El caso UNOPS, relacionado con el convenio que el Ministerio de Salud firmó con esa entidad de Naciones Unidas para el abastecimiento de medicinas, explotó ayer cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad logró órdenes de captura de funcionarios de ese ministerio y presentó antejuicio contra el actual titular, el doctor Joaquín Barnoya. Todos los guatemaltecos ansiamos realmente que cualquier acto de corrupción en este país sea objeto de investigación y que se sancione a los responsables, pero obviamente ello implica un único rasero de parte del ente a cargo de la investigación criminal.
No pueden dejar de recordarse los años que han pasado desde el famoso caso de las vacunas Sputnik para la supuesta prevención del virus Covid-19 sin que la misma FECI o cualquier otra fiscalía del MP mueva un dedo para avanzar realmente en la investigación de lo que es reconocido como uno de los más burdos negocios del tiempo de Giammattei. En el caso actual se hace una serie de señalamientos que no parecen tener sustento, pues la misma Contraloría de Cuentas no formuló y nunca reparó sobre las compras de medicamentos que se hicieron por el acuerdo con UNOPS, pero Curruchiche y su gente hablan hasta de pagos ilegales que se hicieron a algunas personas pero no especifican absolutamente nada del origen de esos fondos ni de la forma en que pudieron haber sido trasladados. ¿Si hablaron de pagos en efectivo, dónde están las pruebas?
Si Morales y Giammattei gozan del enorme manto de impunidad, que es muy distinto a la inmunidad, es obvio que el Ministerio Público tiene en la mira al presidente Bernardo Arévalo y de allí este caso que fue presentado ayer con bombos y platillos para evidenciar la “corrupción” del actual presidente, señalando que hubo intereses ocultos, entre ellos el de favorecer a un hermano del gobernante que es funcionario de esa entidad de Naciones Unidas, pero llama la atención que solo vinculan al hermano por la relación familiar. ¿Esa es toda la evidencia?
El período de la Fiscal General Consuelo Porras se está aproximando a su fin y, obviamente, no volverá a ocupar ese puesto y quien sea nombrado dentro de la lista de abogados postulados, tendrá la responsabilidad de enderezar esa turbia institución para devolverle sus funciones esenciales. Y ello significa, ni más ni menos, que toda la pandilla que ha operado en estos casi ocho años tendrá que rendir cuentas, razón por la cual la desesperación empieza a manifestarse en acciones que no tienen ni pies ni cabeza y que persiguen embarrar al gobierno. Si el Gobierno hace algo, debe responder como en los casos de las armas y las radiopatrullas, por ejemplo, pero el caso de ayer deja muchas más dudas que certezas.
Si el MP hubiera sido un instrumento anticorrupción hace tiempo que Jimmy Morales, Giammattei y Martínez ya hubieran tenido que comparecer judicialmente por negocios que ocurrieron en sus administraciones, pero el accionar de la gente de Consuelo Porras marca un dramático contraste cuando pone en la mira a Bernardo Arévalo.
