En una crisis en el Sistema Penitenciario (SP) que desató por la información confirmada de la fuga de veinte reos, el presidente Bernardo Arévalo ha informado de acciones que incluyen la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad y un censo de los privados de libertad.
Aunque también ha hablado de una restructuración dentro del sistema, lo cual es reafirmado por el nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, La Hora se puso en contacto con dos analistas expertos en seguridad para definir qué reformas son necesarias de interpretar en un sector que ha sido blanco de corrupción.
Este diario se puso en contacto con Julio Rivera Clavería, un analista en seguridad y justicia, para quien «el grave problema en el país es que ellos no entendieron desde el principio que había que poner en marcha un plan de seguridad integral, en el que los cambios se pudieran producir en el corto, mediano y largo plazo», una opinión con la cual concuerda el analista Eddy Morales.
CENTROS REGIONALES Y UNA CÁRCEL DE MÁXIMA SEGURIDAD
Rivera Clavería criticó la decisión de Arévalo de asignar la construcción de la cárcel al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, porque considera que se necesitan estándares de seguridad internacionales en el caso de una prisión de máxima seguridad.
«Su infraestructura debe pasar por algo muy simple, las empresas constructoras deben tener un aval internacional. No solo es concreto y hierro, son puertas y tecnología, telecomunicaciones, bloqueo de señales, el lugar donde va a ser construir», puntualizó.
Arévalo anuncia cárcel de máxima seguridad y censo poblacional de presidios
Este analista, quien fue viceministro de Seguridad en 2012, también señala que debe ser en un lugar «muy bien planificado, por ahí por alguna montaña, donde no tenga acceso nadie».
No obstante, enfatiza que «ya es muy tarde», tomando en cuenta que el Gobierno está por cumplir la mitad de su periodo.
«El actual presidente pudo haber conseguido los recursos, ¿Por qué no agarraron tres, cuatro, cinco mil millones y construyeron dos, tres cárceles regionales para que el próximo Gobierno haga algo?», agregó el experto, para quien también es importante tomar en cuenta la problemática del hacinamiento en las cárceles.
PRUEBAS DE CONFIABILIDAD
En el sentido de las pruebas de confiabilidad del personal penitenciario, Rivera Clavería indicó que deberían de ser realizadas al menos una vez al año, sumado a investigaciones socioeconómicas.
Los funcionarios que accedan a los puestos en esta dirección del Sistema Penitenciario , que presten atención a los asesores que trabajan a su lado, que en ciertas instancias «no solo no entienden los temas, sino que se dedican a hacer negocios», afirmó.
Rivera Clavería, también excandidato presidencial, enfatizó que el sistema de justicia es ajeno a la crisis que vive el sistema penitenciario, dada la existencia del Consejo Nacional del Sistema Penitenciario (Conasip), que coordina acciones entre actores del sector justicia, del Ministerio Público (MP) y del Ejecutivo. «No hubo una intención de hacer ningún cambio desde que el Gobierno tomó posesión», destacó.
En este sentido, el analista resume las reformas que son necesarias en presidios en infraestructura carcelaria, reformas a la Ley Orgánica del Sistema Penitenciario, profesionalización de las personas y su dignificación, pruebas de confiabilidad y una selección de las personas que tiene el control sobre la corrupción, comenzando desde el Ministerio de Gobernación.
CAMBIOS ESTRUCTURALES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA
Mientras tanto, el exdirector del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, habló, en entrevista para La Hora, de cambios y reformas, los cuales deben ser de índole estructural.
Morales aludió a las funciones principales que se establecen en la Ley del Régimen Penitenciario, además de la Constitución, sobre la rehabilitación y resguardo de los privados de libertad.
El exdirector del SP sostuvo que se necesita evaluar la política del SP de nuevo. «Arévalo tiene que compatibilizar lo que dice la ley, más su estrategia», apuntó.
FIGURA DE INTERVENTOR
Uno de los cambios iniciales que propone quien ya ha formado parte de presidios es que se establezca la figura de un interventor.
En interventor, aclara, le permite rendir cuentas exclusivamente al Ejecutivo sin pasar por el ministro, una persona que cuente con preparación en criminología, derecho penal y derecho penitenciario, una decisión que es de carácter urgente, según señala Morales.
Uno de los aspectos en los que hay conflicto con el régimen del SP se debe a que el trabajo que le compete a esta dirección debe ser técnico, jurídico y criminológico, y el filtro ministerial, que designa al director del SP, es político.
En esa propuesta, Morales habla de una figura que cuenta con coordinación con las instituciones de justicia y seguridad, el cual sea elegido desde los últimos organismos mencionados, e investigado por la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) y la Dirección de Inteligencia Militar, para filtrar a candidatos.
DEPURACIÓN DEL SP Y MILITARIZACIÓN
La depuración también sería una de las reformas que plantea el exdirector. «Volver a reciclar o comenzar de nuevo. ¿Para qué un árbol lo podan? Para que siga creciendo mejor, en mejores condiciones y vuelva a florecer. Una renovación completa del personal», indicó, y que sean estos esfuerzos encaminados hacia un Instituto Nacional Penitenciario, un trabajo que no es de la noche a la mañana, señala.
En ese lapso de depuración, se forja la capacitación de nuevos guardias, con lo que Morales busca Morales que el Ejército tome el control de presidios, dentro de una militarización temporal de al menos seis meses.
No obstante, Rivera Clavería se opone rotundamente a esta opción al no ser una de las funciones de Ejército, ya que es una función eminentemente civil.
«No solo podría contaminar al Ejército que no tienen los mismos problemas de corrupción, no es su función, el ejército no está hecho para ello. El ejército puede patrullar calles, puede colaborar con la seguridad en las calles con la Policía Nacional Civil, pero no cuidar presos, los presos tienen una forma distinta de ser controlados, a través del personal del Sistema Penitenciario», agrega Rivera Clavería.
Como el experto, el ex viceministro de Seguridad enfatiza que se necesita gente que no sea corrupta y sin nexos con el crimen organizado y que se comience con la preparación teórica y práctica para que el desempeño de los guardias de presidios sea mejor.
«Las amenazas les van a llegar vía los altamente peligrosos para que entren productos o ayuden en tipos de situaciones, es un tema serio», agrega.
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE AISLAMIENTO
Así como se ha mencionado la necesidad de los centros carcelarios, mientras estos son construidos, también agrega el experto Eddy Morales que se deben construir módulos de aislamiento paliativos, los cuales pueden ser gestionados desde la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).
Morales, sobre la posibilidad de construir la cárcel en 12 meses, como prometió Arévalo, manifestó que con voluntad política es posible, «pero si todos quieren tomar un pedacito de pastel porque son corruptos, no se puede».
