El artículo 35 de la Constitución Política de la República consagra uno de los pilares fundamentales de toda democracia, la libertad de emisión del pensamiento. Este derecho no solo garantiza la posibilidad de expresar ideas sin censura previa, sino que también impone una responsabilidad ineludible, que es muy importante porque debemos sustentar nuestras palabras con pruebas, no con rumores ni chismes.
Otro de los aspectos fundamentales en este ejercicio mediático es el respeto. En una época donde la inmediatez de las redes sociales puede “viralizar” cualquier señalamiento sin filtro, por lo que es vital recordar que la libertad de expresión no es sinónimo de impunidad. Cuando una persona comunica hechos sin fundamento y no logra demostrar su veracidad ante un tribunal, incurre en responsabilidades penales. La palabra, cuando se convierte en acusación, debe estar respaldada por evidencia.
Este principio adquiere una dimensión particular en el ejercicio del periodismo. Los periodistas, amparados por el fuero de prensa, gozan de garantías especiales que protegen su labor investigativa, especialmente cuando esta se dirige a funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Situación que no tienen personas particulares, políticos o empresarios.
Esta protección no es un privilegio, sino una herramienta para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el poder público. La prensa profesional no puede ser restringida por ley ni por disposición gubernamental alguna, pues su función es esencial para la salud democrática del país. Los periodistas debemos ser una piedra en el zapato, porque el poder no quiere que se le “cuenten las costillas”.
Sin embargo, el fuero de prensa no exime al periodista de su deber ético y sobre todo respetuoso. El periodismo profesional exige rigor, verificación y equilibrio. Un manejo responsable de las fuentes de consulta es indispensable para que las notas periodísticas reflejen todas las versiones de los hechos. Solo así se construye credibilidad y se debe honrar el compromiso con la verdad.
La libertad de emisión del pensamiento es un derecho universal, pero su ejercicio pleno requiere madurez cívica, integridad profesional y un profundo respeto por la verdad. En tiempos de polarización y desinformación, defender este derecho implica también defender la responsabilidad que lo acompaña y denunciar a los que se dedican a desinformar por temas mercantiles e intereses políticos.
La frase “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad” se ha atribuido con frecuencia a Adolf Hitler, pero en realidad no hay evidencia directa de que él la haya pronunciado. La cita se asocia más comúnmente con Joseph Goebbels, jefe de propaganda del régimen nazi, aunque tampoco hay registro textual verificable de que él la dijera literalmente.
Lo que sí está documentado es que Goebbels promovía la idea de que la propaganda debía ser simple, emocional y repetitiva, y que debía enfocarse en pocas ideas, repetidas incansablemente para influir en las masas. Esta estrategia buscaba que las narrativas falsas se infiltraran en la conciencia colectiva, especialmente cuando la verdad era silenciada o no tenía canales de difusión.
Esta es una de las técnicas empíricas que han sido usadas en el paso de los tiempos, lo cual ha sido adoptado por “politiqueros” que se dedican a desinformar y desprestigiar al poder de turno, cuando la mayoría de ellos han ocupado cargos públicos y no han demostrado transparencia menos probidad, por lo que le han quedado a deber con creces a la sociedad guatemalteca.
Para evitar que la libertad de expresión sea utilizada como instrumento de manipulación política, algunos expertos sugieren legislar una normativa específica que impida el uso abusivo de este derecho con fines de polarización y descredito.
Guatemala cuenta con leyes que norman el respeto entre personas, pero estas no se aplican con firmeza para frenar los abusos que alimentan la división social. En medio de una crisis política y social profunda, en la que el país figura entre los más corruptos de Latinoamérica, es urgente fortalecer los mecanismos legales que protejan la verdad, la convivencia y la democracia.
