El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) hará una evaluación de campo entre los kilómetros 24 y 25 de la carretera a El Salvador para determinar que acciones, en el marco de sus competencias, es posible realizar para reparar el tramo y garantizar el tránsito seguro por el sector.
El tránsito fue restablecido el pasado 17 de octubre, luego de que un derrumbe de grandes dimensiones lo ha mantenido restringido desde el pasado 6 de octubre. Desde entonces, las autoridades han batallado para asegurar el área, sin embargo, las lluvias que persisten en el sector han dificultado las labores.
El pasado 16 de octubre, la oficina de Comunicación del CIV dio a conocer que los sectores involucrados han sostenido reuniones para analizar las medidas a tomar. Indicó que parte de las grietas atraviesan terrenos privados y, por lo tanto, no pueden hacer intervenciones como Ministerio porque la ley lo prohíbe.
Incluso, dijo, para hacer la inspección de campo es necesario contar con la autorización del propietario de los terrenos, pero hasta el día de la plática con La Hora no lo habían localizado, ni el CIV ni la Municipalidad de Fraijanes.
La denuncia por lo ocurrido ya se presentó en el Ministerio Público (MP), sin embargo, es necesario efectuar la referida inspección para conocer qué medidas de mitigación pueden implementarse.
«Se deben de realizar los estudios técnicos que confirmen la extensión de la afección —grietas— y la intervención a realizar», respondió el CIV en una comunicación con La Hora. Dijo que las grietas están en los muros de contención en los carriles que van al oriente. «Algunas son grandes, pero en su mayoría no tienen dimensiones mayores», subrayó.
LA SITUACIÓN ES DELICADA
Por su lado, el gobernador departamental de Guatemala, Mauricio Bernard Alvarado, informó que una mesa integrada por varias instituciones analiza la emergencia y han discutido diversas rutas para solucionar el problema, pero todas son para implementarse en el mediano o en el largo plazo.
Precisó que la situación es de «mucho riesgo» lo cual mantiene preocupados a los funcionarios gubernamentales, debido a que «todo ese cerro es bofo» y en la parte alta de la montaña hay agua acumulada en exceso. Las viviendas que se encuentran en ese lugar, afirmó, ya fueron evacuadas.
De momento, la solución inmediata para habilitar el paso vehicular en el Km 24 de la ruta a El Salvador fue colocar 15 contenedores llenos de material que, según técnicos, podrían soportar gran parte de cualquier derrumbe si se llegara a producir.
Arévalo expuso que, para que el CIV pueda hacer intervenciones en el área, han puesto sobre la mesa diversas opciones, que van desde la colocación de tuberías para drenar el agua, la expropiación de los terrenos, hasta la demolición controlada de ciertas áreas, pero todas son soluciones que no pueden implementarse en el corto tiempo.
«El problema es grande, delicado y la magnitud tiene elementos muy complejos, no es fácil resolverlo, pero hay actitud y nos estamos ocupando al respecto, no solo platicamos, sino que identificamos las posibles soluciones», subrayó el gobernador departamental.
QUÉ OCURRIÓ
A primera hora del lunes 6 de octubre, una parte de la montaña se derrumbó sobre el kilometro 24 de la ruta a El Salvador. Aunque oficialmente no hay muertos o heridos, sí se contabiliza la desaparición de una persona que, al parecer, laboraba como guardia de seguridad y que posiblemente quedó soterrada.
Las autoridades revelaron, días después del incidente, que la causa del deslizamiento fue que en el lugar se construía una gasolinera y un comercial que no contaba con los avales ambientales ni de riesgo. Por ejemplo, dieron a conocer que el talud estaba mal cortado puesto que el corte se hizo a un ángulo de 90 grados.
El pasado 9 de octubre se supo que el propietario del terreno es César Érick Rolando Winter Chen, quien según reportes de prensa, es un político que ha estado involucrado con varios partidos, y en 2019 compitió por la alcaldía de Fraijanes.
En imágenes, así se ve el km 24 de CAES, luego de once días de trabajo, y un carril habilitado
Documentos a los cuales tuvo acceso La Hora detallan que la inestabilidad del área ya había sido reportada por vecinos del sector y evaluada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), asimismo la comuna de Villa Canales se refirió al lugar como de «alto riesgo», en un documento enviado a los vecinos.
De acuerdo con la secretaria ejecutiva de CONRED, Claudinne Ogaldes, la construcción de la gasolinera y del comercial requirió que se talaran árboles y se sacó material, esto sin contar con la licencia de ambiental, del Ministerio de Ambiente, ni municipal, de la comuna de Fraijanes.
En una citación en el Congreso, Ogaldes dijo que la «fractura» en el terreno parece ser «bastante grande» y que geólogos de la institución también harían una evaluación del área.
DONACIÓN
El exsecretario ejecutivo de la CONRED, Alejandro Maldonado, dio algunas luces de qué se puede hacer para mitigar los riesgos en una propiedad que es privada, pero que de ocurrir una emergencia puede afectar áreas públicas, como es el caso del derrumbe en el Km 24 de la ruta a El Salvador.
Dijo que en estos casos, la CONRED puede intervenir directamente, si se toma en cuenta el artículo 4 de su ley constitutiva el cual dice que «todos los ciudadanos están obligados a colaborar, salvo impedimento debidamente comprobado».
Y que las entidades autónomas y descentralizadas, funcionarios y autoridades de la administración pública también están obligados a participar en las acciones que se anticipen a la ocurrencia de desastres. Además, que «las personas naturales o jurídicas, entidades particulares y de servicio, lo realizarán —participarán— conforme a su competencia y especialidad».
Maldonado reconoció que el que una institución pública invierta en un terreno privado, legalmente es «problemático»; no obstante, explicó que si la empresa —como lo han indicado las autoridades— no contaba con las licencias respectivas, puede pensarse en que done una parte del terreno al Estado lo antes posible, para que este pueda invertir.
Recordó que un proyecto privado como ese, por ley, debe cumplir con las Normas para la Reducción de Desastres 1 y 2 (NRD 1 y NRD 2) relativas al diseño o construcción de obas de infraestructura. Precisó que estas normas dictan qué tipo de estudios se deben efectuar para minimizar los riesgos. Y dijo que si el diseño no cumple con estas normas, las autoridades no otorgan los permisos.
«Sí hay vías legales que se pueden trabajar y negociar para encontrar una solución, porque no se puede permitir que el riesgo continúe», subrayó.
