El pulso entre el Ministerio Público (MP) y el Ejecutivo volvió a tensar el tablero. La resolución del juez Fredy Orellana, que declaró la “nulidad absoluta” del Movimiento Semilla —el partido que llevó al poder al presidente Bernardo Arévalo—, ha desatado una tormenta política que abogados y analistas interpretan como un intento de desconocer los resultados electorales de 2023.
La decisión, emitida a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que dirige Rafael Curruchiche, ordena al Congreso de la República y al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anular el registro del partido y de su comité pro formación, bajo el argumento de que la agrupación se constituyó con firmas falsas. De ejecutarse, el fallo supondría borrar del mapa político al oficialismo y, en consecuencia, poner en entredicho la legitimidad de todas las autoridades electas bajo su bandera, incluido el propio presidente.
El presidente Arévalo, por su parte, calificó la resolución como “un nuevo intento de golpe de Estado” encabezado por la fiscal general María Consuelo Porras y el juez Orellana, ambos sancionados por 42 países por socavar la democracia. “Su conducta constituye una violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia”, dijo el mandatario en cadena nacional, tras solicitar una sesión extraordinaria de la OEA para abordar la crisis.
El episodio revive los fantasmas de 2023, cuando el MP de Porras intentó impedir la transición democrática luego de la victoria electoral de Arévalo. Entonces, un grupo de juristas, entre ellos Edgar Ortiz, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que terminó siendo decisivo: el tribunal ordenó respetar la voluntad popular y garantizó el traspaso de mando el 14 de enero de 2024.
Casi dos años después, Ortiz vuelve a tocar las puertas de la misma Corte. El pasado 25 de octubre, junto al abogado Gregorio Saavedra, interpuso una debida ejecutoria para exigir que la CC verifique el cumplimiento de su propia sentencia de 2023, ante lo que considera una flagrante violación por parte del juez Orellana y del MP.
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A continuación, La Hora reproduce los fragmentos más relevantes de la conversación con el abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, quien advierte que el país se enfrenta a un escenario inédito en 40 años de democracia.
La Hora: —¿Qué hechos motivaron la presentación de esta debida ejecutoria ante la Corte de Constitucionalidad?
Edgar Ortiz: En 2023 presentamos un amparo ante la Corte por lo que ocurría entonces: un intento evidente de impedir que las autoridades electas tomaran posesión. La Corte nos dio la razón y estableció que los jueces penales pueden investigar delitos, pero no alterar los resultados electorales.
Casi dos años después, el juez Fredy Orellana vuelve a intentar lo mismo, ordenando al Congreso y al TSE que desconozcan al partido y, en consecuencia, a las autoridades electas. Lo que pedimos ahora es que la Corte haga cumplir su propia sentencia y defienda la Constitución.
L.H.: —¿Cuál es el propósito específico de este recurso?
E.O.: Garantizar que no se viole la sentencia de 2023. La Corte ya resolvió que debía respetarse el resultado electoral y sus efectos posteriores. Entre esos efectos está el ejercicio del cargo; de lo contrario, la sentencia no tendría sentido.
L.H.: —Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo debe interpretarse la resolución del juez Orellana?
E.O.: Desde el punto de vista jurídico, es más bien una pieza de literatura de terror. Le voy a dar dos razones grandes por las cuales jurídicamente esto es algo absolutamente fuera de toda regla. Lo primero es que los jueces tienen ciertas materias sobre las cuales tienen jurisdicción y competencia.
Una de esas materias es la penal. La penal, como decía yo antes, implica que ese juez puede conocer delitos y faltas. Pero ese juez no tiene ninguna competencia, ninguna facultad para decidir asuntos electorales. Ese es el problema número uno. Y el problema número dos, es que los partidos políticos efectivamente pueden ser objeto de sanciones.
Nuestra Ley Electoral, por ejemplo, reconoce que un partido que no tiene el mínimo número de afiliados o un partido que se financia ilegalmente, puede ser sometido a un proceso de suspensión o cancelación, siempre respetando el debido proceso. Ahora, que un juez diga que un partido es nulo y que nunca existió, es algo que jamás en 40 años de vigencia de nuestra Constitución se había visto y eso creo que debería llamarnos mucho la atención.
En términos jurídicos, es prácticamente imposible que una persona sensata que pasó por la universidad y la facultad de derecho pueda explicar lo que significa este fallo.
L.H.: —¿En qué etapa se encuentra actualmente la debida ejecutoria?
E.O.: La Corte ya solicitó informes al Congreso y a la Presidencia. Ahora debe reunirse en pleno para conocer el caso y decidir si el fallo de Orellana viola su propia resolución. Esperamos que se restablezca el orden constitucional.
L.H.: —¿Qué esperan que resuelva la Corte ante este nuevo escenario?
E.O.: Esperamos que ordene detener los intentos del juez de instar al Congreso a desconocer al presidente y a los diputados. La Corte debe recordar que no se puede anular una elección entera porque un juez penal lo decida. Esto no se trata de un tecnicismo: se trata de la defensa de la democracia.
Ortiz concluye con una advertencia: “Estos temas pueden parecer complejos, pero son fundamentales. La Constitución es de todos, y tenemos que defenderla”.
