La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, su función esencial es la defensa del orden constitucional, dice la Carta Magna. Ahora nuevamente se pone a prueba la imparcialidad, e idoneidad del órgano constitucional, por la decisión politiquera de diputados de la oposición, que violentando las normas, aprobó el acuerdo legislativo con el que desconoció el veto presidencial que da plenas facultades al jefe del Ejecutivo al derecho de veto, favoreciendo a los alcaldes, con la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo y Rural (Codedes), con esa decisión los jefes ediles, pueden hacer uso de su presupuesto (millonario), sin ningún control de fiscalización, una especie de cheque en blanco que se presta descaradamente a la corrupción.
El argumento de los legisladores que nuevamente con sus decisiones ilegales contravienen la Carta Magna, ignoraron “descaradamente” el veto presidencial con el frívolo argumento que no se cumplió con lo que dice la Carta Magna, decisión que quebranta el Estado de derecho, violando lo que claramente norma la Constitución, en torno al derecho de veto que le da plenas facultades al mandatario. Se espera que el ente constitucional que, al resolver, deje sin efecto el acuerdo legislativo, que va en contra de lo que dicen las leyes de la materia.
Se ha dicho que la decisión de los diputados que votaron para que no cobre vigencia el veto presidencial, lo hicieron para beneficiar a los alcaldes para que utilicen los recursos para beneficio personal y no en favor de los vecinos que claman por mejorar el perfil de cada comunidad y se asociaron los jefes edilicios para favorecer a los legisladores que se reelegirán en el próximo proceso electoral.
Era anunciado que los diputados que tienen un marcado distanciamiento con el Ejecutivo, al perder los comicios del 2023, en sed de venganza favorecerían a los alcaldes que por años se han aferrado a la vara edilicia, haciendo negocios ilegales con marcada corrupción, en detrimento de los vecinos que reiteradamente se quejan del abandono de sus comunidades.
Los legisladores distritales, se asociaron con los alcaldes para que los apoyen en su reelección para los próximos comicios. Se arguye que al darle vida al acuerdo legislativo 7-2025, es inconstitucional. El artículo 178 de la Constitución dice” Dentro de quince días de recibido el decreto y previo acuerdo en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en su derecho de veto …” Tal precepto no da lugar a otras interpretaciones. En ejercicio de tal norma, la CC debe declarar con lugar las acciones que se promovieron. Resolver en contrario, sería, por supuesto una violación a la Carta Magna.
Sin embargo, se duda la imparcialidad e idoneidad del ente constitucional, que en varias resoluciones ha violado lo que indica la Constitución y los magistrados de tal órgano, se han asociado con los legisladores, para su reelección, la que no debe permitirse, sería tropezar con la misma piedra.
El argumento de los legisladores que nuevamente con sus decisiones ilegales contravienen la Carta Magna, ignoran “descaradamente” el veto presidencial con el frívolo argumento que no se cumplió con lo que dice el artículo identificado, decisión que quebranta el Estado de derecho y viola la Constitución. Se ha accionado ante el ente constitucional para que deje sin efecto la resolución de los legisladores y no cobre vigencia el beneficio para los alcaldes.
Era ya anunciado que los diputados que tienen un divorcio con el mandatario, al perder los comicios del año 2023, en sed de venganza iban a favorecer a los alcaldes, que por años se han aferrado a la vara edilicia, haciendo negocios abiertamente ilegales, en detrimento de los vecinos.
Argumentan los legisladores distritales, que se asociaron con los alcaldes, para que los apoyen en su reelección. Se arguye que al darle vida jurídica al acuerdo Legislativo 7-2025, es inconstitucional. Los alcaldes se han unido en estos días para asaltar la Asociación nacional de Municipalidades (ANAM), que en el pasado fue un botín político para impulsar candidaturas presidenciales, se conoce que su actual presidente Siero, intenta postularse para la primera magistratura, pero tiene oposición de algunos alcaldes que no apadrinarían sus aspiraciones.
La población debe estar a la expectativa qué resolverá la Corte de Constitucionalidad, que como ya quedó dicho, varios de los altos jueces pugnan por su reelección y de lograrlo sería una clara burla a lo que el pueblo espera. El proceso para renovar dicha entidad está por iniciarse y todos debemos monitorear el evento, que debe ser transparente por ninguna razón, permitir una relección que sería una burla descarada al mal procedimiento que en varias resoluciones se ha violado lo que claramente indica la Constitución.
