colosal estafa. O al menos que se indique el mecanismo que habrán usado. Repito, por favor presenten esas pruebas para restregárselas en la cara a los semilleros que tanto se vendían como “la nueva primavera”. ¡Por favor!
De la CC. La función esencial de esta corte es “la defensa del orden constitucional” (268 CPRG). En ese contexto se pronunció tras la primera vuelta de 2023 ordenando que la segunda vuelta se celebrara con los candidatos que el TSE (ente competente) declaró ganadores de la primera vuelta y luego el fallo en diciembre de ese año, resolución que facilitó la juramentación en enero de 2024. Claro, si hubo fraude electoral el orden constitucional estaría seriamente burlado y en tal caso veremos qué resolvería la CC. Pero, deben presentarse pruebas sólidas. Los guatemaltecos las pedimos.
