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La semana pasada, tras conocerse la escandalosa fuga de 20 reos vinculados al Barrio 18, calificado por Estados Unidos como organización terrorista, el presidente Bernardo Arévalo anunció que había aceptado la renuncia del ministro Francisco Jiménez y posteriormente hizo público el nombramiento del abogado Marco Antonio Villeda Sandoval como nuevo titular de ese despacho y que su toma de posesión se daría cuando la Corte Suprema de Justicia acepte la excedencia solicitada.

Excedencia consiste en una suspensión temporal de un contrato laboral, permitiendo al empleado, en este caso el Juez, que deje de trabajar por un período determinado sin perder su vínculo con la empresa. Villeda es un juez de larga y respetada trayectoria no solo por su conocimiento legal y el tiempo de servicio, sino especialmente por su actuación ajustada a las normas de derecho, algo que quedó más que demostrado cuando fue juez de extinción de dominio, de donde fue trasladado al cargo que ahora ejerce como juez del ramo penal.

En el momento de haber aceptado el nombramiento de Arévalo, el juez solicitó la excedencia porque sabe que el puesto político para dirigir el Ministerio de Gobernación es absolutamente temporal y no desea acabar con su carrera en el Organismo Judicial. Era de suponer, dada la necesidad de cambios urgentes, profundos y muy serios en Gobernación, empezando por el sistema carcelario, que la Corte Suprema de Justicia aprobaría la excedencia en forma inmediata para no retrasar el inicio de esa urgente tarea, pero al momento de escribir este editorial, esta mañana, la CSJ no se había pronunciado y no dieron respuesta a las interrogantes de La Hora sobre el trámite de la solicitud.

Creemos sinceramente que la decisión presidencial al nombrar al licenciado Marco Antonio Villeda para dirigir el ministerio del interior ha sido de las más acertadas de este mandato porque conocemos perfectamente la capacidad y, sobre todo, la forma de actuar apegado a derecho que ha mostrado en sus funciones judiciales. Hace falta alguien competente pero además con sólidos principios para emprender un serio cambio de todo lo relacionado con la seguridad ciudadana, incluyendo las prisiones que están literalmente en manos de los reclusos.

Es de esperar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no retrasen más la toma de posesión del funcionario recién nombrado y que, con justa razón y lógica, pretenden que se le conceda una excedencia porque su carrera es, ha sido y será como juzgador en Guatemala, cosa que ha sabido hacer perfectamente como demostró en el complejo juzgado de extinción de dominio.

Redacción La Hora

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