La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de nombrar a magistrados suplentes como titulares en nuevas Salas de Apelación ha generado preocupación sobre cómo afectará la tramitación de casos y la atención de impugnaciones.
Hasta ahora se han oficializado 11 nombramientos para cuatro Salas recién creadas, pero el Organismo Judicial (OJ) planea extender este mecanismo a 16 salas más, completando 20 nuevas estructuras a nivel nacional.
El expresidente de la CSJ, Teódulo Cifuentes Maldonado, justificó la medida con el argumento de reducir la mora judicial y agilizar los expedientes, aunque la Constitución establece que solo el Congreso puede designar magistrados titulares. Esto ha generado cuestionamientos internos sobre la legitimidad del procedimiento y su impacto real en la justicia.
AFECTARÍA EN EL AVANCE DE CASOS
Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, advirtió que la medida podría afectar profundamente la capacidad de las Salas de Apelación para conocer impugnaciones y amparos.
“Hasta antes de este asunto, teníamos 52 salas de apelación, cada una con tres magistrados titulares y dos suplentes, un total de 156 titulares y 104 suplentes. Con la creación de 20 nuevas salas y el uso de suplentes como titulares, se reduce drásticamente la disponibilidad de suplentes, quedando menos de uno por sala”, señaló Ortiz.
El abogado explicó que esta escasez de suplentes tendrá efectos directos en la gestión de casos cotidianos: recusaciones, vacantes temporales por licencias o vacaciones, o excusamientos cuando un magistrado conoció un caso en primera instancia. “Será muy difícil llenar oportunamente las vacantes, lo que generará una justicia más lenta y menos cumplida, afectando directamente al ciudadano, que es quien termina enfrentando un sistema pensado para abogados y no para usuarios”, afirmó.
Ortiz también destacó que el impacto sobre los ciudadanos puede ir desde retrasos en pensiones alimenticias, disputas laborales o divorcios, hasta procesos penales. “Cualquier apelación puede quedar atascada en estas salas y la víctima número uno de estas decisiones son los usuarios de la justicia”, advirtió.
Sobre el amparo que presentó junto a otros colegas para dejar sin efecto dichos los nombramientos, Ortiz precisó: “El 1 de septiembre planteamos un amparo cuestionando cómo se integraron estas salas. Hace pocos días la Corte Constitucional no nos dio la palabra provisional, pero el caso sigue su curso y depende 100% de la voluntad de la Corte para la sentencia final. Es urgente que se resuelva para restablecer la división de poderes, que quedó comprometida con estos nombramientos”.
RECUSACIONES, RETARDO Y SENTIR CIUDADANO
Para el abogado especializado en derechos humanos Javier Urízar, el traslado de magistrados suplentes a cargos de titular entraña un impacto inmediato en la tramitación de expedientes y en la atención de impugnaciones. “Cualquier cambio de magistrado puede impactar en los casos en el sentido de que es un magistrado que en principio no va a estar —no conocía el caso— y debería de conocerlo, informarse, leerlo, estar consciente de las partes, los argumentos, lo que se haya presentado para poder resolver de manera adecuada”, advirtió.
Urízar subraya el doble dilema que plantea la medida: por un lado, magistrados que sí se comprometen a estudiar los expedientes “tal vez se van a tardar más en programar audiencias o en emitir resoluciones porque quieren leer todo”; por el otro, existe el riesgo de decisiones apresuradas donde “mejor solo díganme qué resolver… yo firmo” y las resoluciones “no van debidamente motivadas” ni consideran “adecuadamente los argumentos de hecho, de derecho”.
Sobre el efecto tangible en la ciudadanía, el jurista es explícito: la pérdida de suplentes en unas salas reduce la capacidad de cobertura frente a recusaciones, licencias o excusamientos. “Solo el hecho de recusar ya de por sí toma tiempo. Si se resuelve favorablemente y es de cambiar al juez, es más tiempo y si no hay juez es más tiempo. O sea, así es. Son más atrasos, aún más problemas.” En su visión, el resultado es un retraso generalizado que afecta no solo los grandes casos mediáticos, sino trámites cotidianos —desde pensiones alimenticias hasta disputas civiles— y, por ende, a “todos”.
Urízar advirtió, la estrategia de desplazar suplentes a titulares puede convertirse en un “efecto dominó” que congela procesos, complica las inhibitorias y las recusaciones, y aleja a la ciudadanía de una justicia eficaz.
A LA ESPERA DE CAMBIOS
Por su parte, Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios, advirtió que, en la práctica, el sistema judicial podría funcionar como si nada hubiera pasado. “Si no hubo suspensión por la Corte de Constitucionalidad, estoy casi seguro de que en sentencia todo se avalará y continuará como si nada hubiera pasado. Incluso si surgiera alguna decisión contraria en el futuro, tampoco pasará nada porque lo actuado conservará plena validez”, afirmó.
Orellana enfatizó que la ciudadanía, como usuaria del Organismo Judicial, solo puede acatar o impugnar las decisiones: “Al igual que los usuarios judiciales, nos queda esperar que, en algún momento, se implementen cambios positivos en el sector justicia, lo que podría depender de las elecciones del próximo año relacionadas con la integración institucional. De no ocurrir, el sistema podría colapsar y convertirse en una herramienta de coerción frente a decisiones inconstitucionales o arbitrarias, con poca posibilidad de corrección”.
Tras pedido de 4 magistrados, la CC mantiene decisión de CSJ de nombrar magistrados sin el Congreso
Mientras se esperan los fallos definitivos, la decisión de la CSJ de utilizar magistrados suplentes como titulares plantea un dilema que va más allá de la política interna del tribunal. Su efecto tangible se podría reflejar en retrasos, dilaciones y obstáculos para los ciudadanos que recurren a la justicia en Guatemala.
