Desde horas de la mañana del pasado martes 21 de octubre, el Ministerio Público (MP) realizó una serie de allanamientos en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por presuntas irregularidades en el convenio de Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Estos operativos surgieron a raíz de una denuncia presentada por el titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Frank Bode Fuentes, quien el 1 de octubre confirmó irregularidades en el convenio entre ambas instancias.
Durante una citación en el Congreso, el contralor aseguró que se trata de una denuncia que está “bajo reserva” en el MP, pero remarcó que hubo irregularidades en el manejo de US$943 millones.
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Por esta denuncia y las posteriores diligencias, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche, solicitó cuatro órdenes de captura. El primero aprehendido fue Luis Felipe Aldana, jefe de presupuesto de la cartera de Salud.
De acuerdo al MP, Aldana es señalado de asociación ilícita, tráfico de influencias y falsedad ideológica. Asimismo, Curruchiche en una conferencia de prensa dio a conocer que también se busca la captura del exministro de Salud, Óscar Cordón, y a esto se suma la solicitud de retiro de antejuicio del ministro de Salud, Joaquín Barnoya.
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Curruchiche en dicha conferencia afirmó que el Congreso de la República debió haber aprobado el convenio entre la cartera y UNOPS, y por esta razón, La Hora buscó la postura del Ministerio de Finanzas.
La cartera del Tesoro recordó que «existe un marco legal entre UNOPS y el Estado de Guatemala vigente desde hace varios años que permite que esta organización internacional preste sus servicios».
Asimismo, citó la Ley General de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado vigente para 2024, en su artículo 24 establece una facultad al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de poder acudir a organismos internacionales y regionales, entre ellos la OMS, UNFPA, COMISCA y el mismo UNOPS.
La FECI sostiene que en el convenio de adquisición de medicamentos e insumos médicos, hubo «ahorros mínimos” y se localizaron medicamentos de mala calidad.
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Luego de los señalamientos expresados por Curruchiche en conferencia, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, se refirió a este nuevo caso y aseguró que las acusaciones son «totalmente absurdas».
Añadió que es un caso inventado, con el que el MP de la Fiscal General Consuelo Porras, intenta crear crisis, a pocos meses de que se lleve a cabo la elección de la persona que relevará como jefe del ente investigador a Porras.
