A pocas horas de que venza el plazo constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) intentarán este domingo 12 de octubre elegir al nuevo presidente del Organismo Judicial (OJ) para el periodo 2024-2025. La sesión fue convocada a las 17:45 horas, lo que deja apenas 24 horas para que el pleno presente candidatos, alcance consensos y realice las rondas de votación necesarias antes de la medianoche, cuando expira el mandato del actual presidente, Teódulo Cifuentes Maldonado.
La Constitución establece que el relevo en la presidencia del OJ debe efectuarse el 13 de octubre, aunque no contempla sanciones si el pleno no cumple con la fecha. Sin embargo, el retraso supondría un nuevo incumplimiento institucional, pues en 2024 los magistrados demoraron un mes en elegir al propio Cifuentes, tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que los obligó a hacerlo de forma inmediata.
Si la historia se repite, el reloj judicial volverá a marcar una medianoche sin presidente.
ELECCIÓN AL LÍMITE
El pleno de magistrados decidió aplazar por tercera vez la elección del nuevo presidente, tras una sesión el sábado en la que no lograron consenso. Según explicó Cifuentes, la discusión giró en torno a la validez de celebrar la elección sin la presencia del vocal V, Estuardo Cárdenas, quien presentó una excusa médica. “La duda era si hacerlo sin él no implicaría una anomalía”, comentó el actual presidente, que al final levantó la sesión sin abordar el tema.
El dilema jurídico se centra en una resolución de la CC del 30 de enero de 2017, que establece que la elección del presidente del OJ solo puede realizarse con la presencia de los magistrados titulares. Aunque 12 de los 13 estaban presentes, la ausencia de uno generó divisiones. Otros togados apelaron al artículo 80 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial, que exige la concurrencia de todos los miembros para ejercer sus funciones.
El escenario plantea un riesgo evidente: si el pleno no logra reunirse con todos sus integrantes o no alcanza un acuerdo antes de la medianoche del domingo, la CSJ volvería a incumplir el mandato constitucional, abriendo la puerta a un nuevo conflicto institucional.
PAREDES UNA DE LAS FAVORITAS
En medio de las tensiones internas, el nombre de la magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda resuena como la principal candidata para presidir la Corte. Paredes, actual presidenta de la Cámara Civil, es considerada la favorita del bloque dominante dentro del OJ, integrado por los magistrados más cercanos al diputado Allan Rodríguez, expresidente del Congreso y sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky por corrupción.
Fuentes del alto tribunal aseguran que la magistrada cuenta con una buena parte de votos suficientes para imponerse, aunque su candidatura quedó marcada por la revocatoria de su visa estadounidense, según publicó ayer por la tarde La Hora.
Se queda sin visa Claudia Paredes, cercana al también sancionado Allan Rodríguez
El gesto de Washington no es menor. Paredes ha sido una figura clave en decisiones judiciales cuestionadas, como la creación de 17 nuevas Salas de Apelaciones y la designación de magistrados suplentes como titulares, una atribución que la Constitución reserva al Congreso, y por la que fue denunciado ayer el presidente del OJ y la magistrada Flor García Villatoro.
Su ascenso político ha estado ligado al respaldo de Rodríguez y al gremio ASPA, vinculado al magistrado constitucional Néster Vásquez —también sancionado por Estados Unidos—. En 2023, Paredes fue electa con 112 votos en el Congreso para completar un periodo parcial en la CSJ. Un año después, logró la reelección para el periodo 2024–2029 con un respaldo de 154 diputados, impulsado por las bancadas Vamos, Todos, Cabal y el entonces oficialista Movimiento Semilla.
CORTE MARCADA POR CUESTIONAMIENTOS
La gestión de Cifuentes deja una Corte Suprema debilitada por la falta de transparencia en los nombramientos judiciales y por las tensiones internas entre los magistrados. Bajo su presidencia se aprobaron designaciones de jueces y magistrados sin los procedimientos formales exigidos, y se consolidó un bloque de poder con afinidades políticas y personales más que técnicas.
El nuevo presidente de la CSJ deberá asumir en medio de ese escenario y con el desafío de recuperar la credibilidad de un poder judicial cada vez más señalado por su sometimiento a intereses políticos.
